CAMBIO DE PLAN

La deuda que desafía las reglas

Un grupo de 23.000 deudores del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda piden modificar las condiciones de su préstamo porque ya no lo pueden afrontar. Tienen a su favor un fallo de la Institución de Derechos Humanos y tres proyectos de ley los contemplan.

La gerencia del BHU se excusó de hacer comentarios. Solo dijo que ofreció una solución que pocos aceptaron. Foto: Archivo El País
La gerencia del BHU se excusó de hacer comentarios. Solo dijo que ofreció una solución que pocos aceptaron. Foto: Archivo El País

Los ahorristas se quejan. Denuncian un tratamiento injusto. Lo hacen ante la Justicia y en el Parlamento. Legisladores, tanto opositores como oficialistas, los escuchan. Creen que, en algún punto, tienen razón, y que hay que buscar una solución para ellos. Son los que pidieron préstamos al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) hace años —algunos muchos, muchísimos, por lo menos desde antes de la crisis de 2002— y sostienen que hay un trato injusto hacia ellos.

Desde 1968 y hasta 2007 los préstamos se pagaban en Unidades Reajustables (UR), y de ahí en más pasaron a abonarse en Unidades Indexadas (UI), pero para quienes se endeudaron antes las reglas siguen siendo las mismas. La diferencia de dinero es sustancial. En un proyecto de ley presentado días atrás por el senador nacionalista Luis Alberto Heber se expone lo siguiente: si una persona pagaba $ 5.000 de cuota en 2004 y se le hubiera aumentado la cuota junto con el crecimiento de la UI, hoy estaría abonando $ 12.876; pero como esto no es así, y la cifra fue creciendo atada a la UR, paga $ 20.318. La diferencia se explica porque mientras la primera se ajusta por inflación, la segunda lo hace por el índice medio de salarios.

Heber expuso que 23.000 personas están en esta situación; son deudores del BHU y de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV). El grupo de deudores del BHU se creó en 2012, comparte experiencias en redes sociales y se ha movilizado más de una vez en la entrada del banco. Yamandú Rodríguez, que a veces hace de vocero de los "damnificados", afirma que la institución los "maltrata" y que cada vez que alguien va a decir que no puede pagar le aclaran que el BHU "ya no cumple una función social", que "esas son cosas del pasado". Rodríguez entró al grupo en 2012. A fines de 2015, al fin, pudo pagar su casa. Sin embargo dice "seguir luchando" por sus "compañeros".

¿Qué es lo que quieren? "Algo, que cedan en algo", responde Rodríguez. No pide que le perdonen la deuda sino que, "por lo menos", todo lo que se haya generado desde 2007, cuando cambiaron las reglas de juego para quienes solicitan préstamos, se pase a UI. Y "si no es desde 2007, que es lo justo, por lo menos que sea para lo que se genere de aquí en adelante", agrega.

"Yo siempre fui funcionario del banco, entonces me descontaron desde siempre, me descontaron adelantado, nunca dejé de pagar. Yo pagué mi casa, obligado, sin atrasos. En 2002, con la crisis, tuve que pedir refinanciar, entonces en vez de terminar de pagar en 2013, como estaba previsto, terminé en 2015. El 31 de diciembre de 2015", dice y suelta un suspiro de alivio, como quien se acaba de sacar un enorme peso de encima. El préstamo que pidió fue de US$ 28.000. Demoró 19 años en pagarlo. Su caso, dice, "no es el más dramático". Y tiene razón.

Deudores: Gimena Bas, Enrique Peretti y Matías Moreno, tres de los disconformes. Foto: M. Bonjour
Gimena Bas, Enrique Peretti y Matías Moreno, tres de los disconformes. Foto: M. Bonjour

Los más dramáticos.

Cristian Arnefelt tiene 55 años, es ahorrista desde hace 30 y pidió un préstamo hace 23. El plan original era pagar por 20 años y a partir de ahí empezar a ser parte del "selecto grupo" de los que tienen casa propia. Pero en 2002, con la crisis, tuvo que refinanciar.

"El problema es que los préstamos son muy largos, y mientras va pasando toda tu vida, puede cambiar tu contexto laboral y familiar", dice, y arranca a contar su historia: "Yo era vendedor, le ofrecía a la gente emergencia móvil, que en ese momento había muchos que no tenían, pero vino la crisis y las ventas cayeron. Con mi señora tuvimos que elegir. Nuestros hijos iban a un colegio privado: o los sacábamos del colegio o dejábamos de pagar. Decidimos lo que teníamos que decidir. No queríamos que nuestros hijos pagaran el precio de la crisis". Y esta no fue la única refinanciación. Hace dos años se quedó sin trabajo y hace poco volvió a conseguir. Gana $ 16.000 al mes. Debería pagarle $ 18.000 al banco, pero paga $ 9.000, por eso va a demorar mucho más en liquidar la deuda. El apartamento está en el barrio Cordón.

Alberto Reboaur tiene 84 años, es ahorrista desde hace 34 y pidió un préstamo hace 30. Va a terminar de pagar en 2024, cuando tenga 90. "Son 20 años más de lo que tenía previsto", se lamenta, y dice que "el gran problema es que el colgamento es más que la deuda".

El colgamento es todo eso que no pagó y que el banco lo insta a pagar al final. Tiene una jubilación de $ 10.229 y la cuota es de $ 21.016. Dice que se la paga uno de sus hijos. "Yo no estuve pagando, en el año 2000 no pagué durante meses, y estuve haciendo convenios. Pero no creo que sea justo que nosotros paguemos el precio de la crisis", sostiene. Al tiempo que considera "injusto" que algunos —los que pidieron préstamos después de 2007— paguen en UI y otros lo hagan en UR.

