Sugiere análisis en algunos rubros que tienen “rigidez” a la baja en su valor.
Al momento de buscar cómo atacar el 10,23% de inflación (y sobre todo a las expectativas), el gobierno indicó la realización de un estudio sobre la "posible" existencia de un abuso de posición dominante (lo que es ilegal) en rubros de alimentos y bebidas.
Eso lo dijo el ministro de Economía, Danilo Astori el jueves cuando se conoció que la inflación pasó el 10% en 12 meses por primera vez desde agosto de 2004. Ayer, el presidente Tabaré Vázquez reiteró ese concepto (ver aparte).
Un estudio previo de la oficina de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en Montevideo, titulado "Formación y determinación de precios en el Uruguay" evaluó esos aspectos.
El trabajo aborda "la posible conexión entre la competencia en los mercados, o su falta de, y la inflación", señalaron sus autores Andrés Rius y Leandro Zipitria. "Si bien no compara la situación comparativa del mercado uruguayo, existe la percepción de que los mercados en el Uruguay están relativamente concentrados. Esta concentración impulsa también la percepción de que estas estructuras de mercado favorecen comportamientos de precios que, a nivel agregado, tienen efectos sobre la inflación", añadierón.
"La conexión entre poder de mercado e inflación no es lineal ni tampoco podría, en primera instancia, generar efectos de largo plazo. Sin embargo, aún si la conexión fuera débil, tendría sentido promover la articulación entre la política anti-inflacionaria y la política de competencia", justificaron.
El estudio, "pone de manifiesto que existirían bienes (y establecimientos) en donde las empresas tendrían la potencialidad para fijar sus precios por encima del que fijaría un mercado competitivo".
De todas maneras, los autores aclararon que "si bien sería imprudente tomar esos resultados para señalar a los comercializadores de esos bienes como culpables de alzas en el nivel de precios, o su propagación, su identificación podría tomarse desde las autoridades de competencia como pistas preliminares para orientar estudios sistemáticos".
Astori había señalado que iba a pedir a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que "desarrolle un análisis y nos pueda brindar información acerca de la existencia de posibles abusos de posiciones dominantes que pueda haber" porque ha "visto algunos aumentos sorprendentes de precios en estos últimos días, por ejemplo, en el rubro alimentos y bebidas". La reunión se realizará hoy (ver aparte).
El trabajo de la Cepal señaló que "el estudio exploratorio sugeriría la conveniencia de enfocar en la formación de precios en restaurantes y hoteles, y en servicios personalizados y/o por contratos de adhesión". Además, "la evidente monopolización en medicamentos ameritaría su indagación especialmente como determinante de las trayectorias explosivas de los costos del sistema nacional de salud", agregó.
Rius y Zipitria focalizaron el "ejercicio" en la "rigidez asimétrica (rigidez a la baja) de precios al consumidor final. La rigidez nominal a la baja manifestada en un período relativamente extenso (cuatro años) sugeriría entonces que la oferta del bien respectivo posee alguna cuota de poder de mercado que le permite elevar el precio por encima del equilibrio competitivo, y mantener esa diferencia sin perder su clientela".
Aplicaron "dos criterios (en general con un sesgo conservador) para catalogar productos como rígidos a la baja. En el extremo, un bien exhibiría esa rigidez si su precio registrara solamente variaciones positivas (o cero) en el período de referencia" y "admitiendo la posibilidad de error de medición", incluyeron "productos que tuvieran hasta dos observaciones anómalas respecto a esa definición, claramente por debajo de la media de bajas de todos los artículos (9,4 caídas del precio nominal en 48 observaciones mensuales)", explicaron.
Resultados.
El estudio encontró que "de enero 2011 a diciembre 2014, 61 en 374 artículos tuvieron hasta dos caídas nominales de precio (en 48 observaciones mensuales)". Esos 61 artículos "representan el 16,3%" de los que integran el cálculo del IPC", con un "peso mayor" porque "tienen una ponderación agregada de 20,89%".
El informe indicó que "dos divisiones dan cuenta de la mayor parte de estos artículos con precios rígidos a la baja: se trata de restaurantes y hoteles y servicios varios, de los que destacan los que llamaremos "personalizados".
