ECONOMÍA REGIONAL

Brasil quiere ser el quinto mayor productor de petróleo del mundo

El gobierno de Jair Bolsonaro lanzó un vasto plan de cesiones y privatizaciones, con el que espera dinamizar la economía y reducir la voluminosa deuda pública.

Pozo petrolero en la bahía de Río de Janeiro. Foto: Reuters
Pozo petrolero en la bahía de Río de Janeiro. Foto: Reuters

Brasil realizará hoy miércoles una subasta de bloques petrolíferos con la que espera obtener una suma récord de 26.500 millones de dólares y dar un salto en su proyecto de convertirse en diez años en el quinto mayor productor mundial de crudo.

El potencial de esas reservas en aguas ultraprofundas (camadas de presal) es gigantesco: según la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) podrían contener unos 15.000 millones de barriles, el doble que las reservas actuales de Noruega.

“En las áreas en venta, hay un volumen muy grande” de crudo y la expectativa es que las cesiones de derechos de explotación “lleguen a representar un récord mundial”, dijo a la AFP Fernanda Delgado, especialista de cuestiones energéticas de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).

Las reglas de estas pujas en el presal son particulares.

Si los cuatro bloques que se subastarán el miércoles -todos frente a las costas de Rio de Janeiro- son adjudicados, la operación totalizará 106.000 millones de reales, unos 26.500 millones de dólares.

Eso ya se sabe, pues el precio es fijo y la puja se realiza sobre el porcentaje de beneficios que las empresas se comprometen a revertir al Estado brasileño.

Petrobras había identificado el potencial de esas zonas y obtuvo en 2010 el derecho de explotarlas, sin licitación. Pero las reservas se revelaron muy superiores a las inicialmente estimadas y el grupo controlado por el Estado tuvo que aceptar la subasta de la explotación de ese excedente, previo resarcimiento de su inversión en instalaciones.

De hecho, Petrobras pretende usar esa suma para participar en esta subasta de “cesión onerosa”, con la mira puesta en dos de los cuatro bloques.

El gobierno de Jair Bolsonaro lanzó un vasto plan de cesiones y privatizaciones, con el que espera dinamizar la economía y reducir la voluminosa deuda pública.

La subasta concluirá el jueves con otras licitaciones de zonas aún sin explorar, por las cuales la ANP espera recaudar 7.800 millones de reales (US$ 1.940 millones).

En una adjudicación de bloques off-shore fuera de la zona de presal, Brasil recaudó el pasado 10 de octubre 8.910 millones de reales, mostrando el fuerte apetito de las grandes empresas por el potencial del país.

El presal ya representa el 64% de la producción total de crudo de Brasil.

La certeza de que la subasta es poco riesgosa -dado que concierne a áreas que ya son explotadas por Petrobras- es sin duda un atractivo para los inversores.

“No podemos hablar de riesgo nulo en el sector del petróleo, pero ese riesgo [de reservas menores que las esperadas] es poco elevado, lo cual explica la importancia de las sumas en juego”, destaca Delgado.

Los especialistas consideran que las áreas ofrecidas suscitarán gran interés a causa de su productividad, estimadas en unos 60.000 barriles diarios según las previsiones más optimistas (los pozos off-shore del Golfo de México producen de 12.000 a 13.000 bd en promedio).

Pero el modelo elegido no es del gusto de todos los posibles interesados.

Así, el grupo británico BP y el francés Total desistieron de participar. Total explicó que la obligación de tener que ser socio minoritario de Petrobras no le convenía.

Bolsonaro plantea otra reforma fundamental

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entregó al Congreso un conjunto de medidas de ajuste que incluye la posibilidad de que el gobierno, los estados y los municipios se declaren en “emergencia fiscal”, reduciendo de manera transitoria los salarios de sus funcionarios. La propuesta da continuidad a la aprobación de la reforma del régimen de jubilaciones. Las medidas incluyen acelerar las privatizaciones y aprobar cinco reformas constitucionales, entre ellas un “pacto federativo” que supone la descentralización de los recursos, incluyendo los del petróleo. También contemplan una desindexación del presupuesto. Los estados y municipios deberían recibir unos US$ 100.000 millones en los próximos quince años, pero se verán obligados a realizar sus propios ajustes presupuestales.

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