Un exgerente de Petrobras involucró ayer al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en la gigantesca trama de corrupción que se investiga en la petrolera estatal brasileña y dijo que esa formación pudo haber recibido hasta 200 millones de dólares desviados.

Pedro Barusco, exgerente del departamento de Servicios de la empresa y detenido por su implicación en el caso, compareció ante el Congreso, que a última hora decidió que la sesión fuera pública, y afirmó que el tesorero del PT, João Vaccari Neto, al igual que Renato Duque negociaban la comisión que el partido recibiría.

"Había una reserva de comisión para el PT" en cada uno de los contratos que Petrobras firmaba con otras empresas, que formaban una especie de cártel que se repartía las obras, afirmó Barusco, quien dijo que, según sus cálculos, el partido gobernante recibió entre "150 y 200 millones de dólares" de la red de corrupción.

Barusco, quien ingresó a Petrobras en 1995, explicó que comenzó a recibir comisiones por sus maniobras para otorgar contratos en 1997, cuando el país era gobernado por Fernando Henrique Cardoso, del ahora opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Sin embargo, dijo que en esa época se trataba de "iniciativas personales" que tomó con otros directores de la empresa y sostuvo que la corrupción fue "más amplia y en forma más institucionalizada" desde "2003 o 2004", cuando ya estaba en el poder el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del PT.

Barusco explicó que sus cálculos sobre la suma que puede haber recibido el tesorero del PT se apoyan en las comisiones que él mismo obtuvo, que fueron cercanas a los 100 millones de dólares que se ha comprometido a devolver a las arcas públicas.

Vaccari, quien en febrero pasado fue detenido temporalmente por la Policía en el marco del proceso, figura entre los 49 políticos que el Tribunal Supremo decidió someter a investigación por su presunta participación en las corruptelas.

En esa lista están los actuales presidentes de las dos cámaras legislativas, otros 32 parlamentarios y 12 exdiputados, entre ellos cuatro exministros del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff.

Los políticos investigados son del PT, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, y de los partidos Progresista (PP) y Laborista Brasileño (PTB), que son parte de la coalición gobernante.

Del frente opositor, solo figura entre los 49 investigados el senador Antonio Anastasia, del PSDB.

Los fiscales comenzaron a interrogar el 5 de febrero a Vaccari, quien no ha sido acusado de ningún delito. Su abogado dijo en ese momento que el PT solamente recibía donaciones legales y que cooperaría con los investigadores. Duque estuvo brevemente encarcelado el año pasado y no afronta acusaciones criminales.

Muchos de los más de 40 detenidos son ejecutivos de las empresas de ingeniería más importantes del país, acusadas de formar una organización que canalizaba fondos de contratos de Petrobras, supuestamente para enriquecimiento propio y de políticos.

Barusco dijo que recuerda haber visto a este cártel activo por primera vez en un contrato para construir la refinería Abreu e Lima en el noreste de Brasil, el mayor proyecto individual de inversión en la historia de Petrobras, y en Comperj, una refinería en las afueras de Río de Janeiro.

Abogados defensores dijeron esta semana que esperan los primeros veredictos de los casos en Curitiba en alrededor de un mes, mientras el foco del caso pasa a los políticos que serán juzgados por la Corte Suprema. Rousseff, quien era directora de la petrolera cuando se produjeron buena parte de las estafas, quedó exceptuada de la investigación.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, vaticinó ayer que la economía del país saldrá de su estancamiento y dará sus primeras muestras de recuperación a finales de este año. "Estamos haciendo todo el esfuerzo para que a fin de este año las señales de recuperación comiencen a reaparecer", afirmó la mandataria en un discurso al inaugurar el Salón Internacional de la Construcción Civil en San Pablo. Reiteró que los fundamentos de la economía brasileña son "sólidos".

La insistencia del Gobierno brasileño en atribuir las actuales protestas contra la presidenta Dilma Rousseff a una campaña "golpista" de sus rivales agrava aun más la crisis del país, advirtió ayer el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), mayor fuerza de oposición en Brasil. "Con su ineptitud para tratar el momento delicado, Dilma (Rousseff) está consiguiendo transformar lo que era una dificultad económica en una crisis política", según un análisis de coyuntura divulgado por el Instituto Teotonio Vilela, órgano de formación política del PSDB. Para la formación, las protestas surgieron espontáneamente de personas preocupadas con la situación del país, con la economía al borde de la recesión y la inflación en su mayor nivel en 10 años; que rechazan las medidas de ajuste fiscal o que están indignadas por el escándalo de Petrobras. EFE

Testimonio del directivo al Congreso salpica al partido de Dilma RousseffEFE Y REUTERS