PROYECTO POLÉMICO

Planean limitar a dos años la estadía de niños con sus madres en cárceles

La cárcel de mujeres es un mundo completamente diferente al de los hombres, sin embargo no tiene una reglamentación específica. El proyecto de ley de organización del sistema penitenciario solo les dedica un artículo y únicamente refiere a las que tienen niños pequeños a su cargo.

Reclusa con su hijo en el patio de la Facultad de Psicología, a donde va a estudiar. Foto: Gerardo Pérez
Macarena y Bruno en el patio de la facultad de Psicología, donde ella estudia. Cada día el pequeño la acompaña a las clases. Foto: Gerardo Pérez

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

"Poné que me llamo Macarena, o María, no me importa igual. Lo que no quiero es que mi hijo sepa mi pasado, porque yo a él le mentí. Le dije que la cárcel era mi trabajo y que era mi casa, pero creció y un día mientras hacíamos milanesas me preguntó: '¿Mamá, vos estabas en la cárcel de mujeres?', y yo me quedé helada. Le dije que sí. Me preguntó por qué, y le respondí que había hecho una cagada. '¿Y qué hiciste?', me preguntó. Le dije que no me acordaba: 'Cuando mamá se acuerde te cuenta'. Y yo veo que él ahora también miente, porque me dice 'mamá, cuando estabas en la car... en tu casa', y ahí yo me doy cuenta de que todavía sigo pagando condena. Nos estamos adaptando a estar juntos y es un proceso largo que a los dos nos está costando no te imaginás cuánto. Él es mi hijo, tiene seis años, pero yo siento que lo estoy conociendo ahora".

Así que el hijo de Macarena, llamémosle Bruno, todavía no sabe de los cuatro años y tres meses en que su madre compartió la celda con otras 14 reclusas. No sabe que el mal estado de la cárcel de mujeres se sentía en los vidrios rotos por los que se metía el frío y la lluvia. No sabe de las peleas de su madre por “un trapo” para taparse a la hora de dormir; ni que mendigó la ropa de las compañeras que salían en libertad; ni de los roedores que caminaban por todas partes; ni de los malestares por ingerir comida con tanta grasa. No sabe que 11 meses atrás, cuando Macarena estaba presa por un delito que evita contar, secaba el jabón luego de ducharse porque no sabría cuándo volvería a tener otro. A ella, como a casi todas las mujeres privadas de libertad, casi nadie la visitaba, y las visitas son las que traen de afuera lo que falta adentro.

Bruno no lo sabe, pero él ya conoció la cárcel. Su madre había cumplido otra condena anterior, por un robo, cuando estaba embarazada. Ingresó, parió, y volvieron al encierro los dos.

Las mujeres pesan muy poco en un sistema penitenciario tan denso. Son 541: menos del 5% del total de personas presas. Las que están alojadas con sus hijos pesan todavía menos. En la unidad 9 -ubicada en el mismo terreno de la cárcel de mujeres- hay 17 presas que son madres de 19 niños, y dos que están próximas a parir. En la unidad 5, donde está el resto de las reclusas, hay seis embarazadas que serán trasladadas cuando alcancen el tercer trimestre de gestación. En el interior del país hay otros 20 niños que viven con sus madres, y otra mujer más esperando un bebé. En total son 39 los niños que están en cárceles.

Las mujeres no tienen una ley o reglamentación que atienda su situación específica ni la de sus hijos, a pesar de que distintas organizaciones civiles y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, llevan años advirtiendo que la prisión femenina es un mundo completamente diferente a la masculina. A su modo de ver, quedan invisibilizadas ante las emergencias y los conflictos que suelen ocurrir en las cárceles de hombres.

“Las mujeres cometen delitos diferentes, que en su mayoría no son de riesgo continuado”, dice Petit. La mayoría cayó por delitos contra la propiedad (40%, según información del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR) y el microtráfico de estupefacientes (26%). “Son casos donde hay un trasfondo social muy neto que requiere otro tipo de medidas y un seguimiento y apoyo, porque al delito lo usan como mecanismo alternativo de supervivencia, y si no se le busca cómo sustituirlo va a volver a lo mismo”. El 37% de las reclusas son reincidentes.

