JUSTICIA Y PODER

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¿Quién es Jorge Díaz? ¿El empleado público más poderoso? ¿Un defensor de las víctimas? ¿Un fiscal que obedece a intereses del Frente Amplio? Entre rumores, teorías y acusaciones, el fiscal de Corte enfrenta un pedido de destitución por parte de dos legisladores de Cabildo Abierto, el diputado Eduardo Lust y el senador Guillermo Domenech. La raíz: una investigación administrativa que ordenó a Natalia Charquero, la fiscal de Carmelo que archivó el caso del exintendente de Colonia, Carlos Moreira. “Fue la gota que rebalsó el vaso”, dijo Domenech al salir del edificio de Presidencia el sábado, tras reclamar su destitución.

Enseguida aparecieron los fantasmas del pasado. La vieja teoría sobre la vinculación de Saúl Feldman con los tupamaros —caso que Díaz archivó, y que se volvió a abrir y otra vez a archivar años después—, una supuesta filtración a Presidencia sobre la condena al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al expresidente del Banco República, Fernando Calloia, por el caso Pluna, y hasta la militancia política que tuvo en su juventud volvieron a las redes sociales y a las declaraciones de los parlamentarios. Incluso se llegó a presentar un proyecto de ley para instaurar un colegiado que dirija la Fiscalía, en lugar de que el “superpoder” se concentre en un solo funcionario.

“Podría despertar suspicacia la anterior militancia política”, señaló Domenech en referencia a que Díaz fue militante del Partido Comunista cuando tenía 20 años. Para Lust, en tanto, “es claro” que lo que el fiscal ejerce es una persecución política. Y para él es tan grave la situación que incluso sugirió a su partido abandonar la coalición en caso de que Luis Lacalle Pou no lo destituyera del cargo.

Pero este problema no es de ahora, viene de hace varios años, y para entenderlo hay que viajar al pasado, a cómo Díaz se convirtió en el fiscal “superpoderoso” que los cabildantes rechazan.

El caso Feldman fue “su salto a la fama”, señala una fuente cercana al fiscal, que atribuye su éxito a una personalidad y un carácter definidos y la capacidad de liderar equipos.

Uno de los principales hitos de su carrera seguro fue esa noche del 30 de octubre de 2009 —entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones de ese año, las que terminó ganando José Mujica—, cuando un incendio en una casa en Aires Puros dejó al descubierto un poderoso arsenal, propiedad del contador Feldman. Su obstinación en un enfrentamiento con la Policía, un trastorno psicológico y su resistida muerte fueron los ingredientes para que el caso fuera digno de una serie.

En ese entonces Díaz se desempeñaba como juez de Crimen Organizado. El origen del centenar de armas y más de mil granadas nunca pudo esclarecerse y, pese al gran escándalo que se generó y al estado público que tomó el tema, Díaz archivó el caso sin ninguna pista.

Se desarchivó en 2014 a pedido de la Suprema Corte de Justicia. La jueza Adriana de los Santos fue quien ordenó abrirlo, pero hoy no tiene recuerdos del caso. “No me animo a decirle nada porque no me acuerdo si estaba yo cuando la Fiscalía volvió a pedir el archivo. No puedo acordarme”, señala De los Santos a El País.

Para Díaz “era un caso hermoso en el contexto inadecuado", según señaló a El País en 2017. "Para mí sigue siendo un enigma”, agregó.

No obstante, fuentes cercanas a Díaz señalan que fue el procesamiento de la exjueza Anabella Damasco, dos años después, lo que allanó el terreno para su ascenso y le hizo ganar prestigio. Damasco presidía la Asociación de Magistrados del Uruguay y era ministra de un tribunal de apelaciones penal, lo que implicaba una jerarquía mayor a la que tenía Díaz en ese entonces. Su delito: apropiación indebida de dinero del Estado.

“Haber investigado, juzgado y procesado a una colega que era la presidenta de los jueces tenía un peso personal e institucional muy fuerte. Llevó a cabo esa investigación con gran éxito y eso marcó en gran medida su carrera”, señala una fuente cercana al fiscal.

