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SEBASTIÁN CABRERA

El Banco Santander dijo ayer a los senadores que debe haber cambios en legislación para salir de la zona gris de OCDE, pero reclamó garantías para que el proyecto sobre levantamiento del secreto bancario mantenga cierta privacidad a nivel local.

La negociación entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado se encamina a una ley con amplia base de acuerdo. Los colorados no votarían la iniciativa, pero también harían aportes y la próxima semana se entrará en régimen intensivo.

Que la Justicia pueda levantar el secreto bancario en procesos de fiscalización a pedido de la DGI y la disposición de que se grave con IRPF los depósitos en el exterior irán en un solo proyecto, o en dos proyectos de ley que se aprobarían en forma simultánea a mediados de octubre.

Tras el acuerdo entre el senador aliancista Jorge Larrañaga, el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el senador Eber Da Rosa (Alianza Nacional) llevó ayer a la comisión una propuesta nueva con cambios. Allí se atiende el desglose de artículos vinculados al Impuesto al Patrimonio a cuentas en el exterior (que se analizará más adelante), se crea uno o más de un juzgado especializado para levantamiento del secreto bancario y el pronunciamiento expreso del juez ante el pedido de levantamiento del secreto bancario.

También establece garantías para que "el afectado pueda apelar" la sentencia. El senador frenteamplista Alberto Couriel dijo ayer que la apelación del levantamiento del secreto no debe tener efecto suspensivo, y el senador blanco Francisco Gallinal respondió que el efecto suspensivo "es de principio en el derecho uruguayo".

Gallinal propuso reducir los plazos y que la sentencia definitiva tenga un plazo máximo de 90 días. El Frente lo evalúa y no se descarta efecto suspensivo con plazo concreto.

También está sobre la mesa una posible modificación vinculada a los impuestos a depósitos en el exterior, a raíz de una propuesta que presentó el senador herrerista Luis Alberto Heber para que no se afecte con el IRPF a los depósitos en el exterior que no son generados con recursos uruguayos, sino sólo a los depósitos en el exterior "de fuente uruguaya". Se contemplaría esa propuesta pero con redacción distinta, menos rígida, que habla de la "fuente uruguaya ampliada" y considera a los activos en el exterior "como si fuera de fuente uruguaya". En la UNA aún no se analizó esa redacción, pero fuentes del sector dijeron que el planteo es "vago".

Tras recibir al Banco Santander e intercambiar información con senadores de los demás partidos, el presidente de la comisión, Carlos Baráibar, dijo a El País que "se ha generado un buen ambiente de trabajo para acordar con todo el Partido Nacional", aunque nada es seguro aún. Da Rosa apuntó que "luego de la negociación entre Alianza y el presidente, todos quieren acordar".

BANCO. Fernando Jiménez de Aréchaga, vicepresidente y asesor jurídico externo del Banco Santander (hoy el banco privado más grande en el país), marcó en la comisión un matiz con la postura expresada semanas atrás por el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Julio de Brun, que había lanzado artillería gruesa contra la iniciativa y había restado importancia a la salida de la lista gris: "A nadie le importa que Uruguay esté en la lista gris"

El directivo del Banco Santander dijo en la comisión que en materia de secreto bancario debe legislarse y "aggiornarse" para salir de la lista gris de acuerdo a los criterios de OCDE, dijeron a El País senadores de diferentes partidos. Pero separó el intercambio de información financiera con el exterior con la potestad de la Dirección General Impositiva (DGI) para levantar el secreto bancario a nivel local, sobre lo cual tiene reservas.

Jiménez de Aréchaga compartió objeciones técnicas sobre el proyecto de ley del Ejecutivo, más que nada en cuanto al reclamo de "garantías" al levantar el secreto bancario. Es fundamental la intimidad, indicó, en una posición similar a la esgrimida por el Colegio de Abogados sobre garantías para el juez. También puso énfasis en el tribunal especializado y en la resolución expresa del juez, dos aspectos bajo negociación.