En un informe que elaboró dos años atrás, el comisionado recomendó armar un programa nacional de atención a mujeres privadas de libertad con hijos a su cargo. En la conversación mantenida para este artículo, va más lejos y dice que el INR debería crear una subdirección específica para mujeres, porque la División de Género que fue creada en 2016 no es suficiente. “Si bien muchas cosas han mejorado, se está cubriendo apenas con los estándares mínimos, y el modelo de la unidad de madres con hijos no es el adecuado”. Tal y como él lo ve, habría que aspirar a crear “pequeñas unidades de vida mucho más cercanas a un hogar de amparo que a una cárcel”. Pero esto conllevaría promover medidas de prisión domiciliaria o alternativas al encierro. Una piedra en el camino es que, aunque el 43% de las reclusas son primarias, una ley de 2017 endureció las penas de crímenes vinculados al narcotráfico, uno de los delitos más comunes en esta población. “Hace falta que el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario, la Fiscalía y la Defensoría se pongan de acuerdo. Imagínese lo difícil que es”, plantea Petit.

Mujer recluida en la cárcel. Foto: Archivo El País
Los expertos saben que se discute entre dos males: los niños en la cárcel o los niños fuera de ella, pero lejos de sus madres. Foto: Archivo El País

Mientras esta discusión sigue dormida, se despertó un viejo dilema. El proyecto de ley de organización del sistema penitenciario nacional, que presentó el gobierno unos meses atrás, menciona a las mujeres en un único artículo. Esa mención refiere a aquellas que tienen hijos a cargo, y limita a dos años la edad de permanencia de los niños en la cárcel. Según la normativa vigente, si el juez lo permite, acompañan a su madre hasta los cuatro. Si llegado ese momento la reclusa sigue cumpliendo pena, puede solicitar conservarlos hasta los ocho.

Las organizaciones que integran la mesa de trabajo sobre mujeres privadas de libertad criticaron esta decisión. Es que las reclusas protagonizan historias donde se pierde todo, incluso los hijos.

Crianza compartida.

"La primera vez que estuve presa tenía 18 y entré embarazada de Bruno. Fue por un robo que hizo mi pareja y yo estaba con él. Ahí mi familia me apoyó bien. A la segunda vez la cagada fue mía, y no vinieron más. Había pasado un año y estaba presa de nuevo. Yo había vuelto a consumir y ellos bajaron los brazos. Esa vez Bruno se quedó afuera. Nadie me preguntó si tenía hijos y yo no sabía que podía tenerlo conmigo. Cuando mis compañeras me dijeron, no hice el trámite porque imaginé que sería terrible y yo no veía a mi defensor. Además no quería que creciera con ruidos de cerraduras, de gritos, de gente llorando. En la cárcel para todo tenés que llamar al guardia, hasta los niños se acostumbran a gritar 'guardiaaaaaa' para pedir un pañal o un vaso de leche. Eso te va enloqueciendo. Por eso Bruno se quedó con mi prima".

Un estudio publicado por la Facultad de Ciencias en 2016 reveló que el 88% de las reclusas tiene entre tres y cuatro niños afuera de la cárcel. Sus hijos quedan a cargo de un referente o, si un juez lo indica, ingresan al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). A octubre de 2018, eran 58. El mismo estudio arrojó que más del 50% de estas mujeres están deprimidas y que el 70% sufre ansiedad. El detonante principal de estos estados y de sus empujes agresivos es la rotura del vínculo con sus hijos. La separación inminente las aterra: perder a los que están adentro, ver poco -o nada- a los que están afuera. En el ámbito penitenciario pocos se han enterado de la novedad que trae el proyecto.

En las unidades de madres con hijos trabaja una comisión conformada por el INR, el INAU y Uruguay Crece Contigo, un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Allí realizan tareas socioeducativas, promueven buenas prácticas de crianza, intentan fortalecer las redes familiares que los rodean, y trabajan el pre-egreso y el egreso.

“No hay una solución fácil para la internación de los niños. Dado el volumen magro de situaciones habría que ver caso a caso”.

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Foto: Marcelo Bonjour
Juan Miguel PetitComisionado parlamentario para el sistema carcelario

Zulema Suárez, del INAU, dirige la región oeste de Montevideo. En base a la experiencia que los Centros de Atención a la Primera Infancia recogieron en 12 años de trabajo con esta población, cree que sí se debe reducir la edad de alojamiento de los niños. “Hemos observado un impacto muy negativo. Vemos conductas agresivas, pero sobre todo notamos un desarrollo más lento. A partir del año, el niño quiere explorarlo todo y ahí suelen generarse dificultades de relacionamiento entre las reclusas. Eso genera conflictos, y ese ambiente tóxico, ese estrés, impacta en su desarrollo”, justifica.

