Ortega le bloqueó el paso a funcionaria chavista designada para sustituirla.

Nuevo desafío de la fiscal general rebelde Luisa Ortega a Nicolás Maduro. Ahora le bloqueó el ingreso al Ministerio Público a la funcionaria chavista designada para sustituirla si el Tribunal Suprema de Justicia (TSJ), un organismo que responde a las directivas de Maduro, confirma su destitución.

Katherine Haringhton, una abogada chavista al igual que Ortega pero todavía fiel al régimen, llegó sorpresivamente a la sede de la Fiscalía, en el centro de Caracas, pero tras esperar unos 20 minutos frente a los portones cerrados, decidió retirarse sin poder tomar posesión de su cargo como vicefiscal.

"Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al MP", aseguró Ortega, quien enfrenta un proceso judicial que podría llevar a su remoción en los próximos días y quien no reconoce el nombramiento de Haringhton.

El TSJ, acusado de servir al gobierno, fue blanco ayer jueves de una nueva protesta en la ola de manifestaciones que realiza desde hace tres meses la oposición —con saldo de 91 muertos— para exigir la salida de Maduro, en medio de la devastadora crisis económica.

Pero las fuerzas de seguridad los reprimieron en el este de Caracas con bombas lacrimógenas, que lanzaron incluso dentro de un concurrido centro comercial. Muchas personas, entre ellas niños y ancianos, resultaron afectadas con los gases y algunas se desmayaron.

"Hoy tiene más sentido tomar las calles después del asalto paramilitar que hicieron al Congreso", dijo el alcalde opositor David Smolansky.

El miércoles seguidores del gobierno hirieron a siete diputados, tres de los cuales quedaron sangrando por la cabeza, al irrumpir violentamente en la sede del Parlamento de mayoría opositora, que permaneció bajo asedio de oficialistas durante nueve horas.

La incursión violenta, que Maduro condenó aunque sin admitir que hayan sido seguidores suyos, fue condenada por la comunidad internacional.

Haringhton fue juramentada hace dos días por el TSJ, poco antes de una audiencia que realizó la Corte para decidir, en los próximos tres días, si enjuicia a Ortega por supuestas "faltas graves", acusada por el oficialismo de mentir en señalamientos contra los magistrados.

Tras años de línea oficialista, Ortega se convirtió hace tres meses en una de las principales adversarias de Maduro y del TSJ, y el martes se negó a comparecer en la audiencia al señalar que no convalidaría un "circo" cuyo resultado está ya "cantado".

La fiscal desconoce el nombramiento de Haringhton al destacar que los magistrados fueron elegidos ilegalmente y que la designación del vicefiscal es sólo potestad del Parlamento, al igual que su remoción. Pero el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016, por lo que se da por descontada su pronta destitución por parte de los magistrados.

"Me parece muy bien que no la hayan dejado entrar (a la vicefiscal) porque es una usurpación. Todo poder que no controla, el gobierno trata de neutralizarlo sin importar que viole la Constitución", dijo el diputado y ex jefe parlamentario Henry Ramos Allup.

Haringhton, fiscal regional durante la gestión de Ortega, fue sancionada en 2015 por Estados Unidos que la acusa de violaciones de derechos humanos al haber enviado a la cárcel a varios dirigentes opositores como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

En plena tensión, Maduro sigue adelante con una Asamblea Nacional Constituyente que será elegida el 30 de julio. Antes, el domingo 16, la oposición realizará un plebiscito simbólico para demostrar que esa iniciativa es rechazada por la mayoría de venezolanos.

El diputado chavista Germán Ferrer, esposo de la fiscal, desmintió ayer que un tribunal de Caracas hubiera dictado una orden de arresto contra Ortega, tal como aseguraron algunos medios locales que citaron como fuente al propio parlamentario.

"No nos sorprende ninguna acción, pero hasta el momento no hay ninguna orden, fue una información extraoficial que se ha desvanecido", afirmó, en declaraciones al portal local El Estímulo, Ferrer, chavista crítico, al igual que su esposa.

El rumor sobre la emisión de una orden de detención contra Ortega circuló horas después de que la Fiscalía impidiera el acceso a su sede a la vicefiscal Haringhton.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió ayer jueves una sesión extraordinaria del organismo para discutir la crisis en Venezuela.

En una carta al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el brasileño José Luiz Machado, Almagro solicitó la reunión "lo más pronto posible" y sugirió hoy viernes como posible fecha. Aunque Almagro pidió la convocatoria de la reunión extraordinaria para la tarde de hoy viernes, una fuente de la OEA informó a la AFP que aún era preciso conocer la respuesta de Machado.

El miércoles, Almagro había condenado enérgicamente los actos de violencia que se verificaron en la Asamblea Nacional de Venezuela, en que varios representantes de la oposición resultaron heridos. De acuerdo con Almagro, "esos actos de violencia fueron inconstitucionales e ilegales". El régimen venezolano anunció su salida de la OEA y no acepta sus fallos.

Universidades, organizaciones no gubernamentales y gremiales de Venezuela conformaron ayer el llamado "Movimiento Libertador" para defender e impulsar la realización de un plebiscito el próximo 16 de julio para consultar a la población si apoya o no la elección de una Asamblea Constituyente.

"En representación del movimiento de derechos humanos, este plebiscito es la repuesta de paz contra esta Constituyente que lo que plantea es darle la espalda al pueblo", dijo el director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero. "Que el Estado no arrope la voluntad popular", afirmó Romero y señaló que hasta ayer se registraron 3.553 arrestos de manifestantes y permanecen 1.107 ciudadanos tras las rejas.

La presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, dijo que este movimiento está conformado por siete universidades públicas y privadas, por los colegios de ingenieros, abogados y periodistas, así como por varias ONG.

En un comunicado, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señaló que este plebiscito está amparado por la Constitución e indicó que la consulta se desarrollará sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) "debido a su complicidad con el gobierno".

Este miércoles el Parlamento venezolano, controlado por la oposición, aprobó la convocatoria de este referendo.

OTRO INTENTO DE LA OEA