EDITORIAL

Mono con metralleta

Si algo caracterizó la propaganda del Estado durante el último año electoral de 2014, fue el uso y abuso de los dineros públicos. Basta recordar “el Uruguay que queremos” de Ancap que después usó Sendic para impulsar su candidatura.

El lunes pasado, el gobierno inauguró una nueva modalidad de comunicación con la ciudadanía, avalada por un artículo de la polémica Ley de Servicios Audiovisuales, más conocida como "ley de medios".

Así, hará uso de 15 minutos diarios de publicidad gratuita en canales de tele- visión y emisoras de radio para difundir, según se ha dicho, mensajes de bien público.

La noticia podría ser calificada como muy positiva, si se tiene en cuenta el profundo déficit de promoción de valores y conductas positivas que existe en nuestro país. ¿Qué mejores medios que la radio y la televisión para promover, por ejemplo, hábitos de alimentación saludable y de ejercitación física, campañas contra el consumo de tabaco o el de alcohol en exceso, prevención de accidentes de tránsito, estímulos a la resolución pacífica de conflictos y un etcétera seguramente interminable?

Pero tenemos derecho a desconfiar de tan loable propósito: la medida puede convertirse en un nuevo intento de imponer agenda política con fines proselitistas.

No es casual que falte poco más de un año para una campaña electoral que se-rá reñida, con un partido de gobierno malherido por aumentos de impuestos y denuncias de corrupción, nepotismo e ineficiencia. Tampoco que hace apenas unos meses, el gobierno haya explicitado su iniciativa de monitorear la información que difunde la prensa. Y más aún si atendemos a las múltiples declaraciones de representantes del gobierno, en su insistente denuncia de conspiraciones comunicacionales de los medios masivos, la derecha y blablablá. A ese expediente facilista se echó mano en su momento para intentar neutralizar el escándalo del título de Sendic o la implosión ética en torno a Pluna, Ancap, la regasificadora, el Fondes, Aire Fresco y afines.

Paralelamente, cuando llegó la hora de hacer cumplir una disposición de la ley de regularización del cannabis, que mandataba a informar sobre los riesgos de su consumo, no tuvieron mejor idea que poner a famosos elogiando la medida, porque según ellos combatía el narcotráfico. Profecía no muy autocumplida: el narco nunca tuvo tanta expansión y generó tanta violencia como en estos tiempos de cannabis estatizado.

Entonces, los uruguayos tenemos derecho a mirar la flamante medida con desconfianza. De preguntarnos si el spot televisivo que están difundiendo gratis procura realmente sensibilizar sobre la importancia del cuidado a las personas vulnerables, o si más bien intenta publicitar la siempre proclamada sensibilidad social del Frente Amplio.

Y hay mérito para la sospecha, porque si algo caracterizó la propaganda del Estado durante el último año electoral de 2014, fue el uso y abuso de los dineros públicos con esos fines. Para muestra basta evocar el costoso spot publicitario de Ancap que cerraba con el eslogan "el Uruguay que queremos", exactamente el mismo que después usó Sendic para catapultarse como presidenciable. O la onerosa publicación del Ministerio del Interior que fue encartada en los principales medios de prensa nacionales, el viernes previo a la elección, o sea en pleno período de veda publicitaria, para cacarear sin derecho a réplica sobre supuestos logros del FA en materia de seguridad pública.

No hay que ser Nostradamus para prever que estos espacios gratis para "bien público" en radio y TV, canalizarán muy pronto un nuevo abuso de poder gubernamental de comunicación proselitista tendenciosa.

Cuando se comparan minutos de propaganda de los distintos partidos, lo que usualmente sirve para que algunos académicos victimicen a la izquierda, sería bueno que también se tuvieran en cuenta estas toneladas de minutos adicionales de autobombo gratuito, amparados en una ley controvertida.

Los gobiernos tienen, más que el derecho, la obligación de mantener abiertos canales de comunicación con la ciudadanía, para transmitir valores y promover la educación, la salud y la cultura. Pero no para un uso discrecional de los recursos públicos con fines propagandísticos de su gestión.

Es verdad: no hemos llegado al extremo de las interminables cadenas de radio y televisión del comandante Chávez, personaje que buena parte del elenco gubernamental uruguayo sigue mirando con veneración. Pero meterse a prepo en las tandas publicitarias con autobombo estatal es también una forma de incidir en la valoración que hace la ciudadanía de sus gobernantes.

En un gobierno honesto de un país de primera, la medida sería justa, sabia y aplaudida. En uno como este, recuerda más bien al viejo dicho de darle una metralleta a un mono.

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