Los secretos que esconde Treinta y Tres

Tres mujeres de 14, 25 y 32 años fueron asesinadas en Treinta y Tres en un lapso de siete meses. Uno de los homicidas se suicidó y los otros dos aún no fueron identificados. Las familias, frustradas, reclaman que las investigaciones no avanzan y denuncian negligencia de la Fiscalía.

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En este pueblo no se oculta nada. En Treinta y Tres todo se descubre, todo se sabe. Todo menos quién mató a Daniela Pérez y a Rocío Duche. A Vanesa Monzón se sabe que la asesinó la pareja de tres disparos en la cabeza. En la habitación contigua dormían dos de los seis hijos de la víctima. La encontró la mayor, de 16 años. Se sabe porque el homicida arrojó el arma en el patio y salió despavorido a esconderse en Melo.

En este pueblo no se oculta nada, menos las armas si se esconden bien. No se halló la que mató a Daniela de un tiro en la cabeza, ni la que le rompió el cráneo a Rocío. El cráneo, la nuca y la espalda.

A Daniela la mataron el 8 de enero al mediodía en El Ejido, una playa concurrida por los olimareños. Era lunes y hacía mucho calor. Había ido con su novio (una relación de siete años que ella quería terminar) y una perra. Llegaron en moto. El novio la dejó sola mientras iba a buscar a un hermano suyo. Media hora pasó, dijo él. Cuando llegó no la vio. Pensó que se había ahogado. Para llegar a El Ejido tuvo que atravesar 800 metros de campo donde pastan caballos. Volvió a recorrerlos para buscar ayuda. Finalmente, fue su hermano el que la encontró cerca del monte, por los ladridos de la perra. Daniela tenía 25 años.

A Vanesa la mataron el 19 de febrero en Vergara, en su casa, la noche en que iba a dejar a su pareja. Le iba a decir que sabía que espiaba a su hija mayor mientras se bañaba y que había avanzado más. El hombre (que no era padre de ninguno de los niños) fue detenido en Melo y allí se confesó con la Policía. Pidió que le tomaran declaración, pero la fiscal prorrogó la formalización 24 horas. Mientras era trasladado, la adolescente que encontró a su madre muerta esperaba con su abogada en la Fiscalía para denunciar el abuso. El hombre llegó, lloró y dijo otra vez que quería hablar. Le dijeron que lo escucharían al día siguiente, y siguió llorando. Esa madrugada se suicidó con la frazada que le habían dado para abrigarse. Como no se formalizó al imputado, los seis menores, ahora desperdigados en distintos hogares, se quedaron sin derecho a cobrar la pensión por violencia doméstica. Vanesa tenía 32 años.

A Rocío la mataron la noche del 6 de julio. Era viernes, estaba gélido. Todos en Treinta y Tres recuerdan esa noche por cómo llovía. Rocío había salido con unos amigos a la plaza, o al río, o a los dos lugares. Tras pasar varios meses institucionalizada en el INAU debido a una sospecha de explotación sexual, le habían permitido volver a dormir a su hogar. Iba a la casa de una amiga para preparar el festejo del cumpleaños del hijo de esta. La llevaría un amigo en auto. Una versión dice que sí lo hizo, pero la Policía relata que el conductor se detuvo para ayudar a un taximetrista con el vehículo averiado y Rocío decidió continuar sola. Nunca llegó. La encontraron en una calle de pedregullo, oscura, descampada, agonizando en una cuneta. La hirieron de muerte —o depositaron su cuerpo ahí, aún no se determinó— a pocas cuadras de su casa. Rocío tenía 14 años.

Hay mucho que explicar.

En un pueblo donde no se oculta nada, los homicidios de estas mujeres son secretos. También los de Lourdes Carolina Sosa, Nibia Araujo y Laura Crossa, que llevan 10 años en silencio. Es que en Treinta y Tres la violencia es un monstruo que siempre tiene hambre.

Algún folleto pegado sobre alguna vidriera sigue pidiendo justicia por Daniela y Rocío. En la foto, Daniela posa sosteniendo una bandeja, porque era moza, y Rocío viste una remera negra con una leyenda en contra de la violencia de género. Sus familias no entienden cómo en un lugar tan pequeño, y monitoreado por 47 cámaras, aún no se halló a los culpables.

