Buenos Aires - El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, anunció que realizará un pedido formal al gobierno de Uruguay para suspender por seis meses la polémica instalación de dos plantas de celulosa.

El anuncio se produjo un día después de que miles de personas de Argentina y Uruguay marcharon hacia el puente internacional General San Martín, que une ambos países, para repudiar la instalación en la zona de las dos papeleras que serán una fuente de contaminación para la región , según aseguraron.

Busti, quien participó ayer de la movilización, dijo que la causa por la que reclaman los habitantes de ambos países es justa y señaló que la "protesta seguirá en el marco institucional en conjunto con la Cancillería argentina".

"El trabajo estará orientado a que no se instale ninguna planta de celulosa frente a la población de Entre Ríos. Para eso, pediremos que se dicte una medida de no innovar por 180 días en el que se realice un estudio ambiental desde los ámbitos académicos", indicó el gobernador.

Busti dijo no tener "ninguna duda de que habrá una respuesta", aunque consideró que el tema debe manejarse sin afectar las relaciones con el país vecino.

"Nosotros tenemos el deber de defender a los entrerrianos frente a la contaminación, que no es sólo el agua sino también el aire, y que indudablemente producirá enfermedades en los seres humanos", manifestó Busti.

Empresarios, autoridades provinciales, industriales, miembros de asociaciones gremiales, entidades educativas, ecologistas y partidos políticos marcharon ayer desde la ciudad costera de Gualeguaychú, situada en Entre Ríos, hasta el puente, situado a pocos metros de la ciudad, donde esperaban otras personas procedentes de Uruguay.

Los participantes de la movilización repudiaron la instalación de dos fábricas de celulosa, una de la Empresa Nacional de Celulosa (ENCE), de España, y otra de la finlandesa Botnia, en la localidad costera de Fray Bentos, en el oeste uruguayo, ya que dañará el medioambiente y la economía de la zona , según aseguraron.

Esta protesta se inició después de que el gobierno de Uruguay aprobara la instalación de las dos plantas, que prometen emplear a más de 4.000 personas e inversiones por más de 1.200 millones de dólares.

EFE