Los cambios al artículo sobre las exoneraciones a las donaciones que reciban las universidades privadas, incorporado en la Rendición de Cuentas por el grupo IR del Frente Amplio, y que fuera atenuado en el Senado, será aceptado por la Cámara de Representantes. El sector de la diputada anunció ayer que si bien no comparte los cambios, los acompañará por disciplina partidaria. Cuando la Rendición pasó por Diputados, a propuesta del IR se incluyó una eliminación total de la exoneración, que ahora en el Senado se atenuó. La nueva fórmula disminuye del 75% original de máxima deducción de las exoneraciones recibidas al 40%. En la comisión, el senador nacionalista Alvaro Delgado cuestionó los cambios diciendo que "es una discusión ideológica" y que "la ideología termina teniendo porcentajes, en la que el 75% estaba mal pero el 40% está bien". Propuso que si se quiere revisar el mecanismo que se haga de una manera integral. El senador oficialista Rafael Michelini admitió que el nuevo mecanismo "no será perfecto", pero "es superior al artículo aprobado en la otra Cámara". En tanto, el senador colorado José Amorín también se opuso a la nueva fórmula para el artículo, al considerar que la disposición aprobada en Diputados "quitaba a todas las entidades y, en cambio, este pretende ser tibio, pero no lo es, sino que es igual". Desde el Partido Nacional, el senador Luis Alberto Heber quiso sacar el tema de la Rendición y pasarlo a la comisión de Hacienda. "Eso hubiera sido lo más sensato", admitió el senador. Amorín consideró luego "de pésima técnica y gestión legislativa" aprobar ese artículo "cuando recibimos, no solo la explicación de los rectores de las universidades privadas, sino también del subsecretario y del ministro de Economía y Finanzas sobre cómo funciona el sistema". En más de una ocasión tanto el ministro Danilo Astori como el subsecretario de Economía Pablo Ferreri se pronunciaron a favor de mantener el régimen de exoneraciones a las universidades privadas tal como se concibió en la reforma tributaria de 2007. El plenario del Senado se reunirá el martes 13 y continuará el miércoles 14 con la discusión de la Rendición de Cuentas en donde el de las universidades privadas promete ser de los más polémicos asuntos.UNIVERSIDADES

Hay dos cosas básicas para tener una discusión sobre políticas públicas. La primera es asumir que nadie tiene la verdad revelada, y que no hay modelo “ideológico” que resuelva todos los problemas. La segunda, tener la cabeza abierta como para aceptar poner en duda los propios pensamientos. Lo contrario no es ideología, como se ha escuchado en el debate reciente sobre los beneficios a las universidades privadas, sino que se parece mucho más a un dogma religioso. Hay dos cosas básicas para tener una discusión sobre políticas públicas. La primera es asumir que nadie tiene la verdad revelada, y que no hay modelo “ideológico” que resuelva todos los problemas. La segunda, tener la cabeza abierta como para aceptar poner en duda los propios pensamientos. Lo contrario no es ideología, como se ha escuchado en el debate reciente sobre los beneficios a las universidades privadas, sino que se parece mucho más a un dogma religioso. Entonces es importante no caer en lo que se ha caído para criticar esta propuesta, que es subestimar a sus ideólogos. Tampoco sucumbir a la tentación de reírse por la falta de carisma y elocuencia de quien la planteó (la diputada Macarena Gelman), ni por el minúsculo peso electoral de su grupo, que obtuvo en las internas del FA la friolera de 987 votos.

