La Justicia de Ecuador resolvió negar la deportación de la periodista franco-brasileña Manuela Picq, de 38 años, quien fue retenida en las manifestaciones del jueves en Quito.

La mujer que, según medios informativos es pareja sentimental de uno de los líderes indígenas, Carlos Pérez, tiene su visado revocado por la Cancillería ecuatoriana y su situación es de "permanencia irregular" en el país, según ese ministerio.

La jueza Gloria Pinz, quien tomó la resolución, dijo que encontró "anomalías en el caso. En este sentido, señaló que no existe ningún motivo para que la extranjera sea detenida y anunció que pedirá a la Fiscalía que se investigue a los agentes que elaboraron el parte policial y también al funcionario que anuló la visa que garantizaba la legalidad de la ciudadana en Ecuador.

Durante la audiencia, un centenar de personas se manifestaban en las afueras del juzgado en apoyo de Manuela Picq.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció ayer el "uso excesivo de fuerza" de parte de la policía ecuatoriana durante las protestas que se registraron el pasado jueves en Quito.

Los disturbios se produjeron en una marcha convocada por organizaciones indígenas, sindicales y sociales contra el Gobierno de Rafael Correa, cuando algunos intentaron romper un cerco policial.

HRW "ha recibido denuncias creíbles de que la policía ecuatoriana empleó un uso excesivo de la fuerza, incluyendo golpizas a manifestantes no violentos y desarmados", afirmó la organización.

A Manuela Picq le habían revocado su visado