El caso de Matías Moreno es un poco más atípico. Tiene 24 años y está pagando una deuda que se contrajo cuatro años antes de que naciera. Su padre falleció hace un par de años en un siniestro de tránsito, atropellado por un hombre que iba alcoholizado. "Yo en ese momento no trabajaba, mi madre era ama de casa, fuimos al banco a buscar una solución", recuerda. Dice que cuando fue, le dijeron: "Este ya no es un banco social, este es un banco comercial". Y que la oferta que le hicieron fue refinanciar la cuota a 30 años y bajarle $ 3.000 por mes.

"Además me tomaron el pelo, me sobraron, se rieron de mí. Yo fui con una persona del grupo de deudores y el ánimo estuvo medio caldeado porque ya sabían quiénes éramos, y no nos podían ni ver. Me terminaron mostrando un papel y diciéndome: Mirá, esto es lo que firmó tu padre. Yo ya sabía lo que había firmado mi padre, yo fui a pedir por favor una salida, una solución". La ayuda la consiguió por otro lado: la empresa en la que trabajaba el padre "gracias a Dios" le dio trabajo y la madre pudo conseguir una pensión. Hoy la cuota la paga él: son $ 17.000 por mes. Le quedan dos años para sacarse la deuda de encima.

Enrique Peretti, de 76 años, no la sigue peleando. Ya perdió la batalla y también un apartamento en Av. Centenario. "Compré en 1998, ya hace 30 años, pero en 2000 me quedé sin laburo y se me hizo cuesta arriba seguir pagando. Fui al banco, arreglé y empecé pagando lo que podía. El banco me había prestado US$ 70.000, yo vendí el apartamento a US$ 140.000 y no saqué nada, porque con los colgamentos, los intereses, las cuotas que me iban metiendo y el precio de la UR… al final estaba pagando $ 19.000, por un apartamento por el que un alquiler no sale más de $ 13.000", cuenta.

Antes de tomar la decisión final, Peretti fue al banco. Su experiencia fue parecida a la de Moreno. "Dije que no podía pagar, les dije que era jubilado, relaté toda una historia por escrito. Me dijeron que lo lamentaban mucho, que lo único que me podían dar era otro colgamento, pero eso para mí no era una opción".

En la Justicia.

La Institución Nacional de Derechos Humanos consideró en 2013 que lo que pasaba con estos ahorristas era "injusto". Y envió un escrito a la presidenta del BHU, Ana Salveraglio, pidiéndole buscar "mecanismos que permitan la revisión de los contratos objetos de reclamo, de manera de restablecer la ecuación económica de los mismos". Además, precisó que se debía "evitar" la generación de "un enriquecimiento injusto del acreedor y una pérdida de equidad de la prestación para obtención de viviendas".

"El banco no hace declaraciones públicas sobre este tema porque hay un proceso judicial", se excusó el gerente general del BHU, Guzmán Elola. Aun así, afirmó: "En realidad el banco abrió hace tres años la posibilidad de pasar de UR a UI. Ahí, todos los que querían pasar lo podían hacer, y la realidad es que fueron muy pocos los que eligieron tomar este camino".

Rodríguez reconoce que esto es verdad y agrega que solo cinco deudores aceptaron la propuesta. Pero tiene un motivo: "Lo que pasa es que a cambio de eso nos cambiaban la categoría de deudores, nos alargaban los plazos, nos subían las cuotas, se modificaba la tasa de interés…"

Elola, en tanto, dice que "el banco siempre recibe a todos", y que "siempre se da la posibilidad de refinanciar", que "es atípico que se haga un remate" y que "siempre se busca la mejor solución". Rodríguez dice que hay 23.000 deudores que no piensan lo mismo.

Una nueva movida de los deudores ante el BHU y la ANV

Además del proyecto de ley que presentó el senador blanco Luis Alberto Heber días atrás, considerando la situación de los deudores del BHU y de la ANV, hubo tiempo atrás otros proyectos de ley que quedaron en el tintero. Uno lo presentó el Partido Independiente; otro, la lista 711 del Frente Amplio.

Esta semana, en el grupo de Facebook que nuclea a los que reclaman un cambio en las condiciones de su préstamo hipotecario, se volcó una nueva propuesta. En realidad, Yamandú Rodríguez prefiere llamarle "petición" o "recurso".

"Es una petición al BHU y a la ANV para que traten lo que había laudado la Institución de Derechos Humanos en 2013", explicó a El País. La solicitud se planteará a modo de manifestación el 20 de febrero a las 13 horas en cada uno de los organismos involucrados, según tienen planeado. "No nos va a recibir nadie", aclaró. La petición fue redactada por él y por Gustavo Firpo, otro de los deudores del grupo.

Rodríguez agregó que la nota que presentarán vuelve a poner el foco en el cambio de la unidad en la que se procesa la deuda, de UR a UI. Sin embargo, remarcó que no es el mismo contenido de ninguno de los tres proyectos de ley que se han presentado. Como ejemplo mencionó que el proyecto del senador Heber plantea crear un sistema distinto y que procura regular las condiciones de los colgamentos, algo que no se explicitó ante la Institución de Derechos Humanos. El objetivo de esta movida, entonces, será insistir con que se incorpore la recomendación (no vinculante) de dicho organismo.

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