Estos servicios "tienden a requerir la presencia del proveedor junto al cliente, no pueden almacenarse, y se basan en una relación de confianza consumidor-proveedor que costó crear y usualmente se abandona solamente ante desacuerdos graves". Se puso como ejemplo de ellos "la elección de una entidad educativa a la que asistirán los hijos de quienes opten por ese tipo de organización". En ese caso "no debe extrañar, entonces, que los proveedores en esos mercados tengan cierta holgura, que utilizan, para imponer ajustes sistemáticos al alza de los costos de matriculación; ni que los artículos enseñanza en todos los niveles integren el grupo de los que realizaron dos o menos reducciones de precio en 48 meses", se afirmó en el trabajo.
Otros ejemplos de servicios "personalizados" son: "los de peluquería, asesoramientos especializados (veterinario, escribano, mecánico de chapa y pintura), club deportivo o gimnasio, y reparación de calzado y prendas de vestir".
Junto a esta, "la categoría de artículos de mayor rigidez a la baja se encuentra mayoritariamente ocupada por productos que componen de la división Restaurantes y Hoteles", lo cual es una "relativa novedad" indicaron los autores, porque "parecería tratarse de sectores en los que existe una oferta de numerosos proveedores". Añadieron que "sin embargo, el sector posee características que la literatura identifica como promotoras o facilitadoras de comportamientos colusivos (práctica ilegal): por una parte, posee bien organizadas e influyentes organizaciones gremiales empresariales, algunas de prolongada historia, que facilitan el diálogo y —eventualmente— la coordinación entre empresarios; por otra parte, las empresas del sector gastronómico y hotelero se abastecen de insumos clave de empresas cuasimonopólicas (por ejemplo bebidas gaseosas, cervezas), que podrían operar (deliberada o inadvertidamente) coordinando el momento y magnitud de los ajustes de precios".
"Remarque" y Reunión en MEF.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori confirmó que hoy en el ministerio tendrá una reunión con jerarcas de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y el Área de Defensa del Consumidor para que analicen el posible "abuso de posición dominante" en algunos rubros. Astori se refirió ayer al "remarque en precios, sobre todo en alimentos y bebidas". El presidente de la República, Tabaré Vázquez también hizo referencia a esto ayer en el Consejo de Ministros en Rivera. "No vamos a hacer un congelamiento de precios, pero sí se va a estudiar si hay algún elemento abusivo de posicionamiento en el mercado, como otro elemento más vinculado al aumento de la inflación", indicó. "A veces la intermediación hace crecer el costo de los productos que impactan finalmente en la población", dijo.
El caso de la salud y la dificultad para probar "abusos de posición".
Rius y Zipitría concluyeron que "los artículos clasificados como susceptibles de tener precios administrados siguen una lógica de relacionamiento personalizado (en los servicios) y de un cartel tácito (en restaurantes y hoteles), posiblemente coordinado por un proveedor común o en el marco de relaciones sociales que caracterizan a gremios empresarios dinámicos".
A su vez, "un segundo conjunto de artículos con indicios más débiles de poder de mercado surge al flexibilizar algunos de los criterios usados para la demarcación, añadiendo otro segmento al pool de artículos que ameritan vigilancia", indicaron.
Por su parte, "los medicamentos impactan por dos vías en la inflación: por los precios que pueden imponer a consumidores individuales, y por su efecto en los costos de la medicina colectivizada", expresaron.
Ante ello, "la política de competencia probablemente tenga un papel a cumplir en la contención de los gastos de salud e incluso en la inflación (por ejemplo, defendiendo y haciendo operativa una política de genéricos bioequivalentes) pero estas intervenciones trascienden el foco de este documento", sugirieron Rius y Zipitría.
Los autores recordaron que "en la legislación uruguaya no está prohibida la dominancia de mercados sino su abuso, y para algunos de los artículos señalados como riesgos para la estabilidad puede ser extremadamente difícil probar los abusos. De todos modos, debe considerarse la intención y/o las acciones que posibilitan la extracción de rentas monopólicas como parcialmente endógenos a la disposición y capacidad de hacer cumplir la ley. Mantener la capacidad de investigar a los mercados es una inversión en prevención, teniendo en cuenta que la iniciación de estudios suele ser un poderoso disuasor de conductas ilegales".
Órgano desconcentrado del MEF