Este comienzo de año las tarifas públicas no se ajustaron como de costumbre. A pesar de ello siguen siendo elevadas en comparación regional y global pero no son suficientes para cubrir los costos de algunos de los entes, como es el caso de Ancap.

¿Por qué el sector productivo y los usuarios de los servicios públicos se tienen que hacer cargo? ¿Está el sector privado en condiciones de seguir siendo rehén de paramétricas autoimpuestas que reflejan la falta de ajuste dentro de las empresas públicas?

Asume un nuevo gobierno con una delicada situación fiscal y una inflación sostenidamente por encima del objetivo del Banco Central. ¿Deberían las tarifas ser un instrumento para el ajuste fiscal? ¿Deberían las tarifas ser un instrumento para frenar momentáneamente a la inflación? Para que la respuesta a estas preguntas sea un contundente no, es necesario cambiar la institucionalidad de las empresas públicas. Creo que llegó la hora de poner sobre la mesa una urgente y profunda reforma de la gestión las empresas del estado.

Nada de lo que habría que hacer es original, existe una amplia literatura sobre el adecuado gobierno corporativo de las empresas del Estado. No se trata de privatizaciones. Tampoco de desconocer aspectos específicos de nuestro país como la reducida escala de los mercados. Se trata de mejorar la gestión de nuestras empresas y con ello brindar mejores servicios a menor precio.

Estudios internacionales demuestran que las empresas públicas que tienen mejor gobierno corporativo son también las más eficientes para generar valor económico y social. Nuestras empresas tienen serias limitaciones en la revelación de información relevante, en los criterios para la conformación de los directorios y, fundamentalmente, en el ejercicio de la propiedad.

El hecho de que el dueño de las empresas del estado no esté identificado con claridad explica mucho de lo que ha sucedido históricamente con nuestras empresas públicas. En las vueltas del marco normativo vigente, el ejercicio de la propiedad de las empresas del Estado recae en el directorio, que a su vez se encarga de la gestión. Esto genera enormes distorsiones.

En las empresas privadas el principal ejecutivo asume la gestión del día a día, y el directorio vela porque las decisiones tomadas no comprometan el futuro. Estos balances y contrapesos están ausentes en nuestras empresas públicas, donde el directorio se encarga de la gestión diaria y también asume compromisos que determinan el futuro.

Es necesario introducir cambios institucionales que separen la representación política de la capacidad técnica en las empresas públicas. No alcanza con que firmen compromisos de gestión con la OPP, tal como lo vimos en esta administración. Es necesario que una nueva entidad del estado asuma la titularidad de las empresas públicas en nombre de los ciudadanos.

Una especia de holding debería ser responsable de la coordinación y el seguimiento de las decisiones que toman los directorios de las empresas públicas, con los filtros necesarios para que las malas gestiones no se puedan materializar. Nombrar, controlar, y destituir a los directorios de las empresas que no logren los objetivos dejaría de ser un hecho político. Nada raro, está en los manuales de buenas prácticas: es la forma usual de gestión de las empresas del estado, urbi et orbi. Lo original es lo nuestro.

Lo anterior es muy importante, pero solo con mejorar el gobierno corporativo no alcanza. En el actual contexto de avances tecnológicos, para tener tarifas competitivas las empresas públicas tienen que invertir. En el último quinquenio la inversión total en las empresas del estado fue sustancialmente inferior en relación a los dos anteriores. Se necesitan nuevas inversiones, y hay que hacerlas bien. Ahí el mercado de capitales tiene un rol central que jugar.

Financiar las nuevas inversiones de las empresas públicas en el mercado de capitales implica preparar información, aceitar mecanismos internos de control, tener una buena gestión financiera y responder a las naturales inquietudes de los inversores. Las exigencias de los inversores son esenciales para legitimar a las inversiones, dado los antecedentes negativos existentes. La profesionalidad requerida para analizar las inversiones aumentará las chances de que se hagan bien. Nada raro, UTE y OSE lo hicieron.

Los fondos acumulados en las AFAP han sido la principal fuente de financiamiento. Pero también existe una fuente de financiamiento potencial en un sector de la población que tiene ahorros y que no encuentra donde invertirlos dentro del país. La evidencia reciente muestra que cada vez que hay una emisión atractiva en la Bolsa de Valores existe una demanda que supera ampliamente a la oferta.

Para que esto funcione es necesario fortalecer a las unidades reguladoras (Ursea y Ursec). El retorno de las inversiones no se debería poder ajustar discrecionalmente con suba de tarifas. Si no se bloquea ese potencial conflicto de intereses entre inversores y ciudadanos, el esquema no cierra.

Nadie duda de que el partido es complicado. Prejuicios ideológicos e intereses creados hacen muy difícil llevar adelante cambios en las empresas del estado. Pero hay que jugarlo. Así participamos con entusiasmo de la iniciativa de Ceres de aglutinar a los académicos y analistas que trabajamos en temas asociados a las empresas públicas.

Todos los firmantes y adherentes del documento presentado estamos convencidos de que “las empresas públicas deben operar en un marco de autonomía del poder político, persiguiendo el objetivo fundamental de proveer un servicio de calidad, a un precio competitivo y con retorno adecuado al capital invertido dentro de los lineamientos estratégicos establecidos por las políticas públicas”.

También estamos todos convencidos de que el partido hay que jugarlo ahora. Mejorar el marco en el que operan las empresas públicas es de las reformas más importantes que el país tiene por delante.

Si queremos soñar con volver a jugar en la A, la reforma de las empresas del estado es un partido que no se puede perder.