Buscan la aprobación de una ley de emergencia social.

Una masiva marcha de sindicatos y organizaciones sociales colmó ayer viernes el centro de Buenos Aires para reclamar al gobierno de Mauricio Macri que declare la emergencia social en Argentina en medio de la recesión económica y con una inflación por encima del 40%.

La marcha tuvo como epicentro el Congreso de la Nación, cuyo Senado aprobó una Ley de Emergencia Social que espera su tratamiento en la Cámara de Diputados y a la que el gobierno se opone.

La protesta, que bloqueó por completo la avenida 9 de Julio —una de las más anchas del mundo—, contó con el respaldo de las principales centrales obreras del país, la Confederación General de Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina.

"Los indicadores no dan tranquilidad. Millones de argentinos quedan descartados de la sociedad. Queremos trabajo, y trabajo digno. Por eso venimos, no sólo a pedir por la Ley de Emergencia Social, sino también a pedir que paren con los despidos y suspensiones", dijo durante el acto central Juan Carlos Schmid, secretario general de la CGT.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la tasa de desocupación fue de 9,3% en el primer semestre, con un alza interanual de más de tres puntos. Entre enero y septiembre de 2016, se perdieron 127.595 puestos de trabajo, lo que representa una caída de 1,5% del empleo registrado, según cifras del gobierno.

Los despidos y suspensiones suman 208.000, según la medición realizada por el privado Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a mediados de setiembre.

La industria y la construcción están en picada, mientras el consumo se desplomó por la pérdida del poder adquisitivo del salario debido a una inflación que ronda el 43% anual, según estimaciones privadas.

"No creo que el gobierno tenga ánimo de cambiar la situación. Gobierna para un sector que son los más ricos. Ojalá hubiera tenido la misma rapidez para darles solución a los trabajadores como se las dio al campo, como se las dio a las mineras", dijo Pablo Moyano, secretario adjunto del poderoso gremio de conductores de camiones.

En un contexto de desazón, los sindicatos reclaman más ayuda social y un marco legal que propicie la creación de un millón de puestos de trabajo en el mediano plazo.

"Se terminó el tiempo de espera", advirtió Schmid.

Los sindicalistas pidieron al gobierno que "se haga cargo" de la situación económica que dejaron los 12 años de gobiernos kirchneristas.

"No sólo venimos a hacer cargo al gobierno, también a los legisladores y a los empresarios que piensan que van a poder vivir toda la vida en un country, mientras se desmorona la sociedad argentina. Los empresarios no están cooperando", denunció el sindicalista.

Desde que asumió Macri 1,4 millones de personas cayeron en la pobreza, que alcanza en Argentina al 32,2% de la población.

El gobierno argentino pagó ayer 475 millones de dólares a tenedores de títulos que estaban en cese de pagos, informó el Ministerio de Hacienda. Estos pagos cancelan reclamos judiciales y no judiciales por montos equivalentes a 850 millones de dólares, pero tras una quita aproximada del 44%.

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