En los próximos meses estaremos expectantes acerca del resultado del recurso presentado contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). 

Si se confirma que se alcanzaron las firmas necesarias, las energías políticas estarán centradas en la campaña para el referéndum que tendrá lugar seguramente a mediados de 2022.

Muchas veces se olvida que en estas décadas se llevaron adelante varios recursos contra leyes claves aprobadas en el Parlamento. En julio, octubre y diciembre de 1992, en la administración Lacalle Herrera (1990-1995), se votó sobre la llamada ley de empresas públicas, hasta que ella fue finalmente parcialmente derogada. En la administración Sanguinetti (1995-2000), en marzo y junio de 1998, la izquierda procuró un recurso contra la ley de regulación eléctrica, sin éxito; luego, en setiembre de 1998 y enero de 1999, intentó lo mismo contra la ley de promoción de inversiones, y también fracasó. Bajo la administración Batlle (2000-2005), en febrero de 2001 la izquierda buscó impugnar 13 artículos de una LUC, pero no logró el 25% necesario para ir a referéndum; luego la emprendió contra la ley de asociación de Ancap, corredactada por dos senadores del (FA), y logró su derogación en el referéndum de diciembre de 2003.

Hay dos conclusiones importantes de todo esto. En primer lugar, como queda claro del proceso de la ley de Ancap que termina en 2003 y de 3 de los 135 artículos de la LUC ahora impugnados pero que el FA votó en el Parlamento, la tarea legislativa de la izquierda está supeditada a intereses electorales y de oposición que la dominan totalmente. A los representantes del FA no les importa votar algo en el Parlamento porque crean que eso sea lo mejor para el país, y seis meses más tarde contradecirse completamente para pasar a juntar firmas con vehemencia con el objetivo de derogar esas mismas disposiciones que con sus votos aprobaron. Cinismo de izquierda, se llama.

En segundo lugar, la lectura política de esta acumulación de referéndums debe dejar de lado las medidas que se plantean cada vez para ser derogadas, y centrar su atención en la instrumentalización opositora que de ese recurso de democracia directa viene haciendo la izquierda desde hace 30 años. En efecto, el referéndum se ha transformado en una especie de plebiscito de gestión del gobierno, que ocurre casi siempre prácticamente a mitad del mandato de cinco años de nuestro sistema democrático. A veces incluso, como en las administraciones Sanguinetti y Batlle, el afán obstruccionista del FA ocurre más de una vez por período de gobierno.

En este esquema y atendiendo a las movilizaciones sociales violentas ocurridas en Colombia o en Chile en estos meses, hay quienes dicen que nuestro sistema de referéndum es inteligente al canalizar por vías institucionales cualquier posible descontento popular. Empero, esa comparación es del todo errada. Primero, porque el sistema democrático tiene que poder asegurar que las mayorías electas efectivamente fijen un rumbo de gobierno legítimo, sin estar siempre amenazadas por la movilización violenta en las calles que son de inspiración fascista.

Y segundo, porque en nuestro país las elecciones son obligatorias y por tanto la legitimidad de origen del gobierno electo es enorme. Para este caso, además, los objetivos que procuran los 135 artículos de la LUC fueron anunciados en campaña electoral: lo que hace la administración Lacalle Pou es, claramente, cumplir con las promesas de campaña con las cuales fue electa.

Una democracia con buena salud no puede vivir constantemente en campaña electoral. Hay un tiempo para elegir y otro para gobernar. El recurso de referéndum que habilita la democracia directa es positivo siempre que no simplifique el debate, y siempre que no sea transformado en una herramienta que impida gobernar a quien efectivamente fue electo para ello. Máxime cuando, como en este caso concreto, la campaña de recolección de firmas profirió enormes mentiras para convencer a una parte de la ciudadanía de adherir al recurso de referéndum.

Luego de que pase este episodio, será muy importante que la Coalición Republicana que gobierna el país se disponga a evaluar el instrumento de democracia directa que nos damos. No para derogarlo. Pero sí para diseñarlo institucionalmente de mejor forma, de manera de evitar que sea desnaturalizado por el FA como lo ha hecho durante los últimos 30 años, y utilizado para intentar impedir el avance del país, siguiendo el siempre nefasto principio izquierdista de que “cuanto peor, mejor”.