Si algo se sabía de antemano, era que el gobierno ganador de la elección estaba decidido a mejorar la forma en que se gasta en el Estado. Una convicción “sine qua non” a fin de administrar seriamente los dineros que provienen de los bolsillos de los uruguayos, vía impuestos, tasas, tarifas, etc.

De los contribuyentes, que tal como lo indica el término, contribuyen a llenar las arcas desde donde saldrán los recursos para financiar al “Ogro Filantrópico”, como bien le llamara el escritor Octavio Paz. Realidad que a la gran mayoría de los mismos damnificados les cuesta asociar, tal como si los recursos estatales brotaran de algún mágico manantial. O peor aún, los hay que obtienen provecho directo en su beneficio de esa plata que parece no ser de nadie y que fluye por oficinas, secretarías, gerencias, cajas y tesorerías, demasiado a menudo con malos o nulos controles.

Así lo demuestran las primeras 12 auditorías que la Administración Lacalle acaba de dar a conocer. A lo largo de la campaña se puso énfasis en que no se podía cargar a la gente y a la producción con una mayor carga impositiva, a pesar de que las arcas vacías que dejó el gobierno de Tabaré Vázquez, con un 5% de déficit fiscal y una abultada deuda, provocaran una difícil situación que demanda una aceitada readecuación de los recursos urgente, inclusive antes de la pandemia. Una y otra vez, tanto el presidente Lacalle, como la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, insistían en su objetivo de ampliar los fondos a través de los ahorros provenientes de un gerenciamiento estricto y eficaz.

Por más anunciada que haya sido esta política de cara al enorme presupuesto al que hay que financiar, la publicación de los primeros informes de las auditorías fue poner el dedo en el ventilador. De inmediato salieron al ruedo los espadachines del Frente Amplio, desde el multientrevistado senador Bayardi, exministro y locuaz panelista de la TV, hasta el verborrágico heredero de la banca del expresidente Mujica, el “Pacha” Sánchez. Hablaron de cortina de humo o de que en los pasados gobiernos se realizaban religiosamente las auditorías y se pedían luego investigaciones administrativas. Como si sus gobiernos hubiesen sido un dechado de prolijidad de la administración pública. Da la impresión de que para algunos, todo ese dinero que se pierde si no se prueba que ha sido de forma fraudulenta, no tuviese importancia.

Aparte de ser una buena costumbre y no cuestión de marketing, como acusan los aludidos, que estas fallas tomen estado público. De modo que la gente se entere de lo que ocurre y pueda actuar en consecuencia, ya sea a la hora de votar o exigiendo orden y castigo para los responsables de malgastar olímpicamente, cuando no por arrimar para su peculio. Y esto debe ser en cualquier gobierno y de cualquier partido, ya que las malas prácticas no son exclusividad de ninguno. El tamaño elefantiásico del estado uruguayo, incluidas las monopólicas empresas estatales además de todos los hijos que han ido apareciendo a su alrededor, (Ancap unos 16) se prestan para ello.

No hay día, prácticamente, en que no se destapen datos que ofrecen una vívida idea de lo que han sido los gobiernos frentistas en el manejo de la cosa pública. Desde la comprobación de que el monto estimado para pagar las expropiaciones requeridas para el tendido o reacomodo de las vías férreas esté llamativamente errado, por lo cual demandará un esfuerzo pecuniario mucho mayor, hasta las últimas novedades sobre el ruinoso proyecto de la regasificadora y la paraestatal Gas Sayago, creada con ese objetivo. Otro fallido plan de la era Mujica, lo mismo que el puerto de aguas profundas, la explotación minera de Aratirí, la venta de Pluna y muchos otros desaguisados que han resultado en millones de dólares perdidos.

La desproporción de la regasificadora proyectada fue alertada por la oposición, por los entendidos en el tema y en esta misma página se escribió al respecto en su momento. Finalmente el negocio fue descartado aunque la firma, propiedad de Ute y Ancap en su mayor parte, al frente de la cual estaba Marta Jara, luego presidente del ente, la cual previsoramente guardó su cargo en Gas Sayago, concesionaria a su vez del gasoducto que traería el gas desde los barcos, continuó generando gastos en sueldos, etc.

En el relajo que ha caracterizado a estas aventuras se ha detectado la desaparición de valioso material perteneciente a la brasileña OAS y otros contratistas. Ahora la Aduana reclama US$ 620.000 a Gas Sayago, por la salida misteriosa de los mismos (contrabando) del recinto portuario. Próximos capítulos se avizoran.