El próximo 14 de enero se cumplen 24 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1997, plebiscitada por algo más del 50% de los votos en diciembre de 1996.

Si se deja de lado nuestra primera Constitución de 1830, se trata del texto constitucional que ha perdurado por más tiempo en la historia de nuestra República.

Esa larga duración no es casualidad, ya que es un texto de grandes méritos políticos que ha logrado mantenerse sin cuestionamientos a pesar de atravesar circunstancias históricas muy diferentes. En primer lugar, la institucionalidad que allí se definió permitió soportar con cintura parlamentaria la enorme crisis de 2002: cuando las cosas se complicaron social y económicamente, el juego de acuerdos en el Legislativo permitió una lectura más parlamentarista de la Constitución, y de esa forma se preservó la figura presidencial.

En segundo lugar, la Constitución de 1997 dio garantías al ejercicio del poder del Frente Amplio (FA), quien por tres veces consecutivas logró mayorías absolutas en ambas Cámaras. El juego de mayorías y minorías definido por la carta magna, con quórum altos especiales para leyes importantes como, por ejemplo, todo lo que refiere a temas electorales, aseguró la estabilidad democrática, a la vez que permitió a la izquierda llevar adelante su programa de gobierno sin trabas políticas. Finalmente, el texto plebiscitado en 1996 define un mecanismo de sumatoria de elecciones que, hoy, es clave en la constatación de la enorme legitimidad popular que cuenta el gobierno electo en 2019.

Hubo mucha inteligencia política y se verificaron importantes acuerdos interpartidarios para lograr el texto de 1997. El FA al inicio formó parte de todo ello, aunque finalmente por diferencias en su interna terminó excluyéndose del acuerdo final, a pesar de haber logrado imponer su visión en varias reformas concretas como, por ejemplo, la limitación de la cantidad de candidatos a Intendente que podían ser presentados por cada lema en la elección municipal. En cualquier caso, la responsabilidad mayor de defender el proyecto fue de blancos y colorados que, visto a la distancia de más de dos décadas, dejaron allí un legado institucional formidable.

Siempre se señala que lo más relevante de la organización electoral que instaura el texto de 1997 es el balotaje presidencial. Sin embargo, tan importante como eso es, sin duda, la enorme vitalidad partidaria que se abre con las elecciones internas, que son las que definen autoridades y candidaturas presidenciales, además de dejar establecidas las bases para la elección posterior de los referentes departamentales que serán los candidatos a Intendente.

En momentos en los que se percibe claramente una crisis general de los partidos políticos en nuestra región, con deslegitimaciones de liderazgos y problemas de representatividad ciudadana que dificultan enormemente el ejercicio del gobierno luego de las elecciones, importa mucho destacar que es en parte gracias a la institucionalidad que nos dimos en 1997 que el Uruguay conserva una democracia plena fuerte.

En efecto, los partidos políticos no son aquí organizaciones de cúpulas alejadas de la gente, sino que deben periódicamente presentarse ante las urnas para que el pueblo, libremente, decida quiénes serán sus autoridades mayores. El asunto es clave porque sin partidos políticos consolidados no hay democracia firme. Y también, porque esos cambios de 1997 abrieron la puerta a otros que los mismos partidos generaron, como, por ejemplo, el caso de las elecciones de juventud tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, que han permitido que se acerquen a la militancia partidaria las nuevas generaciones que son las que luego formarán las dirigencias nacionales y departamentales de sus partidos.

Siempre que hay liderazgos presidenciales fuertes que asoman en el horizonte, como fue el caso de Tabaré Vázquez en 2005 y es el caso hoy de Luis Lacalle Pou, hay quienes se manifiestan en el sentido de procurar cambiar la Constitución para habilitar una reelección presidencial inmediata.

En eso también la Constitución de 1997 es sabia: conservando el viejo principio de imponer al menos un período de gobierno entre elección y reelección posible de un ciudadano a la presidencia, asegura la preeminencia de la institucionalidad democrática frente al enorme riesgo personalista y caudillista que tanto daño ha hecho en todo nuestro continente.

La Constitución de 1997 ha demostrado ser una gran herramienta republicana para el país. Así debe permanecer.