En el polo opuesto está el juez Eduardo Cavalli, una de las mayores autoridades en materia de Familia. Opina que en estos casos “las soluciones genéricas no convienen” e incluso pueden ser perjudiciales. “Acá tenemos dos intereses contrapuestos: el del niño de tener contacto fluido con su madre, y el interés de la sociedad de apartar a la madre de la vida social, que puede perjudicar al niño. Es tan difícil la situación que no creo que una ley, por mejor que sea, pueda sustituir el análisis caso a caso”.

Desde la Mesa de trabajo sobre mujeres privadas de libertad, aseguran que el Ministerio del Interior no les explicó las razones de bajar la edad. Las sospechas, entonces, vienen por el lado económico. Fuentes penitenciarias explicaron que los niños no están contemplados en el presupuesto del INR, ya que no son privados de libertad. “El objetivo es sacarlos porque los niños necesitan que se les garanticen una cantidad enorme de necesidades y nuestro sistema penitenciario es de una decadencia absoluta”, sostiene Soledad González, de Cotidiano Mujer.

Además de la razón económica, las mismas fuentes creen que otro factor que pudo haber influido es el temor de las autoridades a que les suceda “algo” a los niños. “Pueden entrar y salir, pero saben que si les pasa algo se les viene el mundo arriba”. Por eso las direcciones de las unidades suelen entrevistar a quienes quieren sacarlos a pasear. Los funcionarios que trasladan a los menores a los centros educativos o al médico -cuando el juez no autorizó estas salidas a sus progenitoras- también tienen miedo de que surja un imprevisto y tener que pagar ellos.

Eso no es todo. De acuerdo con el relato de estas fuentes, la unidad 9 no está a salvo de los males más comunes en las prisiones: las plagas y el consumo. Ante la falta de visitas que lleven lo que falta, los psicofármacos son moneda corriente para abastecerse de pañales y de toallas higiénicas. Los que distribuye la dirección nunca alcanzan. Tampoco alcanza la fruta para los niños. En definitiva, esta crianza exige una responsabilidad compartida difícil de cargar.

Para este informe se consultó al INR, pero la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior no autorizó la coordinación de una entrevista, ni un recorrido por las unidades.

Negociar a base de psicofármacos
Pastillas. Foto: Pixabay

La Escuela de Nutrición de la Udelar investigó el nivel nutricional de madres y niños alojados en la unidad 9. El resultado está en el escritorio del comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit. Por otro lado, el estado de salud y el acceso a los exámenes médicos de las mujeres privadas de libertad está siendo evaluado por el proyecto socioeducativo Nada crece a la sombra, que este año comenzó a trabajar en la cárcel de mujeres.

Este diagnóstico es llevado adelante por Daniel Márquez, médico especializado en contextos de encierro que renunció a su cargo en la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Busca vislumbrar cómo es la brecha de acceso a la salud entre las mujeres adentro y afuera de la cárcel. “Hay tuberculosas y VIH; hay problemas de consumo que no reciben tratamiento; hay enfermedades crónicas causadas por el sedentarismo. Te puedo asegurar que hay una diferencia grande en el acceso a exámenes como el papanicolau, ecografías y exámenes de control”. Además, el colectivo observó problemas en la forma en que se gestiona la salud.

Unos días atrás, Márquez denunció en el Instituto Nacional de Rehabilitación que delante suyo una enfermera le negó la medicación a una reclusa que sufre cáncer terminal. No se la dio porque alguien había hecho una publicación en Facebook cuestionando que en su condición siguiera presa. Luego la hostigó en su celda. Ante la situación, la mujer no quiso aceptar la dosis. La enfermera le respondió que era mejor “así se moría antes”. Tras la denuncia, la funcionaria fue separada del cargo. “Somos muy críticos en cómo se gestiona la salud en cárceles. Básicamente se atienden emergencias. No hay un enfoque integral ni actividades de prevención, ni promoción. El acceso a la cobertura odontológica es muy precario, y la comida es prácticamente basura ”, describe Márquez. Otro problema es la sobremedicación de psicofármacos. La distribución es “a demanda” y las pastillas son usadas como moneda de intercambio.

El resultado del estudio se difundirá a fin de año.

Los hijos perdidos.

"En un día te pasan millones de cosas en una cárcel, es como que el mundo va más rápido adentro. Al médico lo vez cuando tenés una emergencia y al psicólogo lo ves una vez por mes y entonces, con todo lo que te pasa, es como que el tratamiento no existe. Vos dejás de ser madre, hija, tía y pasás a no ser nada. Con los de afuera terminás perdiendo el vínculo. Con la única gente que hablás está como vos o peor que vos. En la cárcel todo es ausencia. ¿Cómo le iba a decir yo a una compañera que extrañaba a mi hijo si yo lo tenía con mi prima, y ella dejó a tres afuera que se los cuida el INAU?".

