Este es un año de definiciones electorales en nuestro país. En julio se determinarán las candidaturas presidenciales de cada partido, en un acto de concurrencia voluntaria de la ciudadanía. Y, el 27 de octubre, habrá elecciones para elegir gobierno nacional y representantes parlamentarios.

Hay voces -seguramente bien intencionadas- que restan dramatismo a la situación. Pueden dar lugar a creer que en el plano nacional cualquier resultado, vinculado a la decisión popular de octubre, no afecta a la vida y el bienestar de los uruguayos. Lo que no es así. La línea internacionalista, de inspiración totalitaria, alineada con el Foro de San Pablo, tributaria de las tiranías soviética, castrista y bolivariana, todas una misma cosa, domina hoy totalmente al Frente Amplio. Los últimos experimentos “populistas” latinoamericanos revelan que especialmente el citado foro ha tenido éxitos electorales para la mafia latinoamericana con Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Lula en Brasil (cuando lucía una actitud socialista distinta de la cara lavada que muestra en la actualidad), Ortega en Nicaragua, Lugo en Paraguay, y abreviando, los Kirchner en Argentina. Su éxito ha sido inversamente proporcional a los desastres populares que han ejecutado en esta circunstancia, con represión policial, torturas, corrupción, asesinatos y fracaso económico y social.

El problema más grande del país actualmente está relacionado con el costo del Estado y dentro de él, con la creciente asistencia al desfinanciado sistema de seguridad social, en lo que hace a las pasividades, que marcha hacia un futuro dramático. Notoriamente la tasa de nacimientos viene decreciendo y la expectativa de vida de los pasivos viene aumentando, dando lugar a una situación deficitaria en la que los recursos son insuficientes.

Es execrable jugar electoralmente con este tema. Pero, en la medida que involucra a cientos de miles de votantes, facilita a los demagogos proponer castillos en el aire al facilitar una atractiva bandera electoral. Y, cuando un movimiento sin ética, como el comunismo y sus socios dueños del Frente Amplio, ven al “cachón”, es casi inevitable evitar que recurran a él, cómo está ocurriendo. Promoviendo un plebiscito que apunta a derogar la última ley de seguridad social y la implantación de medidas sustitutivas de proyección catastrófica. La precandidata presidencial comunista Carolina Cosse, naturalmente acompaña la medida, y el resto del Frente -todos ignorantes en el tema- miran para otro lado.

Poner un monto mínimo fijo para la jubilación -como el comunismo propone- insertando la idea en la Constitución es una barbaridad. Sería como poner que todos los empleados tendrán un sueldo de varios miles de dólares. Los salarios y jubilaciones dependen de la realidad económica y no de un voluntarismo. Pagar la reforma exigiría, además, un aumento impositivo exhorbitante, que desalentaría la inversión y abatiría los niveles de empleo y generación de riqueza nacional.

Y apropiarse el comunismo de ser gobierno, de 22 mil millones de dólares de trabajadores y pasivos, que se robarían a las AFAPs, para pasar su administración a un limbo desconocido, sería el crimen contra la población más grande que haya ocurrido. La irresponsable propuesta plebiscitaria citada indiscutiblemente atenta contra nuestra paz social y democracia.