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Los jueces no hacen lugar a todos los pedidos de internación de menores que presentan los fiscales. En un turno, los magistrados no atendieron el 27% de las solicitudes de la Fiscalía y en otro el 44%, según un relevamiento hecho por El País.

Sin embargo, hay casos en que ambos operadores judiciales coinciden en la tipificación del delito cometido por el menor. La gran mayoría de los jóvenes que concurren a los juzgados son por hechos graves: homicidios, rapiñas especialmente agravadas o rapiñas con uso de armas de fuego.

Entre el 15 de julio y el 21 de septiembre, la Policía inició procesos a 52 menores por delitos relevantes. De ese total, el fiscal de Menores Ariel Franzoni Etcheverri pidió la privación de libertad para 38 infractores. Sin embargo, los jueces de turno ordenaron la internación en hogares del INAU a solamente 21. Es decir, desestimaron 17 casos (un 44% de los pedidos de internación).

Según los datos de cada turno proporcionados por fiscales y jueces de Menores, de esos 21 internados en el INAU, 11 se fugaron antes que el juez del caso pudiera dictar sentencia. El Código de la Niñez establece que la Justicia debe resolver sobre un expediente antes de 30 días.

Las diferentes visiones de los jueces y los fiscales de Menores a la hora de aplicar la privación de libertad para delitos graves también se notó en el turno desarrollado entre el 21 y el 27 de septiembre. Los encargados de ese turno fueron la jueza Teresa Larrosa y el fiscal Gustavo Zubía. En esos seis días, la Policía comunicó a Larrosa 25 memorándum relacionados con menores involucrados en hechos delictivos. En un memorándum puede haber uno o más menores acusados por la Policía.

Zubía solicitó 18 internaciones de jóvenes en hogares del INAU. Sin embargo, la magistrada accedió a 13 pedidos de Zubía y desestimó cinco (27%).

El fiscal pidió medidas alternativas a la internación para 12 menores. Estas son: la reclusión domiciliaria, la libertad vigilada o las tareas comunitarias.

Ambos turnos reflejan claramente un choque entre las tendencias de los fiscales y los jueces de Menores.

Tanto Franzoni Etcheverri como su colega Zubía -dos de los tres fiscales de Menores de Montevideo- manejan criterios jurídicos que apuntan a aplicar sanciones más severas a jóvenes infractores.

Ese problema se agrava cuando se constata que la mitad de los menores detenidos por la Policía nunca llega a comparecer ante un juez, porque cometieron una tentativa de delito que no es penada por el Código de la Niñez o por faltas que no justifican una internación, dijo el fiscal Zubía en una mesa redonda el viernes 2, durante un seminario organizado por el Centro de Investigación y Estudios Judiciales de la Asociación de Estudios Judiciales para analizar los cinco años de vigencia del Código de la Niñez.

Allí, el fiscal Zubía advirtió que un 30% de los menores que participan en tentativas de delitos no van al juez porque fueron apresados por tentativas de delitos y otro 20% por ser autores de casos considerados irrelevantes.

Zubía manifestó su desacuerdo con el Código de la Niñez por no penar las tentativas de delito y discrepó con los jueces por seleccionar los casos y dejar de lado los que consideran poco importantes.

En el turno entre 31 de agosto al 7 de septiembre, sí hubo coincidencias entre Zubía y el juez Washington Balliva.

La Policía comunicó 52 novedades a la Justicia. Balliva decretó siete inicio de procedimientos a menores pedidos por Zubía.

El juez Balliva dijo a El País que en tres casos ocurridos en el pasado tuvo diferencias con Zubía porque éste solicitó arresto domiciliario en el inicio de procedimiento y luego pidió internación para el joven.

"El menor cumple, va al Juzgado y yo lo `premio` internándolo al INAU. No estoy de acuerdo", explicó.

Actualmente hay cerca de 300 menores con privación de libertad en el INAU.

Ello significa un incremento de un 41% en los últimos meses.

Según el director del INAU, Jorge Ferrando, el organismo precisa un "piso" de 130 nuevas plazas hasta un máximo de 250 lugares para superar la sobrepoblación existente en los hogares del INAU.

Los jueces de Menores calculan que entre un 60% y un 75% de los menores privados de libertad se fugan y vuelven a delinquir.