Pero mucho antes, cuando Díaz se desempeñaba en Paso de los Toros, tuvo un caso similar. Cuando tenía 30 años procesó al juez de paz de la localidad por hechos algo parecidos a los de Damasco: apropiación indebida, aunque por menos dinero.

Su capacidad de liderazgo, en tanto, se vio reflejada en su paso por Crimen Organizado, según dicen quienes lo conocen. La jueza Graciela Gatti fue compañera de Díaz en esos años. “Suena a mucho que una misma lo diga, pero creamos una nueva forma de trabajo”, comenta.

En ese entonces —año 2009— la vigilancia electrónica que permitía interceptar e-mails y mensajes de texto era relativamente nueva en el país. Y Gatti sostiene que juntos lograron establecer “una nueva forma de trabajo” con estos elementos.

Durante su paso por Crimen Organizado —además de los casos Feldman y Damasco—, Díaz fue el primero en lograr un procesamiento por el delito de lavado de activos del narcotráfico. También colaboró con la investigación de Alberto Nisman —el fiscal encontrado muerto en Argentina en 2015— sobre el atentado a la AMIA en Buenos Aires. En aquel entonces investigó y brindó información sobre una casa en Parque Batlle que fue comprada por la Embajada de Irán en 2006, donde meses antes del atentado había vivido Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires y uno de los acusados por Nisman de perpetrar el atentado.

Su periodo en Crimen Organizado culminó con el caso Damasco, y poco tiempo después, en abril de 2012, Díaz fue designado fiscal de Corte por el presidente Mujica, lo que luego fue apoyado por unanimidad en el Parlamento.

Con esa designación llegaron los compromisos: lograr la autonomía de la Fiscalía—que hasta 2015 era un órgano del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)—, reformar los estatutos, establecer concursos para ingresar y ascender y finalmente instaurar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP); es decir, pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, poner a la víctima en un lugar de privilegio en la investigación.

Por esto último, Graciela Barrera, la cara visible de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), ve a Díaz como un acérrimo defensor de las víctimas. “Todo lo que ha creado con la Unidad de Víctimas y Testigos es fundamental para nosotros. Antes de eso no existía nada”, señala.

Cuando le preguntan sobre su cercanía con las víctimas, Díaz, que sufrió el asesinato de su exesposa y madre de sus dos hijas mayores en 2016, no niega su empatía con quienes han vivido situaciones parecidas. Durante su licencia tras el hecho escribió una carta de renuncia que nunca llegó a entregar.

Tras la aprobación de la ley 19.334 en 2015, la Fiscalía se descentralizó. Pasó de la órbita del MEC a tener un domicilio propio y la figura del director general. Díaz volvió al Parlamento que una vez más lo colocó en el cargo.

“Había que aceptarlo otra vez como el fiscal que quedaba. Eso marca una continuidad en el apoyo político que se cristaliza en la votación de la reforma (del CPP), que fue prácticamente por unanimidad. Eso también viene a robustecer su gestión porque él fue el gran impulsor. La reforma se hizo bajo el liderazgo de la Fiscalía”, señala una fuente del organismo. “Más allá de los apoyos del Poder Judicial en su momento y del sistema político —porque no hay reforma sin ley—, la reforma fue a impulso de su gestión”, agrega.

 Pero la ley y el nuevo código tienen detractores que se han hecho oír, y más aún en estos días. El exfiscal Enrique Viana es uno de ellos. Él acusa a Díaz de “eliminar la independencia de los fiscales”. Con la aprobación de la ley en 2015 “nos hicieron creer que por ser un servicio descentralizado iba a tener más autonomía, pero pasó todo lo contrario”, denuncia.

“Se sometió a los fiscales a instrucciones, dejaron de ser independientes”, comenta el exfiscal, que asegura que reciben órdenes directas desde la dirección.

