La LX Cumbre del Mercosur dejó un sabor amargo a ambos lados del Río de la Plata.

Mientras el presidente argentino Alberto Fernández insistió en la necesidad de “proteger” al bloque del resto del mundo, Luis Lacalle Pou expresó su disconformidad con el proteccionismo imperante en el Mercosur. Este estado de cosas no es novedoso.

La discusión entre Lacalle Pou y Fernández, sin embargo, sí resultó original en un aspecto: el presidente uruguayo utilizó las herramientas discursivas del argentino en su propia contra. Específicamente, Lacalle Pou dijo: “al fin y al cabo, el presidente viene a ser como el padre de una gran familia, y tiene que generar amparo y protección: de eso se trata. Y a mí no me cabe la menor duda de que la mejor manera de proteger a mi nación es abriéndome al mundo”.

Pero los asesores del presidente uruguayo, o quizás él mismo, deberían tener cuidado a la hora de adoptar un lenguaje paternalista para promover la libertad. Desde que los romanos instituyeran a Augusto como pater patriae en el año 2 a.C., ha habido una sucesión de líderes que se han creído padres de naciones y que se han adueñado de la libertad de los ciudadanos de la misma manera en que un padre decide por sus hijos. Parece claro que Lacalle Pou no pretende actuar de esta manera; sin embargo, sus dichos podrían el día de mañana legitimar a algún futuro mandatario que sostenga que es, en realidad, la promoción del proteccionismo la que “cuida” a los uruguayos. Si este fuera el caso, el marco teórico del actual presidente uruguayo no permitiría criticar el impulso proteccionista.

La defensa del libre comercio, en realidad, debería tener un solo pilar: el moral. Si el Estado no tiene la potestad de decidir quién puede venderle qué cosa a otros dentro de sus fronteras, ¿por qué sí podría hacerlo en los vínculos de los individuos con el exterior? La existencia de cupos o impuestos a la exportación y a la importación violenta el derecho que tiene cualquiera a disponer de su propiedad privada. Que un presidente decida que su país es una “gran familia” y que él tiene la potestad de decidir por ella implica arrogarse un derecho que no es tal: la propiedad privada de los ciudadanos es, precisamente, de los ciudadanos, y no de quien circunstancialmente está a cargo del Estado.

Recién en un segundo lugar, y solamente después de la defensa moral del libre comercio, es que se debería insistir en su conveniencia, algo que los economistas subrayan de manera general y que en el caso de Uruguay es particularmente deseable dado el limitado tamaño de su mercado. En cualquier caso, la regla debería ser: primero los principios, después los resultados.

En esta ocasión, es correcto que Uruguay no haya firmado una declaración final que omite la necesidad de modernizar un Mercosur vetusto ni la de flexibilizar unas reglas rígidas y contraproducentes para el bienestar de sus pueblos. También es bueno para la Argentina, que tiene una economía paralizada por acción de su propio gobierno, recibir las presiones liberalizadoras que tanto le hacen falta. Sin embargo, no dan igual los motivos por los que se llega a dichas recomendaciones, porque hoy podrían ser la base de una postura y mañana de la opuesta. La conclusión del presidente Lacalle Pou en su defensa del libre comercio es correcta, pero se deben revisar sus premisas.

* Fundación Libertad, Argentina