Legisladores frenteamplistas y blancos dijeron a El País que la postura de Jiménez de Aréchaga fue "equilibrada" y "no tan dura" con el proyecto de ley. En lo previo, algunos senadores frenteamplistas pensaban que varios bancos privados tenían una postura menos dura que la expresada en comisión por la gremial de bancos y por eso se consultó al Banco Santander y al CITI. Este último envió una carta, donde se excusa de opinar y se remite a lo expresado por la gremial de bancos.

De Brun había afirmado en la comisión que, sobre el intercambio de información o doble tributación, "Uruguay abandona una tradición en materia de confidencialidad de la información financiera de las personas, especialmente cuando está en poder del sistema bancario".

Y apuntó que "el único impulsor de todo esto ha sido el apetito fiscal y el ejercicio de poder de carácter internacional de algunos países desarrollados". En relación al secreto bancario, preguntó: "¿Por qué esto, que es aplicable a ciudadanos extranjeros que tienen ciertos activos y están siendo perseguidos por la administración tributaria del exterior, se extiende a la DGI sobre cualquier ciudadano uruguayo y sobre cualquier actividad realizada en nuestro país? Creo que aquí no hay ningún justificativo, ni siquiera el de decir que estas son mejores prácticas, porque en realidad no lo son". A juicio de la asociación de bancos, tal como se redactó el proyecto de ley "no hay ningún elemento que dé lugar a un juez a negarse a la petición de la DGI".

En tanto, el experto Alberto Varela, de CPA/Ferrere, dijo ayer en una charla en el Club de Golf que "es inevitable que el gobierno uruguayo acate las demandas de transparencia fiscal de la OCDE, pero está en su poder desacelerar el ritmo con que firma los requeridos doce tratados de intercambio de información para poder seguir siendo atractivo destino de inversiones". Varela afirmó que el objetivo de la OCDE "es incompatible" con los intereses de Uruguay y criticó la decisión del gobierno de comenzar a gravar la renta y el patrimonio en el exterior. "Nadie nos obligó a levantar el secreto bancario para el fisco local", aseguró.

El proyecto de ley abarca tres grandes áreas. Una tiene que ver con el procedimiento para ofrecer información de naturaleza financiera como consecuencia de los acuerdos de información o de doble tributación que el país celebra con otros estados. Un segundo punto es la ampliación de las facultades de la Dirección General Impositiva (DGI) para pedir que se levante el secreto bancario. Y un tercer tema es la introducción de un gravamen sobre los activos en el exterior, ya sea bajo una modalidad de IRPF o por el Impuesto al Patrimonio.

Este segundo impuesto se "desglosaría" del proyecto de ley y se aplicaría más adelante.

Julio de Brun

Asociación de bancos

"El secreto bancario no se flexibiliza. Existe o no existe. En la exposición de motivos del proyecto de ley no hay un fundamento adecuado sobre por qué se limita o se restringe un derecho individual como el de la privacidad de la información; sólo se dice que el levantamiento está protegido por la intervención del juez".

Jiménez de Aréchaga

vice del banco santander

Para salir de lista gris, el Banco Santander expresó que está de acuerdo con que se sigan procedimientos de intercambio de información y que haya levantamiento del secreto bancario pedido desde el exterior. Pero expresó claros reparos sobre la potestad de la DGI para pedir esa medida a la Justicia.

Depósitos

fuente uruguaya

El herrerista Luis A. Heber propuso que solo se grave a depósitos en el exterior generados en el país. El Frente Amplio presentó propuesta alternativa, redactada por el equipo económico, con espíritu similar pero menos rígido.

Apelación

efecto suspensivo

Los blancos pretenden que, cuando se apela el levantamiento del secreto bancario, la medida tenga efecto suspensivo para mantener las garantías. En el Frente Amplio no habría ambiente para ello.

Juez

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO

En el proyecto de ley del gobierno se establece autorización tácita para el levantamiento si el juez no se pronuncia en 60 días. La nueva propuesta plantea un pronunciamiento expreso y se estudian los plazos.

Juzgado

TEMAS TRIBUTARIOS

La redacción alternativa presentada ayer plantea uno o varios juzgados letrados en lo contencioso tributario con competencia nacional. Allí se tratarían los pedidos de levantamiento del secreto.