SIN CONTROL 

Ana vio el sobre con el logo de la Intendencia de Montevideo debajo de su puerta y lo tomó de inmediato. Era una notificación que advertía que su auto había cruzado con luz roja en 18 de Julio a la altura de Yaguarón. Debía pagar una multa de $ 5.500. Sabía que ella no había sido, así que empezó a buscar al culpable. Les preguntó a su esposo y a sus tres hijos si había sido alguno de ellos. Todos le juraron que no. Entonces, se dispuso a mirar de vuelta el papel de la intendencia. La multa en realidad había sido cometida por un auto Citroen Saxo que ella había vendido hacía ocho años. ¿Cómo podrían haberse equivocado así?

Fue a la intendencia y explicó la situación. La atendieron sin sorpresa. Lo que le había pasado era asunto de todos los días. “No pague”, le dijeron a Ana y le indicaron cuál era el trámite que debía hacer para desligarse del viejo auto. El procedimiento se llama “motu propio” y a través de él una persona puede declarar que un vehículo ya no le pertenece.

Son miles los autos que circulan con libretas viejas, y que figuran en las bases de datos de los 19 departamentos del país como pertenecientes a personas que, en realidad, los vendieron hace años. Así lo confirma César García Costa, consejero del Congreso de Intendentes y coordinador del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

El problema es que “desde hace 100 años” se usa la misma base de datos. “La gente vende y no hace el traspaso. Hacen la compraventa ante un escribano pero no notifican a las intendencias”, advierte el jerarca. La dificultad se da con los autos usados, puesto que cuando alguien compra un 0 km la base de datos se actualiza al hacer el trámite de empadronamiento.

García Costa, sin embargo, reconoce que el problema es grande. En Uruguay se calcula que hay 1.500.000 autos. De estos, “213.000 son solo vehículos de los años 1992 a 1999; todos esos, por ejemplo, están fuera del sistema en caso de que los hayan comprado hace años y no hayan ido a la intendencia a hacer el trámite”.

El pasado jueves García Costa tuvo una reunión con representantes del Colegio de Escribanos del Uruguay para informarles sobre esta situación y de los pasos que se llevarán adelante para solucionarla. Por un lado, les pidió que informen a sus clientes sobre la necesidad de hacer el trámite sí o sí en las intendencias; por otro, les dijo que en breve el Congreso de Intendentes lanzará una campaña para que las personas que hayan vendido un auto y no hayan avisado a las comunas departamentales, lo hagan. “Se les va a dar un plazo de prácticamente un año para desvincularse de los autos que no les pertenezcan”, señala García Costa.

En el caso de Ana, por ejemplo, el Citroen Saxo que ella vendió en 2012 fue comprado por una persona que luego lo vendió nuevamente. O sea que la intendencia no registró a ninguno de los dos dueños que lo tuvieron después de ella. Para que la comuna cobre la multa deberá primero localizar al segundo dueño del auto, pero luego llegar —con suerte— al tercero y responsable. El proceso es engorroso y García Costa advierte que por eso “no se hace”. O sea, cuando una multa se notifica al antiguo dueño de un vehículo nadie paga por ella.

Jorge Martínez De Boni, director de Auto Data, una firma que trabaja en consultoría y asesoramiento profesional en automotores, advierte que “lamentablemente” la situación que vivió Ana “es muy común”. Y añade: “A mí me pasó. Me cayeron multas de autos que había vendido hace 10 años. Me calenté, llamé a los tipos a los que les había vendido los autos, me decían ‘yo después voy’, y después no iban nada. La gente lo único que hace es el título de propiedad, que es lo que certifica legalmente que el auto es suyo. Luego de esto hay que ir a la intendencia y hacer la transferencia. Ese trámite no lo hace casi nadie porque la gente no quiere gastar, porque la mitad de las veces se olvidan, o no le dan importancia, porque no tiene ningún tipo de sustento legal”.

Ignacio Paz, de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), opina también que estos trámites a veces no se hacen porque “generan gastos”. El costo del traspaso es de $ 1.202, pero Pérez advierte que “cuando uno vende un vehículo como corresponde también debe hacer una inspección técnica, y eso genera otros costos y dificultades”.

En tanto, Ricardo Arotxarena, de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automóviles (Ascoma), deslinda cualquier responsabilidad de las automotoras en este tema, dice que esto ha implicado un gran problema para ellas y añade que antes de la creación de Sucive —a fines de 2011—, la transferencia de los vehículos se hacía automáticamente. “Esto lo complicó todo; hemos presentado propuestas para que se vuelva para atrás”, señala.

Arotxarena sostiene que uno de los problemas está en que las personas deben esperar unos 30 días para que les den el título y poder presentarse finalmente con este a las intendencias. “Pasa el tiempo y la gente se olvida”, señala.

