“SOLO SÍ ES SÍ”

El Congreso españolaprobó ayer jueves un proyecto de ley que reforma el Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, y hace del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales.

Varias enmiendas incorporadas en el trámite parlamentario consideran ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución, y reconoce el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular.

También recoge el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, y blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.

Otra de las enmiendas establece que los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género. La ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados por 201 votos a favor, 140 en contra (todos los diputados de PP y Vox) y tres abstenciones

La conocida como ley “del solo sí es sí”, en alusión al consentimiento expreso en las relaciones sexuales, es un proyecto del Ministerio de Igualdad, que dirige la izquierdista Irene Montero, del partido Podemos.

Así, toda relación sexual sin consentimiento será agresión, haya o no violencia o intimidación; esta cuestión cobró relevancia con el caso de la Manada: cinco jóvenes condenados primero a 9 años de prisión cada uno de ellos por abusos sexuales cometidos contra una joven de 18 años en 2016, aunque luego el Tribunal Supremo lo consideró violación y elevó la pena a 15 años.

“La libertad sexual, por fin, va a ser un derecho en nuestro país, y vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo”, dijo Montero durante el debate en el Congreso.

Durante sus intervenciones en el Congreso, las diputadas socialistas y de Podemos han recordado “la paciencia”, “el trabajo enorme” y los “esfuerzos” necesarios para llegar a esta ley que, cuando entre en vigor, afectará y protegerá a las mujeres que viven en España, más de 24 millones. Se calcula que, anualmente, se producen alrededor de 400.000 ataques sexuales.

“Vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo”, añadió la ministra Montero.

La socialista Laura Berja destacó que esta es “una buena ley” porque da respuesta a las víctimas de violencia sexual y cambia el Código Penal para que las mujeres no tengan que volver a gritar en la calle que “no es abuso, es violación”.

La diputada Marta González, del Partido Popular, consideró que esta no es la ley adecuada contra la violencia sexual, pues “parece una soflama de un programa electoral” de Podemos.

Además, la ley pone en riesgo la presunción de inocencia y será el denunciado el que tenga que probar que hubo consentimiento en la relación sexual, y no a la inversa, dijo González.

En el ámbito penal, incorpora la sumisión química como agravante de una agresión sexual, que hasta ahora se considera abuso; los asesinatos por violencia sexual serán contabilizados como violencia machista, para lo que se está terminando de perfilar una estadística específica; tipifica el acoso callejero como delito e incluye también la violencia digital. (Con información de EFE y El País de Madrid)