HABIENDO finalizado en Montevideo la XXV Cumbre del Mercosur con más de un saldo anecdótico y en momentos en que Argentina asume la presidencia pro témpore del grupo, es oportuno señalar la imposibilidad de una relación institucional entre Cuba y el bloque sudamericano.

En ese sentido, hay que comenzar por recordar que a lo largo del año circularon algunas manifestaciones más o menos veladas con ese propósito, que llegaron incluso a tener expresiones concretas a principios de noviembre, cuando el Canciller de Brasil expresó que el Mercosur "puede hacer" un acuerdo de libre comercio o de preferencia arancelaria con Cuba en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), recogiendo a su manera un planteamiento que ya había sido sugerido por el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, un mes antes, al regreso de un viaje oficial a la isla.

LUEGO de haberse negado a recibir a los dirigentes de la oposición durante esa visita, invocando que sería "una intromisión en asuntos internos" (!) y de haber evitado la consideración del tema de los derechos políticos en la entrevista de más de seis horas mantenida con Fidel Castro —según lo divulgó un colega en una información no desmentida—, el gobierno argentino le perdonó a Cuba el 75% de una vieja deuda de U$S 1.900 millones, aceptando que el 25% restante se le abonara durante los próximos cinco años con medicamentos y asistencia médica gratuita a argentinos de bajos recursos. Además, se le otorgaron reducciones arancelarias para 1300 productos y se acordó por primera vez que empresarios de ese país participarán en la Feria de La Habana.

Después de esa generosa actitud, a Fidel Castro puede calificársele —por lo menos y entre otros títulos—, como un malagradecido, sobre todo teniendo en cuenta unas últimas declaraciones públicas en las que consagra por su cuenta y riesgo a Venezuela como líder de todo el continente, comparando a Hugo Chávez con Simón Bolívar y expresándole que "ningún país ha hecho tanto como lo que tú estás haciendo". Argentina no ha hecho menos por él.

De cualquier manera, se trata de temas bilaterales que cada país maneja libremente y que resuelve como mejor le parece.

CUANDO se convierten en temas multilaterales, la cuestión ya es diferente, sobre todo si el acuerdo, la apertura de la adhesión o la calidad de estado asociado que pretende establecerse va a tener lugar entre el Mercosur y un gobierno dictatorial y antidemocrático que se encuentra autoexcluido por razones de principio.

Es cierto que el artículo 20 del Tratado de Asunción dispone que el mismo "estará abierto a la adhesión, mediante negociación, de los demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración". Pero para ser miembro del Mercosur hay que estar investido de la calidad de país democrático.

Así se reconoció en la Declaración Presidencial de Las Leñas del 27 de junio de 1992, al establecerse que "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia del desarrollo del Mercosur"; se reiteró en el acuerdo marco interregional de cooperación entre la Unión Europea y sus países miembros y el Mercado Común del Sur y sus estados partes, suscrito en Madrid el 15 de diciembre de 1995 y quedó ratificado en la declaración presidencial emitida en San Luis (Argentina) en el año 1996 sobre "Compromiso democrático en el Mercosur", integrando ese mismo concepto el acuerdo de alcance parcial de complementación económica negociado con Bolivia y Chile.

POR si quedara alguna duda, los cuatro estados miembros, a los que se agregaron nuevamente Bolivia y Chile, firmaron el 24 de julio de 1998 en Argentina el conocido como "Protocolo de Ushuaia" —también titulado "sobre compromiso democrático"—, en un documento que consta de diez artículos donde se precisa detalladamente su alcance.

En él vuelve a decirse que "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración", regulando de manera prolija los procedimientos que se aplicarán en los casos de ruptura, que podrán abarcar "desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos", y que cesarán únicamente cuando se haya "verificado el pleno restablecimiento del orden democrático".

LA letra y el espíritu, pues, tanto del Tratado de Asunción como la de los complementarios que lo integran, exigen la calidad de estado democrático, no sólo a los estados miembros sino también a los adherentes o asociados, partiendo de un principio elemental de acuerdo al cual éstos no pueden reunir condiciones diferentes que las que se imponen a aquéllos. A ese argumento corresponde agregar que la organización democrática tampoco se puede reclamar sólo a los países que se incorporaron en el pasado —Bolivia y Chile—, y no a todos los que lo hagan en el futuro, ya que ello configuraría una actitud claramente discriminatoria.

El día en que caiga la dictadura que desde hace cuarenta y cuatro años se viene imponiendo en Cuba —que un día va a caer, como ha sucedido, felizmente, con todas las dictaduras—, recién podrá pensarse en un acercamiento de la isla del Caribe con el Mercosur.

Hasta entonces, los propósitos no pasan de ser meras aspiraciones individuales, que no tienen ningún fundamento documental y que, por el contrario, se encuentran expresamente impedidas por instrumentos internacionales vigentes.