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Ley de Ciencia

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Que el país tiene un retraso importante en aspectos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) es algo de Perogrullo. Que ello determina una importante pérdida de oportunidades en relación al desarrollo nacional y, a través de él, lograr el progreso que permita la distribución de beneficios que podríamos generar, es innegable.

Uruguay tiene, pese al retraso, fortalezas y capacidades suficientes como para emprender un proceso que nos conduzca - en pocos años- a un nivel de desarrollo determinante de un futuro mejor. Claro que siempre y cuando organicemos y coordinemos los esfuerzos de múltiples emprendimientos.

Entre algunos aspectos que debemos mejorar están: a) la educación en general y de las ciencias en particular, b) la valoración social de la CTI, c) el reconocimiento y retribución de quienes dedican su vida a estos menesteres, d) la comunicación y coordinación a todo nivel, desde el personal al institucional, regional e internacional, e) la inversión que el Estado hace y la que facilita a los privados, f) la interacción de nuestras representaciones en el exterior con la actividad productiva innovadora, y g) varios puntos más, tan importantes como los mencionados, que llevarían toda esta página editorial.

Tamaño esfuerzo es posible: otros países con similares características al nuestro lo han hecho o lo están haciendo -como ser Chile, Irlanda, Nueva Zelanda, Estonia, Costa Rica y Finlandia. Todos a su manera pero con ciertas características macro que le dan el marco posible al desafío. Por ejemplo estabilidad y previsibilidad económica, seguridad jurídica y respeto a los compromisos y contratos (para empresarios y trabajadores, para inversores nacionales y extranjeros) y apertura comercial al mundo. ¿Cómo lo hicieron? Simple, partiendo de la base que el proceso requiere del esfuerzo de múltiples actores del quehacer nacional, y seguros que el mismo trasciende cualquier período gubernamental, lo encararon como Política de Estado o Nacional, única forma -en regímenes democráticos- de asegurar una base mínima de previsibilidad y sustentabilidad de las políticas.

La CTI ha tenido en el país escasa presencia jerárquica en los estamentos institucionales del Estado (¿causa o consecuencia de la escasa valoración social que de ellas tenemos?). Tenemos Ministerios de Deporte, Minería, Pesca, etc., pero no de Ciencia y Tecnología. A contrapelo de lo que el mundo hace, nosotros subsumimos la ciencia y la tecnología en una Dirección dentro del MEC, que debiera ampliar su espectro y ser MECyT -educación, ciencia y tecnología. Nada muy original pero muy lógico.

El gobierno actual creó, por decreto, la figura del Gabinete Ministerial de Innovación, integrado por el MEC, MGAP, MIEM, MEF y OPP. Buen intento de jerarquizar la CTI en el papel, que terminó repitiendo el mismo defecto de no jerarquizarla en la práctica: los Ministros encargados delegaron en mandos medios sus responsabilidades, creando el Equipo Operativo del Gabinete. La CTI sigue sin responsable máximo y sin acuerdo semanal en Presidencia.

Ahora está a estudio una ley que crea una Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Discrepamos con el contenido y la oportunidad; daremos nuestra opinión en la próxima entrega. Los cambios necesarios en CTI deben hacerse bien desde el inicio.

MARIA JULIA POU

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