Tres años atrás, el Ministerio del Interior aprobó un protocolo de actuación redactado por los ministerios de Desarrollo y Salud Pública, el Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría Penal, INAU, Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, la Institución Nacional de Derechos Humanos, Unicef y Gurises Unidos, entre otros. El protocolo busca proteger los derechos de los niños con padres privados de libertad. Debía ser incorporado en la normativa interna de las instituciones involucradas en la detención, procesamiento con prisión e internación. Entre otras cosas, prevé que la Policía le avise a un juez de familia de la existencia de niños, quien decidirá el destino de los mismos. También se le deberá notificar al fiscal del caso.

Sin embargo, Lía Fernández, coordinadora de Gurises Unidos, tiene la certeza de que no se utiliza. Dice también que la comisión encargada de hacer un seguimiento periódico de los niños que viven en cárceles jamás empezó a funcionar.

Entre las reclusas hay madres que no saben dónde están sus hijos porque nunca les preguntaron si los tenían. Otras veces ellas no lo dijeron y nadie confirmó que no existieran. Otras los dejaron con un referente que, por desinterés, falta de tiempo o de dinero, no los llevaron a las visitas. Los hijos de algunas presas fueron dados en adopción por el INAU y perdieron contacto con ellas.

De esto sabe Laura Albornoz, una de las responsables del consultorio de Defensoría de Familia de la Udelar. Esta abogada lleva una década respondiendo las incesantes consultas de estas madres. Le piden que averigüe el paradero de sus hijos y que medie para intentar que los familiares que se quedaron a cargo, se los lleven. Otra de las gestiones frecuentes es reiterar el permiso de visitas a los jueces, para no perder el vínculo con los niños que fueron adoptados. “Existe una mirada negativa hacia la visita de la madre en un niño en proceso de adopción. Tenemos sentencias negativas que dicen una y otra vez que no es conveniente”, cuenta.

Niños visitan a sus madres en la cárcel el Día de la Madre. Foto: Nada crece a la sombra
Son muy pocas las presas que reciben visitas. El pasado Día de la Madre varias pudieron celebrar con sus hijos. Foto: Nada crece a la sombra

Para Valeria Caggiano, integrante de la organización El Abrojo, los jueces penales no consideran la maternidad a la hora de dictar sentencia. Desde la Defensoría Penal, su directora, Susana Rey, relata que esta se plantea al momento de negarse a una prisión preventiva y para acortar plazos en un proceso abreviado, “pero el argumento se cae si el delito es grave”.

“La mujeres sufren múltiples condenas. Por eso sus familias no las visitan, y por eso muchas veces no son autorizadas para trabajar. Tenemos varias solicitudes para que participen en programas y hay jueces que ni siquiera contestan. O contestan que no sin agregar ninguna explicación”, dice Caggiano. Estas señales explican por qué no prospera la recomendación de Naciones Unidas que incita a buscar medidas alternativas a la prisión para las madres con hijos pequeños a cargo. Petit, el comisionado, estima que el 15% de las presas podría cumplir medidas alternativas. Sin embargo, sabe que la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida está saturada, y que un sistema de medidas alternativas requiere un control fuerte y confiable. “Se necesita esa sintonía para demostrarle a la sociedad que es posible hacer este cambio cultural”, dice.

Rearmarse.

Tenía dos pertenencias que para mí eran joyas: una taza con la foto de mi hijo, y unos libros de Psicología. Como trabajo hay muy poco, a mí lo que me salvó la cabeza fue el estudio. Para las reglas carcelarias el estudio es un beneficio que hay que ganarse, no es un derecho. La verdad es que eran más las veces que no tenía clases que las que tenía. Se cancelaban por una sanción o porque pasaba algo en un módulo y cerraban el sector por seguridad. Igual, fue lo más productivo que hice. Tenía una pena de seis años y tres meses, y desconté dos años. Salvé seis exámenes libres para terminar el liceo y empezar a estudiar Psicología. Y salvé otros seis exámenes de Psicología estando adentro. Yo soñaba con ser estudiante universitaria.

