Todos dicen que su plan de gobierno es con acento en crecimiento económico. Todos dicen que hay que atender reclamos y problemas, y eso implica más gasto. Muchos dicen que hay que priorizar la pobreza y especialmente la infantil, y eso es necesario. Buenas intenciones que todos comparten, pero ¿cómo? ¿Cómo atender tantos planes si la economía no crece? ¿Y cómo lograr crecimiento?

El crecimiento precisa un contexto externo favorable (o sea, suerte) y precisa acciones concretas complejas de implementar y sostener internamente.

Para crecer en Uruguay son muy importantes el contexto financiero global y las economías de la región: dos terceras partes de los movimientos del PBI en el corto plazo se explican justamente por factores externos. Nos guste o no, somos un velero que navega en un océano.

Desde el contexto financiero las noticias no son del todo buenas. El costo del financiamiento en 2024 será mayor al que se esperaba meses atrás cuando los mercados descontaban una baja sustancial de la tasa de interés en Estados Unidos. Inflación resiliente y fuerte creación de puestos de trabajo hace postergar la decisión de la Reserva Federal de bajar las elevadas tasas vigentes. Esto complica las inversiones privadas en Uruguay, porque las alternativas afuera y sin riesgo siguen siendo buenas, y también encarece el financiamiento del Estado, porque la tasa base es alta por más que Uruguay tenga el menor “riego país” de la historia.

A su vez, los precios internacionales no ayudan a los exportadores: se esperan precios de alimentos relativamente estables hacia adelante, marcadamente por debajo de los valores observados a la salida de la pandemia, aunque un 30% arriba del promedio 2015-19.

Brasil, hoy principal destino de bienes uruguayos, se está enfriando. Después de haber crecido 2.9% el año pasado, se espera que la economía crezca 1.9% en 2024 y 2025, mientras Lula insiste con un modelo de “capitalismo estatal” que no convence a los inversores.

Argentina, competencia directa del comercio local cuando los precios son bajos y principal motor del turismo en Uruguay, se encuentra en vigilia en 2024. Si bien logró licuar un tercio del gasto público porque la suba en pesos de salario, jubilaciones, trasferencias y subsidios fue mucho menor que el salto inflacionario, y frenar la suba del dólar (lo que encareció al país); hay enormes duras sobre el futuro. Milei espera lograr un “pacto nacional” el 25 de mayo que pueda darle más apoyos al ajuste, mientras se prenden velas para que la inversión privada vuelva para impulsar el crecimiento económico y la recuperación salarial.

En este marco, Uruguay no tiene impulso externo suficiente para acelerar el crecimiento económico sin reformas necesarias que aumenten la productividad. Producir más y mejor solo se logra con asignación eficiente de inversión a emprendimientos productivos y con desarrollo de capital humano, con todo lo que ello implica.

La apertura comercial es un camino que induce a mejorar la productividad a través de la competencia: Uruguay tiene un grado de apertura similar en la última década, que es sustancialmente menor a lo que necesita.

El sector privado es el responsable de aumentar la inserción internacional del país con inversiones que generen mayor producción exportable, para lo cual se requiere un marco jurídico adecuado, con certezas y reglas claras.

El gobierno tiene que invertir fuerte en posicionamiento global -la evidencia global muestra que un 25% de la decisión de inversión, turismo y migración se explica por la imagen que se tiene del país de destino- y en la búsqueda permanente de condiciones para mejorar el ingreso a mercados. También debe facilitar las inversiones y no complicarlas “por las dudas”, como usualmente hace. Hay que avanzar urgente con la “Ventanilla Única de Inversiones” con una coordinación profunda con todos los organismos públicos para tener una plataforma de acceso y autorización; muy difícil de lograr si no se potencia el actual equipo.

Además, la dinámica global exige mejorar la promoción de inversiones, que tiene que ir más allá de las tradicionales exoneraciones tributarias y lograr reducir costos de producción asociados a la contratación de personal y utilización de servicios públicos, lo que se puede instrumentar con créditos fiscales adecuados.

La mejora en productividad viene con reformas que trascienden gobiernos. A Uruguay le vendría bien contar con una Comisión de Productividad similar a la de Australia, que le permitió procesar gradualmente las reformas necesarias a lo largo de décadas de gobiernos de centro-izquierda y centro-derecha. Para eso fue determinante la calidad e independencia de sus miembros y la obligación de cada gobierno de pedir su opinión técnica ante reformas que afecten la productividad.

Una Comisión de Productividad bien diseñada en Uruguay no solo sería relevante para reimpulsar muchas de las buenas políticas vigentes; sino para evitar las malas; lo que es más importante aún, cuando Uruguay no necesita un cambio de rumbo sino una aceleración para avanzar en el desarrollo.

El nuevo informe sobre Desarrollo Humano de la ONU -que computa salud, educación y condiciones de vida- dio a Uruguay una mejora en el ranking del puesto 58 al 52 en el mundo. Mejoramos, pero todavía estamos lejos de lo que se puede aspirar: el nivel de vida promedio de los países democráticos de tamaño comparable que están arriba en el ranking.

Para ello, Uruguay tiene que mejorar indicadores de bienestar que definen la calidad de vida en sus aspectos más básicos como salud, vivienda e ingresos; así como aspectos que definen la convivencia social como equidad, marginalidad y seguridad. Pero no puede poner la carreta delante de los bueyes.

Con voluntarismo y buenas intenciones, sin más, no solo no se avanza, sino que, posiblemente se retrocede en todos esos frentes. Uruguay solo puede avanzar en el desarrollo si es capaz de sostener un mayor crecimiento de la economía acompañado de políticas públicas efectivas y consistentes. Por lo tanto, pueden anotarse cambios preponderantes, pero hay una prioridad: crecer.