Desde Fiscalía la respuesta que se les da siempre es la misma: hay que esperar. Pero saben que el tiempo es clave y que ya pasó demasiado. Mientras tanto, cada rincón de esta ciudad se mide por dónde pasaban ellas cuando estaban vivas, y las hipótesis de por dónde habrían pasado antes de morir.

Frente a Fiscalía y en los lugares donde aparecieron los cuerpos, las dos familias se unieron para protestar. Pasaron los meses y nada cambió. Las marchas convocaron menos gente, hasta que una fue la última. Así lo previó Jorge Pérez, el padre de Daniela, que le dijo a la prensa:

—La gente ya no cree.

Él, que iba día por medio desde José Pedro Varela para ver al fiscal, dejó de hacerlo. Su patrón le llamó la atención, y el gasto del boleto —$ 60 ida, $ 60 vuelta— apretó demasiado el bolsillo vacío. Ahora las que van son sus hermanas: una vez por semana, a veces dejan pasar dos. Su esposa no quiere levantarse de la cama. El abogado le dice que hace lo posible. El fiscal, que espere. Jorge está enojado, está frustrado, siente desesperación.

No debería, pero deja el trabajo y acude a la entrevista para este informe.

—El día del velorio mis amigos me aconsejaron que me olvidara de todo y cuidara a mi familia, pero no puedo. A los dos meses de los hechos el jefe de Policía me dijo que él ya había hecho todo lo posible por Daniela, pero yo no lo creo. Yo no hice nada por mi hija y ellos tampoco.

Belén Ramírez, la hermana mayor de Rocío, que tiene 16 años, que era también su mejor amiga, prometió que volvería cada viernes a la oficina del fiscal para exigir respuestas. Lo hizo durante un tiempo. Ya no. Con los ojos más tristes del mundo, sentada en un muro gris, mirando hacia una calle gris, dice:

—¿Para qué seguir si es al pedo?

Su madre deambula por una casa diminuta donde hasta hace un año todos vivían apretados. A Verónica Viana ahora le quedan cinco hijos: dos están con una madrastra y tres están internadas en el hogar infantil del INAU, aunque se trabaja en el reintegro a la familia. Verónica siempre visita a sus hijas en el hogar, como también visitaba a Rocío. Dice que cuando la vio muerta "perdió el mundo". De la única habitación que tiene la casa, sacó la cama donde dormía y las fotos de ella porque el padre se había deprimido tanto que ya no quería trabajar. Como Jorge, él también es peón rural y el único sostén del hogar.

Cuando habla de Rocío, Verónica la llama por su nombre y apellido.

—Rocío Duche era alegre. Compañera. Le gustaba salir. Si ella tenía cigarros te daba, si ella tenía plata te daba.

Así se recuerda cuando no se tiene nada.

Pegada a la casa diminuta hay otra que quedó a medio hacer. Son muros de bloques sin techo ni ventanas. Iba a ser el nuevo hogar, con más habitaciones para que Rocío tuviera intimidad, como le habían dicho los asistentes sociales a Verónica. Pero quedó por el camino. La fachada tiene los nombres de Rocío y de Belén escritos en pintura rosada.

A este pueblo lo envuelve un olor dulzón, de esos que se sienten con el estómago, como el de las flores en un velorio. Se siente, incluso, en la Jefatura. Allí el que da la cara por el silencio es el coordinador y comisario mayor, Pablo Pereira. "Ninguna de las tres había hecho una denuncia", dice, y asegura que los dos asesinatos "siguen investigándose".