La decisión del grupo Ir de quitar la posibilidad a los empresarios de disponer de parte de sus impuestos para dirigirlos hacia universidades privadas, que terminó por ser adoptada por toda la bancada de Diputados frenteamplista, implica una concepción particular del Estado. No es casual ni antojadiza, aunque esté enteramente cubierta de ideología. ¿Por qué Gelman y sus compañeros plantearon este tema? Porque creen que esas decisiones de adjudicación de dineros deben ser tomadas solamente por responsables estatales. Por tanto, el Estado no debe dejar que los recursos impositivos sean destinados por agentes privados cuyos intereses, según ellos, no reflejan las verdaderas prioridades que tiene la sociedad. Esas prioridades, claro está, también son definidas por responsables estatales. Esta justificación política precisa de la siguiente convicción teórica: el Estado es el único legitimado para decidir dónde volcar los dineros que él recauda. No alcanza el argumento que señala que a nivel ministerial, es decir a nivel de definiciones de políticas públicas, se haya fijado una corta lista de instituciones educativas que el gobierno entiende conviene beneficiar con donaciones privadas. Tampoco alcanza el otro argumento que dice que lo que está en juego es menos de 1,5 millones de dólares por año, algo totalmente marginal en el presupuesto de ingresos del Estado. Lo que realmente importa según los integrantes de esta nueva generación frenteamplista es el principio de que las asignaciones que provienen de impuestos deben ser hechas por el Estado en abstracto, es decir, sin interferencias de intereses coyunturales o particulares que, por definición, no son de la sociedad toda entera. Desde el momento en que se cree que el Estado asigna mejor los recursos que los particulares, porque es el único legitimado para hacerlo y porque además es quien representa a toda la sociedad, para Gelman y sus compañeros no importa si el monto de dinero que está en juego es relevante o no. Como lo declararon rotundamente: el asunto atañe a una definición ideológica. Uno de los mayores problemas concretos de toda esta concepción política es que parte de un supuesto absolutamente fuera de la realidad del país en el que vivimos, como es creer que el Estado asigna los recursos impositivos que percibe con racionalidad, inteligencia y representando los intereses de toda la sociedad. Estamos ante una concepción que no entiende ni acepta al Estado tal cual es, sino que lo suplanta por una ideología que cree en una concepción mitológica del Estado, infantil y teórica, y que además le asigna una capacidad de acción y una voluntad política que oscilan entre lo completamente irreal y lo francamente místico. Solo así se puede entender que Gelman y sus compañeros crean, de verdad, que no conviene que algunos empresarios definan donar directamente algunos de sus impuestos a universidades privadas. En el ideológico mundo de la nueva generación frenteamplista, el Estado uruguayo no es el que invierte a pérdida centenares de millones de dólares para producir portland y vender el combustible más caro; el que pierde decenas de millones de dólares para financiar empresas fundidas de amigos del poder a través del Fondes; el que construye un corredor urbano que empeora el tráfico en la capital; el que es incapaz de asegurar la calidad del agua que se consume; el que es denunciado internacionalmente por torturar adolescentes en centros de detención cuyas inversiones en reformas edilicias son además poco transparentes; o el que invierte en una Universidad pública que ni siquiera figura entre las mejores de la región. Gelman y sus compañeros creen que ese Estado nuestro, lleno de irracionalidades en gastos e inversiones, está más capacitado y es más legítimo que un empresario que está en el mundo productivo para decidir dónde debe ir una franja mínima de los recursos impositivos. Pero además, desprecian la experiencia comparada de la mayoría de los países desarrollados que tienen sistemas de do- naciones impositivas a universidades privadas similares al que ahora quieren derogar. Con su concepción mítica del Estado, Gelman y sus compañeros confunden sus delirios con la realidad. Viven felices en una burbuja compañera, llena de ideología izquierdista y de mitos políticos completamente alejados de la circunstancia del país. Están convencidos de que con iniciativas así construyen progresismo y justicia social: es su infantil carta de presentación para renovar el Frente Amplio.EDITORIAL

“Algunos contaron que escucharon mi llanto” en la cárcel. La diputada frenteamplista Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, testificó ayer jueves en Roma en el juicio por el Plan Cóndor. La legisladora, de 39 años, fue llamada por la justicia italiana para que contara su experiencia personal en el juicio contra 30 exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la desaparición y muerte de 43 opositores, entre ellos varios de origen italiano. "Conté mi historia y la de mis padres", resumió a la prensa Macarena Gelman, quien conoció su verdadera identidad a los 23 años. Ante los jueces del tribunal romano, relató cómo logró establecer su propia identidad así como la odisea de su madre, María Claudia García de Gelman, apresada en agosto de 1976 en Argentina con 17 años de edad y trasladada a Uruguay, donde dio a luz a su hija, tras lo cual desapareció. "Algunos supervivientes contaron que habían escuchado mi llanto. Mi abuelo supo que la madre del bebé era una argentina. Decidió lanzar una campaña pública para encontrar otros testigos. Decían que en enero de 1977 o finales de 1976 había sido dejada dentro de una canasta delante de una casa" en Uruguay, contó. Macarena Gelman fue entregada ilegalmente a la familia de un oficial de la policía uruguayo. Ante la fiscal italiana Tiziana Cugini compareció también ayer jueves el exsoldado Julio César Barbosa, quien conoció a la madre de Gelman cuando estaba detenida en Uruguay. "Pocos hemos contado lo que realmente ocurría allí", reconoció Barbosa, quien describió los secuestros clandestinos de opositores en los que participó como miembro a los 18 años del Servicio de Información de Defensa (SID), en cuya sede instalaron un campo clandestino de detención en el marco del operativo Cóndor. "Vi a la madre de Macarena en una de las cárceles, a finales de 1976, estaba encinta", contó tras describir el clima represivo de esos años negros. En el primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80, los acusados están siendo juzgados en ausencia. Entre ellos figuran el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez y el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada. Los inculpados (un boliviano, 11 chilenos, cuatro peruanos, 16 uruguayos), cuyas edades oscilan entre los 65 y 90 años, han sido acusados de secuestro de persona y homicidio múltiple agravado. Entre los uruguayos denunciados en este caso, están los militares Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande, José Gavazzo, José Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Álvarez y Ernesto Soca, todos procesados con prisión.JUICIO