De acuerdo con información del Ministerio del Interior, a diciembre de 2018 el 62% de las reclusas trabaja y el 48% estudia. Las cifras lucen auspiciosas, pero fuentes penitenciarias advierten que suelen ser “muy abarcativas”. La educación “es de mala calidad” y los trabajos suelen ser tareas de fajina, cocina, limpieza y mantenimiento. Fuera de la cárcel, son muy pocas las mujeres que logran un trabajo con salario. En la mesa de trabajo para las mujeres privadas de libertad estiman que apenas un quinto trabaja. Sus integrantes también reclaman que el proyecto de reforma penitenciaria debería establecer que el acceso a la educación no esté condicionado a sanciones.

Junto a la noticia del egreso llega la preocupación por la vivienda y el trabajo. Para evitar que caigan en “el agujero negro del egreso”, Suárez, del INAU, dice que se trabaja junto con Uruguay Crece Contigo en la coordinación de vivienda, salida laboral y restitución de vínculos con familiares. Luego, hacen un seguimiento por el tiempo que sea necesario “hasta comprobar que los niños no tienen los derechos vulnerados”.

-¿Y logran salir adelante?

-Sí…- responde Suárez sin demasiada convicción-. Lleva mucho esfuerzo conjunto, pero se puede.

Jaime Saavedra es el titular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) y tiene fundamentos para mostrarse optimista. En el año que lleva la nueva planificación del egreso, organizada en tres fases de intervención e incluyendo una posada como respuesta transitoria de vivienda, unos 200 liberados están trabajando gracias a los convenios conseguidos. De los que pasaron por la posada, ninguno reincidió. De las 60 plazas, seis están ocupadas con mujeres.

En julio pasado, cuando salió de la cárcel, Macarena fue a buscar a su hijo Bruno y se instaló en la casa de su pareja. Se inscribió en la bolsa de trabajo de la Dinali, pero aún no tuvo suerte. Buscó empleo y encontró en un supermercado. Pero estos no son cuentos de hadas. No tiene familia dispuesta a cuidar al niño mientras trabaja, así que no tuvo otra opción que renunciar y buscar casas para limpiar. Está en negro, pero le permite manejar los horarios para no descuidar la crianza de Bruno.

Mi día es así: voy a trabajar hasta las 15 horas. A las 16 levanto a Bruno de la escuela y vamos a casa a merendar. A las 17 horas venimos juntos a estudiar a la Facultad de Psicología y salimos a las 22.

Un preso es un ser humano que se rompió y hay que volver a armar, dice Petit. La parte más difícil es mantener las piezas anudadas cuando se recupera la libertad. A las mujeres que egresan la vida nueva les impacta en la cara de un día para el otro. “Tienen que reencontrarse con los hijos que estaban afuera, adaptar la convivencia con los que tenía adentro, conseguir trabajo, volver a convertirse en jefas de hogar”, explica Caggiano.

Desde que fue liberada, Macarena perdió tres exámenes. Lo cuenta y se muerde el labio. Ese gesto desaparece cuando llega Bruno y le trae los dibujos que estuvo haciendo mientras esperaba a su madre, en el patio de la facultad. Una casa, un árbol, un caballo. Macarena le pidió que dibujara lejos, bien lejos del relato de un pasado que su hijo todavía no conoce, y que espera que este presente la ayude a olvidar.

Depresión y ansiedad por temor a perder a los niños

En 2016 la Facultad de Ciencias publicó un informe guiado por la doctora Annabel Ferreira sobre el estado emocional y el vínculo materno-infantil de mujeres recluidas en el centro de madres con hijos y en la cárcel de mujeres. Para realizar este estudio, un grupo de psicólogos, psicoanalistas, pediatras y docentes de esta facultad, recabaron información y trabajaron en modalidad de taller con la población analizada. El resultado arrojó que se trata de una población escasa, pero en crecimiento. El promedio de edad de las reclusas es de 26 años, sin respaldo familiar (56%) y con un pasado de abuso sexual (53%), maltrato y negligencia en los cuidados de infancia y adolescencia. El nivel educativo es bajo (27% tiene primaria incompleta; 13% la completó; 60% no terminó secundaria). Solo la mitad recibe visitas, aunque quienes trabajan con ellas dicen que apenas entre 10% y 20% las reciben. Los niños que están alojados con sus madres rondan los dos y tres años de edad. La inmensa mayoría tiene entre tres y cuatro hijos afuera (88%). La mitad de las mujeres sufre depresión y aún más ansiedad (70%). Su miedo se origina en no tener más a los hijos con ellas, ya que los niños son el centro de sus preocupaciones. “La separación entre madres e hijos constituye un evento traumático, que provoca en el niño daños neuronales y psicológicos e implica un riesgo para sus madres, en particular en esta población que se caracteriza por altos niveles de sintomatología depresiva y ansiosa”, concluye la investigación.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)