El de Daniela, reconoce, los agarró "por sorpresa": hacía apenas dos meses que había cambiado el Código del Proceso Penal (NCPP), y con él, las reglas para llevar adelante una investigación. Esto en el interior significó un cambio drástico en la manera de destapar secretos. Pereira piensa en pasado y dice: "En estos casos el primer sospechoso es un familiar cercano. Antes del NCPP habríamos dejado incomunicados a los familiares, habríamos llevado a los sospechosos al calabozo, habríamos interrogado con más presión. No habría habido un abogado defensor al tanto de cada paso que dábamos". Pero con el NCPP "la Policía debe hacer las identificaciones de los posibles sospechosos y es el fiscal es el que decide qué se hace" y el que interroga. "Esto nos exige un trabajo minucioso y profundo porque el defensor y el sospechoso saben los pasos que queremos dar".

Hubo decenas de interrogados por cada uno de los homicidios. "El de Rocío es más complejo porque la lluvia barrió la evidencia, y ella tenía muchos amigos y amigas y esto complicó para identificar a un sospechoso concreto", agregó. Hubo incluso declaraciones que se tomaron en calidad de testigos protegidos.

En el caso de Daniela, en cambio, él cree que "había elementos que podrían haber indicado que había que investigar más a una persona". Pero como no se halló evidencia firme, esta pista se abandonó. "Es más difícil llegar al culpable, porque antes teníamos otra forma de trabajar que tenía que ver con el conocimiento de la zona, de ir uno por uno. Ahora, salvo que se trate de un delito en flagrancia, es difícil. Y para eso necesitamos patrullaje".

En Treinta y Tres hay unos 60 agentes destinados a patrullar, pero como las denuncias por violencia doméstica se dispararon, la mitad están custodiando a cinco mujeres. En el pueblo hay quienes se enojan porque creen que las denuncias de las mujeres están provocando que los roben más. Los hurtos crecieron, se denuncian unos 30 por semana. También están colapsados los juzgados: cada vez que ingresa una de estas denuncias, los otros juicios se retrasan por meses.

La Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género recibe unas 15 denuncias por semana, la Oficina de la Mujer y la Familia de la Intendencia atiende cuatro consultas diarias, y otras tantas recibe Inmujeres, que lleva tres años en la ciudad y el martes pasado inauguró un programa que trabajará con los hombres que tienen tobilleras como medida cautelar. Según Marcela Falco, directora de la ong Rayo de sol y abogada de Inmujeres por la ong Plemuu, en este momento son 24.

Las tobilleras han salvado vidas, pero Falco cuenta que a veces el móvil policial no acude ante la señal de emergencia. Demasiadas veces en Treinta y Tres la realidad supera a la imaginación: uno de los encargados de la Unidad Especializada ahora lleva un dispositivo, y se va a denunciar a otra encargada de la unidad en una localidad porque se niega a tomarles las denuncias a las mujeres que vuelven con la pareja que ya habían denunciado.

En este pueblo todas las vidas están cruzadas. Rocío conocía a Daniela porque era la moza de Espacio Dulce, la confitería más popular. Cristina Pérez, tía de Daniela, conocía a Rocío porque fue su docente. Cuando mataron a Rocío, la familia Pérez ya llevaba seis meses esperando que llegaran los resultados de algunas de las evidencias.

Todavía esperan.

No saben de quién es uno de los dos ADN que se encontraron debajo de las uñas de Daniela. No saben de quién es la huella hallada en los lentes. No saben si alguien realizó movimientos en su cuenta bancaria, porque el Banco República, 11 meses después, sigue sin responder. No saben qué descubrieron en el celular que fue enviado a Argentina y a Estados Unidos para rescatar la información eliminada después de su muerte.

Jorge Pérez, el padre, insiste:

—No están preparados acá para resolver un caso así.

Según relata la familia, el día del homicidio la Policía les dijo que su hija se había ahogado, luego que la habían golpeado y, como la forense no fue a la escena del crimen, después de que esta revisara el cuerpo, el padre se enteró de que la había matado una bala calibre 22. Se enteró por un policía, porque la médica nunca le habló.

Fue el padre quien durante una recorrida por la escena, dos días después del homicidio, encontró una gomita de pelo y un gorro. Fue el padre el que le dijo a la Policía que debían periciar la moto de su hija: aunque la libreta de propiedad estaba en su billetera, nadie lo había notado. A una de sus tías, la Policía le entregó joyas halladas en la escena. Seis días después se las pidieron para analizarlas.

