La crisis en Venezuela

Resisten el censo para subir el precio y racionalizar la nafta.

Centenares de ómnibus bloquearon ayer viernes avenidas neurálgicas de Caracas en protesta por la escasez y los altos costos de repuestos, durante la primera jornada de un censo de vehículos para acceder a gasolina y piezas automotrices subsidiadas.

"¡Estamos cansados de censarnos! Yo lo que quiero son soluciones", contó Isael Peña, quien llevaba 25 años conduciendo un microbús hoy convertido en chatarra por los efectos de la hiperinflación, estimada en 1.000.000% para 2018 por el FMI.

El régimen de Nicolás Maduro inició ayer un censo de automóviles que se prolongará hasta mañana domingo, parte de un plan que contempla la revisión del precio de la gasolina más barata del mundo: un dólar permite comprar 3,5 millones de litros.

Maduro adelantó además que regulará la venta de combustible con el "carnet de la patria", tarjeta electrónica para recibir subsidios que la oposición denuncia como un arma de "control social" en medio del aumento del costo de la vida y la severa escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos.

El precio de los combustibles en Venezuela es un tema tabú desde El Caracazo, estallido social que se desató en 1989 por un alza en la gasolina, dejando unos 300 muertos, según cifras oficiales. Aunque cuestionaba los bajísimos precios, el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) jamás los tocó, rezagándolos en un país inflacionario. Maduro autorizó en 2016 el primer aumento en 20 años, pero el valor siguió siendo irrisorio. La nueva revisión llega en momentos de asfixia, con una economía que no para de caer desde 2014.

El subsidio a la gasolina le costó a Venezuela unos 10.000 millones de dólares anuales desde 2012, señaló el especialista petrolero Luis Oliveros. Esta millonaria subvención alimenta un agujero fiscal que el gobierno financia emitiendo dinero, lo que propulsa la inflación, añade. "Es mentira que el aumento de la gasolina sea inflacionario; el subsidio es hiperinflacionario", dijo Oliveros.

La situación se agrava con el desplome de la producción petrolera, de 3,2 a 1,5 millones de barriles diarios entre 2008 y 2018.

Por esta situación, en Venezuela los autobuses están siendo reemplazados por camiones de carga de cualquier tipo porque los dueños de transportes de pasajeros no consiguen neumáticos, aceite de motor u otros repuestos o no pueden cubrir sus costos pues los ingresos que reciben por cobrar pasaje no alcanzan para mantener las unidades.

"Lo que necesitamos son insumos para trabajar", declaró Hugo Ocando, dirigente del gremio de transportistas.

El 90% de la flota de transporte público está paralizada, según el gremio. Un neumático para autobús oscila —dependiendo del modelo del vehículo— entre 600 millones y 1.000 millones de bolívares, equivalentes a 170 y 280 dólares en el mercado negro, cuando el precio de un boleto, 15.000 bolívares, ni llega a medio centavo de dólar.

De 280.000 unidades de autobuses que existían hace dos años en el país solo quedan unas 30.000, de acuerdo con sindicalistas del transporte.

Maduro no dio detalles de cómo ejecutaría el eventual ajuste de los combustibles, pero analistas piensan que habrá un mercado dual, con estaciones de servicio vendiendo nafta barata y otras comercializándola a costos más altos. El mandatario tampoco mencionó probables tarifas.

El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, aseguró que más de 500.000 personas se habían censado ayer viernes en todo el país, reseñó la agencia oficial AVN. Había colas, también, para sacar el "carnet de la patria". De acuerdo con el gobierno, de un total de 30 millones de venezolanos, 12 millones habían tramitado el documento antes de este viernes.

Constituyente, un año jugando para Maduro

La Asamblea Constituyente de Venezuela cumple hoy sábado un año de gestión, durante el cual operó para perpetuar al presidente Nicolás Maduro y neutralizar a la oposición, sin que se conozcan avances sobre su principal objetivo: una nueva Constitución.

Con su legitimidad en duda por la forma en que fue elegido, este órgano oficialista opera como un suprapoder que convoca elecciones, destituye funcionarios y dicta decretos-ley.

Su instalación el 4 de agosto de 2017 calmó las agitadas aguas. Maduro enfrentaba cuatro meses de protestas opositoras que exigían su salida y dejaron unos 125 muertos y cientos de heridos y presos. "Desarticuló la protesta", dijo a la AFP el analista Mariano De Alba.

La primera decisión de los asambleístas fue destituir a la fiscal Luisa Ortega, quien se había apartado del oficialismo tras acusar a Maduro de un quiebre constitucional. Ortega está desde entonces exiliada Colombia.