No obstante, según la ley, las instrucciones a fiscales deben ser aprobadas por el Consejo de Instrucciones, que está integrado por el Ejecutivo, la Asociación de Fiscales, la Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados y el fiscal de Corte.

Una fuente de Fiscalía retruca: “Independencia técnica siguen teniendo. Y a las instrucciones generales se pueden presentar objeciones”.

Por su parte, el exfiscal y diputado Colorado, Gustavo Zubía, relató ayer a El Observador que, cuando formaba parte de las comisiones en representación de la Asociación de Fiscales, los integrantes del Consejo “estaban cien por ciento de acuerdo con las manifestaciones del fiscal de Corte”, quien siempre tenía “la sartén por el mango”. Por esto, tras el pedido de destitución de Díaz, Zubía presentó un proyecto de ley con el objetivo de conformar un triunvirato que dirija la Fiscalía.

Dice el proyecto: “El Directorio será presidido por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Se integrará, además, por dos Fiscales Letrados con sede en Montevideo, que serán designados por el Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, para desempeñar durante el período de gobierno correspondiente”.

Ese es otro contraste con la ley vigente, donde el fiscal de Corte se desempeña durante 10 años, es decir, trasciende a los gobiernos. Esto se hizo así para que hubiera una independencia con los gobiernos de turno, advierten desde la Fiscalía.

En la exposición de motivos, Zubía señala que el fiscal de Corte “centraliza en su competencia una capacidad de dirección muchísimo mayor que los fiscales de Corte de la época en que la Fiscalía era una unidad ejecutora del Ejecutivo. Así las cosas y a la luz de diversas actuaciones, se observa que dicha concentración en manos de un único jerarca, en un órgano unipersonal, no parece oportuna”.

Sin embargo, los defensores del nuevo sistema señalan que una autoridad única al mando de una institución como la Fiscalía General de la Nación necesita una autoridad clara. “Los fiscales generales en el mundo son personas muy poderosas. En España dictan instrucciones generales y particulares. Eso acá no pasa. Venimos de un sistema anterior que era feudal, estábamos llenos de feudales donde cada uno hacía lo que quería. Hasta el hecho de ir o no a trabajar era un tema de independencia técnica”, señala un fiscal.

Algunos sectores claman por la destitución de Díaz y el presidente de la República opta por la prudencia de callar. Pero no depende estrictamente de uno ni de otro que el fiscal de Corte sea desplazado de su cargo. En principio, se necesita el mismo aval que lo llevó a ocupar la dirección. Esto es: el sí de Lacalle Pou —en caso de que el fiscal de Corte haya incurrido en “ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución”, dice la Constitución—, y la venia de tres quintos del Senado.

No obstante, Lust dice que hay otra forma de destituir a Díaz. Advierte que los artículos 197 y 198 de la Constitución habilitan al Ejecutivo a suspender el procedimiento disciplinario y “destituir al fiscal”. Según el artículo 197, si hay una ilegalidad en la gestión de Directorios o Directores Generales, como lo es el fiscal de Corte, el Ejecutivo puede observar sus actos. Si las observaciones son desatendidas, puede disponer “las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso”.

De todas formas debe comunicarse cada paso a la Cámara de Senadores, que resolverá el asunto. Si esta no se expidiera en 60 días, dice el artículo 198, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución: “Cuando lo estime necesario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá reemplazar a los miembros de Directorios o Directores Generales cuya venia de destitución se solicita”, dice el artículo.

En la práctica, Cabildo Abierto necesita reunir los votos de los 18 representantes de la coalición y también algunos del Frente Amplio, lo que parece improbable.

En tanto, en la Fiscalía hay “tranquilidad”, dice un funcionario. Se sigue trabajando “como siempre”, tanto en Montevideo como en el interior. El alboroto del sábado no entró en los edificios. Díaz guarda silencio. También lo hacen los fiscales críticos con la forma en que se implementó el CPP. No obstante, tanto las personas cercanas a él como sus críticos lamentan que se haya “politizado un tema que nunca debió ser político”.