Nadie les dijo a los Pérez que desde el NCPP las víctimas tienen derecho a tener un abogado. Esto les duele. Creen que con un patrocinador al lado ese día en El Ejido las cosas habrían sido distintas. Pero, aunque Jorge Pérez es peón y cobra $ 19.000, no puede acceder a un defensor porque heredó una tierra improductiva y el servicio de Defensoría deja afuera a los que poseen "bienes de fortuna".

Fuera de Montevideo no funciona el Consultorio Jurídico de la Udelar y la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, que atiende a quienes cobran hasta $ 30.000. Esto, dice Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, "es un enorme debe que tenemos con las víctimas". Esto, dice Juan Williman, encargado del Consultorio, "es desesperante". "Los topes de Defensoría son irrisorios. Uno de los derechos fundamentales de las víctimas es el acceso al asesoramiento gratuito y acá se ata a su nivel económico. Un imputado, tenga o no recursos, accede a un defensor; la víctima, en cambio, no".

La familia Pérez no quiere venganza, quiere justicia. Por eso le pidió a la periodista Laura Vaz, que conduce el informativo del único canal y un periodístico radial, que cada vez que entreviste a un político le pregunte por el caso de Daniela. Ella cumple. Pregunta por Daniela, por Rocío, por Lourdes Carolina, por Nibia y por Laura. Pero la respuesta siempre es que no tienen conocimiento de los casos. Ni siquiera el fiscal de los dos homicidios, Maximiliano Sosa, le ha respondido.

Para este informe Sosa sí contestó. "Se están siguiendo en ambos casos varias líneas de investigación", excusó para no responder preguntas concretas. Los Pérez redactaron una carta para el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Quieren pedirle que eche una mirada sobre el caso de Daniela.

—Es la única esperanza que tenemos.

Tras el asesinato de Vanesa, la Unidad de Víctima y Testigos ubicó a sus seis hijos con los familiares que les quedaban, pero en algunos casos la adaptación no funcionó. La abogada Falco decidió hacerse cargo de los dos mayores, otros tres quedaron con sus padres y el menor, cuyo progenitor se había suicidado, pasó a vivir con la psicóloga que lo trataba. Este pequeño, de cinco años, perdió un ojo cuando tenía tres. Los médicos dicen que recibió un golpe fuerte. De acuerdo al relato de los niños, todas las parejas de Vanesa fueron violentas menos el padre del más chico.

En este pueblo no se oculta nada, menos el maltrato y el abuso sexual de menores. Cada día el INAU recibe unos 30 oficios de posibles casos de vulneración de derechos. Deberían ser más. "La realidad no va de la mano con las denuncias, y menos con las formalizaciones", dice Falco. En el hospital las autoridades responden con dos palabras: "son permanentes", sobre todo en las localidades donde los servicios llegan poco.

También sucede que cuando se sabe, se calla. "Hay temor a enfrentar al Poder Judicial, a no tener la prueba, entonces no denuncian y hacen una mesa focal, y otra mesa interinstitucional, y elevan informes, y mientras a los niños los están abusando ya", se indigna Falco.

El año pasado ingresaron al INAU tres niñas a las que su madre prostituía. Dos de ellas tienen el sistema reproductivo dañado de tanto abuso. Para Falco, esta mecánica explicaría el alto número de suicidio juvenil en Treinta y Tres. Para Darío Moreira, director departamental del INAU, esta mecánica explicaría parte de la cantidad de niños institucionalizados.

Son 18 los menores en el hogar infantil (llegaron a ser 27), 15 en el hogar femenino y ocho en el masculino. Mientras que los menores "en contexto", es decir, que asisten a diario al INAU pero duermen en sus casas y tiene un seguimiento semanal, son 57.

Rocío había ingresado al INAU el 23 de mayo de 2017 por orden de un juez. En el centro juvenil al que asistía había llegado el rumor de que podría estar siendo víctima de explotación sexual. Tras algunos meses, cuando la adolescente y su familia solicitaron el reintegro, los técnicos evaluaron los riesgos. No se había confirmado la sospecha de explotación, todos los indicadores señalaban que Rocío era funcional y se inició el trámite de egreso. Antes de que el juez se expidiera, comenzó la atención en contexto. Cada día el INAU llevaba a Rocío a la UTU, de ahí a los talleres en el centro educativo y a las 18 horas la dejaban en la casa de sus padres.

