FALLO DE LA SUPREMA CORTE

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió ayer lunes por unanimidad que los extranjeros que ingresaron al país de manera ilegal no podrán solicitar la residencia permanente. La máxima instancia judicial falló a favor del gobierno de Joe Biden en una decisión que afecta a beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal (TPS en inglés).

El TPS fue creado en los años 1990 para amparar de la deportación y permitir trabajar legalmente a los extranjeros que por desastres naturales o inestabilidad política en sus países no pudieran regresar de forma segura.

El beneficio puede aplicarse de seis a 18 meses, renovables hasta que las condiciones varíen. Unos 320.000 ciudadanos de 10 países detentan un TPS.

“Una concesión de TPS (...) no elimina el efecto descalificante de un ingreso ilegal”, argumentó la magistrada progresista Elena Kagan al justificar su opinión, apoyada por sus colegas. Kagan notó que la legislación pendiente en el Congreso estadounidense permitiría a los titulares de TPS convertirse en residentes permanentes. La iniciativa American Dream and Promise Act, aprobada el 18 de marzo en la Cámara Baja, aún debe ser adoptada por el Senado.

Al 11 de marzo de 2021, casi 320.000 extranjeros en Estados Unidos estaban protegidos por TPS otorgados a 10 países: El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.

A seis de estos países (El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán) el gobierno de Donald Trump les canceló el TPS, pero las terminaciones están en suspenso mientras se resuelven las demandas judiciales presentadas por los beneficiarios. La administración Biden sumó tres nuevas designaciones de TPS: Venezuela, Birmania y Haití. Según estimaciones oficiales, unos 323.000 venezolanos, 1.600 birmanos y de 100.000 a 150.000 haitianos podrían ser elegibles para solicitar un TPS.