El lunes, con la reunión protocolar entre el presidente de la República Tabaré Vázquez y el presidente electo Luis Lacalle Pou, comenzó formalmente la transición.

Ambos estuvieron acompañados por parte de sus equipos y Luis Lacalle Pou anunció en la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva dos nombramientos relevantes: el senador Álvaro Delgado será el secretario de Presidencia y el abogado Rodrigo Ferrés será el prosecretario.

Ayer se realizaron las primeras reuniones bilaterales por temas, encabezando la de economía Azucena Arbeleche por el nuevo gobierno y Álvaro García por el actual, así como otra entre los secretarios y prosecretarios de presidencia de ambas administraciones. Luis Lacalle Pou destacó la actitud de Vázquez y la buena disposición del gobierno saliente, cumpliendo con la tradición nacional de una transferencia de poder pacífica y civilizada.

Sin embargo, la paz no duró demasiado y, al mismo tiempo que el lunes todo era risas en el piso 11 de Torre Ejecutiva el Ministro de Industria Guillermo Moncecchi anunciaba en planta baja que no habría incremento de tarifas en enero. Esta decisión, que va en el sentido correcto de ir disminuyendo los costos que pesan sobre la producción nacional y la vida de los uruguayos, debe sin embargo encuadrarse en el momento fiscal que vive el país y en la asunción de responsabilidades correspondiente.

Este anuncio coincide con el informe de la calificadora de riesgo Fitch que anuncia que el próximo gobierno deberá encarar con velocidad una disminución del déficit fiscal de 2,5%, un monto relevante de unos 1.500 millones de dólares. Es evidente que el manejo fiscal de las administraciones del Frente Amplio ha sido extraordinariamente irresponsable y ese es el marco en que debe analizarse todo este asunto. El gasto público no ha parado de crecer en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio a un ritmo aún mayor del que aumentaron los ingresos del Estado, que también se incrementaron sustancialmente, especialmente en el período de bonanza hasta el año 2014.

Otro apunte de la realidad es que el Frente Amplio utilizó los incrementos de tarifas públicas como instrumento de la política fiscal, incrementándolas cada enero, algo que se había vuelto costumbre. El anuncio de no incrementar las tarifas a dos meses del cambio de gobierno con un déficit y deuda crecientes, producto de la incompetencia de los equipos económicos frentistas, tiene una clara intencionalidad política de complicarle la vida al próximo gobierno. Dado que la cifra que se estima se dejará de recaudar ronda los 400 millones de dólares, es evidente que se intenta ponerle un palo en la rueda con toda intencionalidad a la próxima administración desde su mismo comienzo.

El déficit fiscal bien medido, sin tomar en cuenta los ingresos extraordinarios, está en 5% del producto, el mayor de las últimas 3 décadas. La relación deuda producto se aproxima al 70% del producto. Las calificadoras de riesgo ya nos han advertido que la perspectiva para el mantenimiento de nuestro grado inversor es negativa e, ignorando olímpicamente la realidad que han generado, el Frente Amplio intenta dejar la casa prendida fuego antes de abandonarla, olvidándose de que se trata de nuestra casa común, y de que el interés nacional debería estar antes que los mezquinos intereses partidarios.

Las tarifas públicas en nuestro país son altas, evidentemente deben bajarse, pero la prudencia indica que eso debe acompasarse con el resultado fiscal. Que gobiernos que aplicaron cada enero tarifazos para tapar sus propios errores y desmanes, ahora cuando están por irse incurran en una actitud groseramente irresponsable, es una muestra más de que resultaron ser muy malos perdedores. El nuevo gobierno deberá encarar una reducción del gasto que nos permita desactivar a tiempo la bomba de tiempo que el Frente Amplio decidió dejarle de regalo de despedida al Uruguay. Seguramente sabrá hacerlo con decisión política y profesionalidad técnica y el país deberá agradecerle esta gestión de rescate, pero sin olvidar la irresponsabilidad de quienes quisieron llevarnos al borde del abismo y saltar.

Es tiempo, entonces, de dejar en claro la pesadísima herencia que recibe el próximo gobierno. Examinar con auditorías la gestión de cada organismo público pertinente y, sobre todo, poner manos a la obra para que el país pueda ponerse de pie. La nueva administración de Luis Lacalle Pou está en condiciones de sobreponerse a esta nueva zancadilla frentista y encarar una obra reformista para el país del siglo XXI.