La tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento, según el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.

"La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", dice el primer párrafo de las conclusiones del informe de Méndez sobre México.

"La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento", prosigue el informe.

Méndez realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y redactó un informe que ayer presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en su vigésimo octava sesión ordinaria.

Resalta que la finalidad de dicha tortura es castigar o extraer confesiones o información, y "hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces".

Durante su presentación pública, Méndez denunció que en México la tortura, muchas veces, se da porque "se detiene para investigar en lugar de investigar para detener", aunque alabó al Estado por estar dando pasos alentadores, especialmente la introducción de modificaciones legislativas acordes a los estándares internacionales.

En el informe, el relator denuncia también que "las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva".

El relator denuncia la deficiencia de los exámenes médicos, dado que raramente se constatan alegaciones o evidencias de torturas; la falta de control sobre la legalidad y el plazo de la detención.

Asimismo, Méndez critica que no se inician investigaciones de oficio, ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura. Ante esta situación, el relator "recomienda" a México "reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal".

Además, en el texto, el relator urge al país a tomar todas las medidas para prevenir y castigar seriamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos. Méndez pide urgentes reformas legislativas para adaptar la normativa a los estándares internacionales para efectivamente prevenir, evitar, juzgar y castigar todos los actos de tortura o malos tratos.

Uno de los actos "urgentes" que México debe emprender es la investigación de todas las denuncias presentadas hasta la fecha, incluidos "los sucesos pendientes de la Guerra Sucia".

En la misma línea, se debe suspender inmediatamente a los funcionarios sospechosos de aplicarla; y ordenar a los fiscales y jueces que excluyan de oficio cualquier prueba de la cual se tenga sospecha que ha sido obtenida bajo malos tratos. Asimismo, Méndez pide que se retire "definitivamente" a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.

Finalmente, el relator hace especial mención a la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero. "La inaceptable tragedia constituye una llamada urgente al Gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos", concluyó.

México negó que en su país la tortura sea "generalizada" tal y como aseguró, tanto en un informe como de forma pública, el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, Juan E. Méndez.

En dicho informe, el relator afirma que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad.

Unas palabras que ayer Méndez repitió durante una breve presentación del informe ante el pleno del Consejo. Tras su intervención, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, aseguró con rotundidad que la afirmación de que la tortura es generalizada es una falacia. "No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad", sostuvo Lomónaco.

"Esta aseveración tampoco se corresponde con el resto del contenido del informe", agregó. Acto seguido, el embajador pidió que los relatores especiales de Naciones Unidas sustenten sus informes "en la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista". Dicho esto, el diplomático comenzó a desgranar, una por una, las modificaciones legales y proyectos legislativos que pretenden ajustar las normas mexicanas relacionadas con la violación de los derechos humanos a la ley internacional, aunque su discurso fue interrumpido al excederse en su tiempo de alocución. EFE

El relator de ONU visitó México para elaborar su informe