Como dijo Aristóteles, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Una declaración pública siempre expresa algo más de lo que dice: retrata a la persona que la formula, sus valores y el sustrato filosófico de su proceder.

La observación viene a cuento por recientes frases de dirigentes frenteamplistas.

Ante una iniciativa tan compartible como la del ministro del Interior de sacar de la calle a los indigentes que viven a la intemperie, el diputado socialista Gonzalo Civila ha manifestado que esa medida "le aterra", aduciendo que teme que la leva forzosa implique un desborde represivo de las fuerzas policiales. El típico victimismo frenteamplista contra toda expresión de legítima autoridad volvió por sus fueros, como cuando hicieron arder las redes por la supuesta represión a un supuesto malabarista, o como la telenovela guionada por un funcionario de la intendencia capitalina que denunció haber sido maltratado y hasta baleado por la policía, desmentido luego por un video del procedimiento que dejó en claro la corrección de los uniformados.

Lo que aterra al diputado Civila es contradictorio. Parece que no le preocupara tanto que un ciudadano muera de hipotermia, con tal de mantener su pretendido "derecho" a morar en la calle. Una interpretación de ese increíble trastocamiento de valores puede estar en el mismo corsé ideológico aplicado por el FA contra las medidas de seguridad de la LUC: agitar el fantasma de la represión policial, evocando las lejanas épocas de la lucha antisubversiva, parece ser uno de los últimos caballitos de batalla que le quedan para alinear a su decepcionada militancia.

Pero también cabe interpretar un prejuicio ideológico más profundo. Siguen aferrados al pobrismo, a esa malsana percepción de que la pobreza es un derecho a defender, en lugar de una injusticia a corregir. A los sistemas colectivistas no les sirve el desarrollo económico que apuesta a la prosperidad, con su efecto directo sobre la equidad social. Ellos necesitan abonar una y otra vez un sistema social de tres castas: una dirigencia política que ostente privilegios, una clase media que pague la fiesta y una vasta clase baja que quede atada a la vulnerabilidad, expulsada del sistema educativo y dependiente del clientelismo partidario.

El mismo prejuicio se desprende de otra frase célebre pronunciada en estos días por el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, en respuesta a las denuncias del Mides por alimentos y materiales abandonados en sus depósitos. Castillo comparó al ministro Bartol, en radio Monte carlo, con un "inspector de góndolas". El mensaje parece ser que no importa que las autoridades anteriores hayan dejado vencer cientos de kilos de alimentos y decenas de miles de pañales desechables, que podrían haber auxiliado a muchas familias en situación de vulnerabilidad. Lo que importa para Castillo no es manejar los recursos públicos con probidad y eficiencia. Eso se lo deja a los "inspectoras de góndolas". Hay una cuota de soberbia tozudez que está impresionando en estos días a los mismos frenteamplistas, crecientemente avergonzados del pobre papel que desempeñan sus principales dirigentes, en tosca defensa de lo indefendible.

En paralelo a estos manotazos pobristas aparecen otros escándalos, como el denunciado por el diputado nacionalista Alfonso Lereté, sobre la peculiar práctica del IMPO durante la administración pasada. Oficiaban como intermediarios de contrataciones de imprentas privadas, cargando una especie de comisión del 20%, con un 5% para repartir entre el personal como "gratificación extraordinaria" (sic) a los presupuestos que presentaban al Ministerio de Educación y Cultura. La denuncia apareció en la edición de Búsqueda de ayer y es una perla más en el collar de costos inflados de manera injustificada y dispendiosa administración de recursos públicos. Es la filosofía de gestión que se viene repitiendo desde la quiebra de Ancap en manos de Martínez y Sendic, las famosas velitas incendiarias de Mujica y los sobrecostos del Antel Arena, monumento a las aspiraciones presidenciales de Cosse.

Con ingenio, Pedro Bordaberry definió a esta forma de dilapidar recursos públicos como "desarrollismo mágico", y es la otra cara de la moneda del FA.

Entre el pobrismo y la magia de las pasadas administraciones, habrá que desandar un largo camino para volver a poner la gestión a la altura ética y de calidad que merece la ciudadanía.