Cuando la mataron, la prensa publicó que Rocío pasaba las noches en casas de amigas. Su madre lo niega. El INAU no controla dónde duermen porque "la patria potestad sigue en poder de los padres", dice el director departamental. "De haberlo sabido hubiera sido reingresada", aclara. Su hermana Belén cuenta que Rocío se fugaba del INAU porque no quería estar allí, pero jura que no se prostituía. Sin embargo, el rumor que circula es que trabajaba en whiskerías. La abogada Falco cree en esta sospecha y opina que hubo responsabilidad del Estado. "A esta niña la entregó el sistema y la mató otra persona", dice. Ella asegura que hubo técnicos que se opusieron a que Rocío volviera al hogar. Gurises Unidos, que trabaja con los técnicos que tomaron esta decisión, respalda al INAU y confirma que la evaluación de Rocío era positiva. Aun así, Fernanda Caballero, de esta ong, asume que algo falló. "La explotación sexual puede ser invisible. Se necesita mucho tiempo para probarla".

En uno de los zapatos de Rocío se encontró un papel. En el papel había un número de teléfono. El dueño del teléfono también conocía a Daniela.

No se sabe más.

El Facebook de Rocío sigue abierto. Hasta hace unos días había fotos con decenas de comentarios de hombres que elogiaban su belleza. Ella no les respondía. Algunos amigos le escribieron por su cumpleaños. Su hermana Belén sigue compartiendo fotografías de ellas en el río, en la plaza, con sus otros hermanos.

Del que era su novio no hay mensajes. Dicen que no fue al velorio ni al entierro.

Verónica, su mamá, no les contó a sus hijas menores cómo murió su hermana. Pero en este pueblo no se oculta nada. En la escuela, niñas y niños de ocho, nueve y 10 años les dieron los detalles. Les dicen que a Rocío la mataron por puta.

La ruta que conduce a la explotación sexual

Las denuncias crecen en Treinta y Tres porque los ojos de las instituciones les están encima. En 1992 se creó la Oficina de la Mujer y la Familia, la primera de este tipo en una intendencia del interior. Luego, en 2015 desembarcó Inmujeres, que sumó a su servicio el patrocinio letrado, fundamental para concretar las denuncias en la comisaría o ante Fiscalía. La abogada Marcela Falco cuenta que muchas veces las mujeres parten con notas donde les detallan cómo hacer la denuncia, porque todavía hay desconocimiento en cuanto a cómo proceder. Por otro lado, desde 2014 la ong Gurises Unidos trabaja junto al INAU (donde a su vez funcionan otros equipos) en el proyecto En ruta, que orienta y capacita a los técnicos de la zona, y visita los territorios para captar situaciones de abuso y explotación sexual. Tres años atrás hicieron una investigación para caracterizar cuál era la ruta de las menores explotadas. Concluyeron que la edad más crítica es entre los 13 y 15 años, y que la gran mayoría fueron previamente víctimas o testigos de violencia doméstica y, además, están vinculadas a personas que circulan por los circuitos de prostitución. El INAU creó recientemente una figura referente para que articule los distintos servicios y gestione la presencia en territorio. Es una buena noticia, pero a Treinta y Tres todavía no llegó.

El 1° de febrero ingresarán 23 técnicos a la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía que serán repartidos en el interior del país. Según informó su directora, Mariela Solari, está previsto que todas las sedes estén cubiertas con presencia de psicólogos y trabajadores sociales que deberán asistir a las víctimas que quieran formar parte del proceso penal. Esta figura existe desde que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, que les da por primera vez una participación. Esta unidad es también quien lidera el gabinete que coordina políticas para las víctimas. Tiene previsto para 2019 plantear la modificación de algunos mecanismos para las pensiones que otorga el Banco de Previsión Social así como la ampliación del servicio que brinda Defensoría.