EDITORIAL
diario El País

Agilizar las adopciones

Cada hora de vida para un bebé o para un niño que no transcurre en las mejores condiciones se traducirá en efectos negativos para su desarrollo síquico u orgánico. Se debe evitar a toda costa que se les trate más como objetos que sujetos.

Hay muchos niños, demasiados, que hace años esperan que les llegue el momento de dejar de ser huérfanos del INAU. Una cruel desidia burocrática les hace sumar cumpleaños en calidad de menores institucionalizados y los condena a tener cada vez menos chances de ser adoptados. Cuanto mayores sean, más difícil será que haya alguna pareja dispuesta a acogerlos como hijos.

Con acertada puntería, el designado ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció que le interesaba incluir en la ley de Urgencia, una serie de modificaciones en los procesos de adopción, con el fin de disminuir los tiempos y acelerar los papeleos e instancias que se alargan cruelmente. En este leguleyo país, donde suele pensarse que con sacar una ley se arregla el problema, la realidad suele ser muy distinta.

La ley 18.590, votada in totum por el Frente Amplio en el año 2009, a pesar de las variadas advertencias de la oposición, fue sí muy eficaz para hacer desaparecer al Movimiento Familiar Cristiano, que desde hacía décadas se ocupaba con dedicación a buscarles familias a los niños abandonados. El gran objetivo del FA era que las adopciones pasaran a estar regidas en su totalidad, por INAU. Organismo encargado de anotar a todos los niños con carencia de padres, en forma absoluta o transitoria, en un registro manejado en régimen de monopolio. El cual deja mucho que desear, dados los vicios, las fallas y la poca efectividad característicos de la burocracia. Siendo lo peor, la injusticia que conlleva.

La ley vigente estipula que la adopción de los infantes de 0 a 2 años debe resolverse en 45 días y entre los 3 y 7 años, en no más de 90 días. Pero estas reglas están lejos de cumplirse a cabalidad. Si la intención era evitar lo más posible que los menores se conviertan en “institucionalizados” y crezcan en vez, como parte de una familia, los resultados son muy distintos. Los datos estimativos indican que hay alrededor de 4.000 niños que permanecen bajo la tutela de la institución. Un número excesivamente alto en comparación con otros países de A.L. para nuestra escasa población.

En el período 2012- 2016, INAU no tenía registros de cuantos chicos estaban en esa situación por falta de digitalización y por carecer de un sistema nacional de control de todos los hogares, propios o por convenio con alguna fundación. Tampoco estaban en condiciones de discriminar por edad o sexo, ni de informar el promedio de permanencia de los menores en el organismo.

A pesar de que el Comité de los Derechos del Niño en su 68ª sesión reiteró la necesidad de establecer un sistema integral de reunión de datos, sigue sin existir hasta la fecha. Ni siquiera son capaces de indicar cuántos han vuelto a su familia biológica. En 2017, INAU presentó un informe con mayor detalle sobre la población atendida a tiempo completo, pero desde hace 2 años, no se encuentra información disponible. Ya sea en la institución o las fundaciones con las que hay un acuerdo (y cero control) o las Familias de Acogimiento. Este programa que comenzó unos años atrás, (se usa en varios países europeos) complementa o sustituye el viejo uso de las cuidadoras pagas. Mecanismo que provocó al organismo reclamos de orden laboral.

Hay 250 familias inscriptas para cuidar a un bebé o un niño por un año. En caso de no haber interesados, es posible renovar el acuerdo. No se sabe sin embargo, cuántas de estas realizan efectivamente esta función, pues INAU decide con 100% de discrecionalidad, qué niño puede ir a vivir en uno de esos hogares.

Entre los cambios a introducir, uno es el aunar en un solo paso, la pérdida de la patria potestad y el proceso de adopción. Medida que se traduce en una economía de tiempo y de bolsillo para los adoptantes. Otro es disminuir el vencimiento para ingresar al registro único de aspirantes a adoptar, que toma más de 2 años. Lo proyectado por el Frente Amplio son 18 meses, con el argumento de que los futuros padres demuestren estar muy seguros. Para otra gente que conoce bien el tema, la evaluación no debería llevar más de 9 meses, (igual que una gestación), bajo un protocolo de actuación de INAU, con los recursos materiales y técnicos que ya dispone, para cubrir las 5 instancias requeridas. También que la familia de acogida tenga preferencia para adoptar, en el caso de haber desarrollado un gran apego con la criatura. Otra sugerencia es la del Protector de los Derechos del Niño.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados