Se acercan las elecciones generales con gran expectativa sobre el futuro político del país y el partido que asumirá las responsabilidades de gobierno.

Se respiran aires de cambio, con grandes posibilidades de alternancia en el poder. El Frente Amplio está desgastado y parece no lograr mantener las adhesiones que le permitan continuar su proyecto.

Es el tercer partido tradicional, luego de los fundacionales, tiene todo para serlo: historia, organización, experiencia de gobierno, principios ideológicos, tradiciones. Inclusive los mismos vicios de los partidos tradicionales en el ejercicio del poder y que tanto ha criticado siendo oposición. La izquierda representó una esperanza de cambio en buena parte de nuestra ciudadanía que vislumbraba una salida a las penurias sociales, en momentos de profundas dificultades por las que pasó el país.

Luego de 15 años gobernando, en los que mayoritariamente acompañaron condiciones internacionales muy favorables, paradójicamente nos encontramos en un severo estancamiento económico. Crece el déficit fiscal, siendo a julio el peor resultado en treinta años; cae la inversión, aumenta el endeudamiento. Por el lado del empleo, siguen deteriorándose los indicadores. Las empresas privadas enfrentan dificultades para mantenerse a flote, debido a los altos costos y a las pobres expectativas de recuperación de la actividad.

No estamos en una crisis comparable al 2002, pues cada situación es diferente, pero si algo explicará una eventual derrota del Frente Amplio en noviembre, es lo que la mayoría de los candidatos en gira vienen escuchando: no hay trabajo. Independientemente de otros factores causantes del empeoramiento de la convivencia social que terminan afectando el ansiado “estado de bienestar”, como pueden ser el deterioro de la educación y la escalada de la violencia, la falta de trabajo será clave para la alternancia en el poder.

El sector empresarial uruguayo ha sido menospreciado por el gobierno que siempre ha visto las reivindicaciones de mejora de la competitividad como un reclamo corporativo desmedido, crítico e identificado con la oposición.

Tenemos un sector privado al que se le ha cargado con el peso de la financiación del déficit fiscal; vía impuestos, tarifas y atraso cambiario, causado muchas veces por la pésima gestión de las empresas públicas y por un despilfarro de recursos para financiar proyectos “compañeros” inviables, como los canalizados vía Fondes, o los de biocombustible vinculados a Bella Unión, o las compras de tierras a precios récord para el Instituto de Colonización.

Las enormes transferencias al sector público se han justificado a efectos de defender la “políticas sociales”, para asegurar una correcta asignación de los recursos y distribución de la riqueza. No obstante ese loable objetivo, se ha descuidado al motor de la economía comprometiendo la rentabilidad de buena parte de los sectores, sin corregir las causas que la afectan.

Se necesita mayor profesionalismo en la gestión pública, dejando de lado tantos prejuicios, estableciendo las bases de confianza necesarias, creando un clima de inversión amigable para quien arriesga, generando así el círculo virtuoso de la retomada de la actividad, el empleo, el más justo factor de redistribución existente.

Si no crece la torta, el empleo tampoco lo hará.