NARCOTRÁFICO

En Filipinas la guerra contra las drogas está desangrando al país con total impunidad. Se cometen una media de 27 ejecuciones extrajudiciales al día y miles de “daños colaterales”, que incluyen la muerte de menores.

Con más de 27.000 asesinatos en tres años -aunque la policía solo admite 6.600 muertos en operaciones antidroga-, todavía no ha habido “una rendición de cuentas significativa” por parte del gobierno filipino, denunció ayer lunes Amnistía Internacional (AI).

“La guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte sigue como una empresa de matar a gran escala”, indicó el director regional de Amnistía para el Sudeste Asiático, Nicholas Bequelin, en una videoconferencia en Manila.

Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de erradicar el tráfico de droga matando a decenas de miles de supuestos traficantes y adictos. Dijo incluso que los peces de la Bahía de Manila se engordarían con sus cadáveres.

El informe de AI presentado ayer advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad y documenta decenas de ejecuciones extrajudiciales, que son el “modus operandi” generalizado en las redadas antidroga, en las que “la policía mata impunemente a los más pobres”.

Amnistía aseguró que las víctimas son principalmente filipinos pobres, muchos de los cuales figuran en “las listas de vigilancia de la droga”. Sus nombres son entregados por autoridades locales sometidos a “presiones inmensas” por parte de la policía para que les den constantemente sospechosos.

“Peor aún, los que figuran en las listas de vigilancia parecen estar allí indefinidamente, sin ninguna posibilidad de ser retirados, aunque hayan seguido el tratamiento y dejado de consumir droga”, afirma.

En un discurso luego de que Amnistía publicó el informe, Duterte dijo que “las ejecuciones extrajudiciales están bien, pero no la corrupción”.

El representante de AI en Filipinas, Butch Olano, señaló que el 78% de los filipinos confesó tener miedo de convertirse en una víctima de las ejecuciones extrajudiciales, mientras que el 67% opina que la policía es la responsable, según una encuesta reciente que refleja el “clima de miedo, agonía emocional, miseria y pérdida de esperanza” que reina en el país.

Según AI, el campo de batalla de la guerra contra las drogas se ha trasladado de Manila a la provincia de Bulacan -a unos 50 kilómetros al norte de la capital- donde solo en 2018 se registraron más de 500 asesinatos, en silencio y lejos del foco mediático.

La escalada de asesinatos en la provincia coincide con el nombramiento en abril de 2018 del superintendente Chito Bersaluna como jefe provincial de la Policía en Bulacan, después de dirigir el cuerpo en el distrito de Caloocan, al norte de Manila, donde los primeros meses de la campaña fueron especialmente sangrientos.

Bajo su mando en Caloocan se produjo en agosto de 2017 el asesinato a sangre fría de Kian de los Santos (17), cometido por tres agentes condenados un año después a 40 años de prisión, la única condena sobre los abusos de la campaña antidrogas en tres años.

El caso de Kian causó una fuerte conmoción popular -todo el país vio su asesinato porque quedó grabado por cámaras de seguridad-, similar a lo que está ocurriendo con el homicidio de Kateleen Myca Ulpina, con tan solo tres años, el pasado 29 de junio en la provincia de Rizal, en un operativo que iba dirigido a su padre.

La versión policial sostiene que Myca fue utilizada como escudo humano por su padre, que también murió en el operativo, aunque la madre lo niega y asegura que toda la familia dormía cuando la policía irrumpió en la casa, sin ninguna orden de arresto.

“Esas mierdas pasan”, fue la respuesta del senador Roland “Bato” de la Rosa, exdirector de la Policía Nacional y arquitecto de la guerra contra las drogas, a la muerte de la pequeña, considerada un “daño colateral” de la campaña.