El representante de Ascoma, asociación que aglomera a 170 automotoras, dice que muchas empresas debieron poner personal específico para ayudar a sus exclientes a desligarse de sus viejos autos. La automotora en la que él trabaja hizo cinco transferencias en la última semana.

La base de datos del Sucive da cuenta de que en 2019 las intendencias recibieron $ 1.380 millones por multas, más de US$ 39 millones. A esto hay que sumarle las de Policía Caminera —que también se cobran a través del Sucive, pero son fondos que van al Ministerio del Interior—, que fueron $ 110 millones más, equivalentes a algo más de US$ 3 millones. O sea, en total se trata de US$ 42 millones. “La mitad va para Montevideo y la otra mitad para los otros 18 departamentos”, dice García Costa.

El jerarca sostiene que para calcular de cuántas multas estamos hablando hay que dividir la cifra por $ 6.000, que es el promedio del costo del total de las multas. De esta manera estaríamos hablando de 230.000 multas pagas a las intendencias y unas 18.000 a Interior. De todos modos, alerta que estos datos del Sucive no pueden considerarse como el total multas que se ponen, puesto que solo se trata de las que fueron pagas.

—¿Y cuántas multas se ponen?

—Él sistema no da ese dato, pero calculamos que cobramos la décima parte.

—¿Cómo llegan a este número?

—Porque la gente paga solo cuando no tiene más remedio, cuando va a hacer un trámite en la intendencia o va a cambiar la libreta. A veces ni se enteran de la multa porque no los notifican.

—Pero, ¿no hay que pagar las multas si se quiere abonar la patente?

—Sí, pero esas son solo algunas. Si hay un exceso de velocidad se registra el auto y se le pone la multa al propietario, pero si la multa le llega a otra persona (como en el caso de Ana), ya no se cobra. Después están los casos en que se detiene a los conductores, por ejemplo en los controles de alcoholemia, que se para el vehículo pero la multa se le debe poner al que va manejando por su cédula de identidad, no al auto. En muchos casos el que maneja no es el dueño del vehículo.

García Costa dice que tampoco se cobra en caso de multas que tardan en ser subidas al Sucive. Días atrás, por ejemplo, Policía Caminera subió al sistema multas del año 2014. La nueva ley de tránsito que se aprobó el año pasado advierte la prescripción a los cinco años, o sea que esas personas no están obligadas a pagar.

El problema de multas que llegan a quienes no las cometieron es un dolor de cabeza para las empresas de autos de alquiler. En este caso sí las infracciones son cobradas a los dueños originales de los vehículos, pero muchas veces quienes las cometieron ya se encuentran fuera del país.

Desde la Asociación de Arrendadores de Autos (Asara) denuncian que el Sucive tarda hasta dos meses en subir las multas al sistema. “Hoy por hoy es imposible cobrarle la multa a un turista. El Sucive demora y cuando la persona se va, las tarjetas de crédito ya no te permiten cobrarle. Lo que hemos tratado de explicarles a las autoridades es que el auto por sí solo no infracciona, el que infracciona es el conductor”, señala Javier Franco, de Asara.

Esta semana Franco tuvo una reunión con García Costa. En ella se acordó que las firmas arrendadoras envíen al Congreso de Intendentes las chapas de los casi 10.000 autos de alquiler que hay en el país (y que forman parte de Asara). Con esto se generará un registro y en los casos de que haya una infracción por parte de alguno de estos vehículos, la contravención —el paso previo a la multa por el que los usuarios tienen 10 días para apelar— subirá al sistema en menos de 24 horas. Si el Sucive se demora, la multa no se cobrará.

Franco dice que confía en que esto puede solucionar un problema que, advierte, los tiene “desbordados”. Sostiene que no tiene cifras procesadas, pero que las multas que estas firmas pagan son muchas. Y que “se han dado casos hasta de multas por alcoholemia” que debieron ser abonadas por las empresas.

 García Costa advierte que en breve se dejará de multar a los autos y se pasará a ir siempre contra las personas, a través de sus cédulas. Se está diseñando un software que servirá para que los dueños de los vehículos puedan registrar a los conductores habilitados. Una vez por día podrán cambiar los nombres. En casos en que se les ponga una multa y no se pare el vehículo —por máxima velocidad captada por un radar, por ejemplo—, los dueños deberán decir quién iba manejando y a esa persona se le cobrará. También se está diseñando un sistema para que la contravención se informe de inmediato por celular a los conductores.

El coordinador del Sucive sabe que en un principio esta política no llevará a grandes cambios, puesto que es posible que en grupos familiares ningún propietario denuncie a otro de los habilitados —hijos, esposo, etc.—, pero supone que una vez que se ponga en práctica la libreta por puntos, esto va a cambiar. “Cuando esto pase puede ser que algún propietario asuma una multa que no es suya, pero si lo hace también va a tener que asumir que se le bajen puntos de su libreta”.