Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

¿En qué quedamos?

Uno de los conceptos centrales del liberalismo es que de la “mano invisible” del intercambio de ideas surgirán mejores soluciones y se generarán los acuerdos y consensos necesarios para aplicarlos en una sociedad más democrática.

Uno de los conceptos centrales del liberalismo es que de la “mano invisible” del intercambio de ideas surgirán mejores soluciones y se generarán los acuerdos y consensos necesarios para aplicarlos en una sociedad más democrática.

Esa discusión metódica y abierta requiere un mínimo de coherencia lógica en el razonamiento de los interlocutores. Lamentablemente esta cualidad está cada vez más ausente en el debate político en nuestro país.

Un ejemplo de ello son las disímiles posiciones adoptadas por el gobierno en dos casos recientes: la dictadura venezolana y la reforma del derecho laboral impulsada por el gobierno brasileño. Tanto Brasil como Venezuela son socios del Mercosur (Venezuela ha sido suspendida del acuerdo, pero no ha dejado de ser parte del mismo).

El ministro de Trabajo y Seguridad Social opinó que las reformas del derecho laboral contempladas por el gobierno brasileño “implican el retroceso de derechos laborales” y aparejarían “una pérdida de derechos muy importantes para los trabajadores de este país”. La ministra de Industria y Energía afirmó que la reforma laboral en Brasil es “un pésimo ejemplo”. Y el ministro de Relaciones Exteriores, más mesurado, dijo: “Nosotros no nos vamos a inmiscuir en la legislación interna de los países, pero queremos discutir, intercambiar ideas, plantear preocupaciones, porque así va a ser muy difícil competir”.

¡Qué contraste con la discreta actitud del gobierno en el caso de Venezuela!

Allí tenemos una dictadura, una economía en caos y un sistema de comercio exterior dominado por el Estado. Para tener una idea, el periódico caraqueño El Nacional informó en estos días que “el ingreso mensual de un trabajador (250.531 bolívares) apenas cubre el 12% de la canasta básica que subió a 2.043.083,39 bolívares”. ¿Acaso esto no significa una tremenda pérdida de derechos de los trabajadores?

Las políticas del gobierno venezolano no se ajustan a los principios del Mercosur, el primero de los cuales es que el mercado común implica “La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente”. A lo que deberíamos agregar que el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur estipula que “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes”.

Sin embargo, el gobierno de nuestro país se encasilla en este caso en una cerrada defensa del principio de no intervención en los asuntos internos de los demás Estados, proclama que los asuntos de Venezuela deben ser resueltos por sus ciudadanos (a pesar de la evidente asimetría entre la dictadura y la sociedad civil), y se niega a desaprobar la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hace a través de declaraciones o con un mecanismo aún más eficaz, el silencio cómplice.

El gobierno exige el respeto irrestricto del principio de no intervención en los asuntos internos de Venezuela, pero no duda en intervenir en los asuntos internos del Brasil.

Es una falta de coherencia que llama la atención.

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