Concluye hoy un ciclo que mantiene desde hace un año y medio a los ciudadanos embarcados obligatoriamente en un océano de propaganda electoral. Hasta los políticos están hartos y desgastados.

Quizá por eso existe absoluto consenso entre los líderes de todos los partidos sobre la necesidad de abreviar el proceso electoral. Ello aumenta las posibilidades de que estas hayan sido las últimas elecciones bajo el actual régimen de cuatro instancias (internas, nacionales, segunda vuelta y departamentales).

Tanto la oposición como el oficialismo coinciden en la necesidad de unificar las elecciones nacionales y las departamentales, o al menos distanciarlas mucho más en el tiempo. La mayoría de los líderes consultados opina que es necesario suprimir las elecciones internas como instancia abierta, sino que los partidos deberían elegir a sus candidatos bajo otro régimen; y se escuchan voces que proponen suprimir el balotaje en caso de que uno de los candidatos obtenga mayoría parlamentaria en octubre.

También existe conformidad en que si se va a poner en marcha el mecanismo de reforma constitucional —único camino para modificar el calendario electoral— hay que hacerlo cuanto antes.

Donde no hay consenso, o mejor dicho no hay opiniones, es en el método por el que se deberá emprender la reforma. La actual Constitución establece cuatro procedimientos: la iniciativa popular y proyectos sustitutivos; la iniciativa legislativa; la Convención Nacional Constituyente; y las leyes constitucionales (ver Mecanismos de Reforma).

El tema fue puesto en agenda por el ahora presidente Tabaré Vázquez en la primera gira que realizó para lanzar su candidatura al Frente Amplio en noviembre-diciembre de 2013. Ya en ese momento dijo estar decidido a impulsar una reforma que permita a los partidos políticos elegir a sus candidatos de la forma que mejor lo entiendan para eliminar las internas, juntar las elecciones nacionales con las municipales y eliminar el balotaje en los casos en que exista amplia diferencia entre ambos candidatos que van a la segunda vuelta.

"Me parece que el país no soporta más que tengamos en el plazo de un año cuatro elecciones en todo el país", dijo entonces.

Con respecto al camino para hacerlo, si bien el programa de gobierno del Frente Amplio establece como única opción la vía de la Asamblea Nacional Constituyente, Vázquez planteó sus dudas al respecto. "Yo no sé, no soy abogado, pero hay técnicos que estudiarán cuál es el mejor camino para llevar adelante una reforma", señaló.

Una comisión del FA viene analizando el tema desde el año pasado y retomará las tareas luego de las municipales. El Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista —que tienen la mayoría en el Plenario Nacional— han sido los principales promotores de realizar modificaciones a la Constitución vigente desde 1967 (con los cambios al sistema electoral de 1996). La idea también es compartida por el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista.

La presidenta del FA y senadora socialista, Mónica Xavier, dijo a El País que está a favor de que la reforma constitucional acorte los plazos electorales, aunque opinó que la comisión del FA que trabaja en el tema deberá definir el método a seguirse y el contenido. De todos modos, opinó que deben incluirse otros temas importantes. A modo de ejemplo, mencionó que en la actual Constitución "la salud no está concebida como un derecho sino como una obligación del Estado con quienes viven en la indigencia".

El MPP, por su parte, pretende limitar el poder que tiene hoy la Suprema Corte para fallar sobre la constitucionalidad de las leyes. Pero hasta el momento Vázquez no se ha manifestado sobre las modificaciones referidas al Poder Judicial ni a otros aspectos por fuera de los cambios al sistema de votación.

Daoiz Uriarte, presidente de la Vertiente Artiguista, actual director de Arquitectura del Ministerio de Transporte, e integrante de la comisión que viene estudiando la reforma, dijo a El País que el Frente Amplio tendrá que resolver este año tres aspectos: "la oportunidad de la reforma; el alcance (si es solo electoral o abarca otros aspectos), y el método por el que se llevará a cabo".

En su opinión, no hay duda de que el régimen electoral "es demasiado largo y obliga a los partidos a distraer recursos". Aún así Uriarte expresó que si se va a hacer una reforma "debería abarcar todos los aspectos. No debería ser meramente de carácter electoral sino incluir toda la parte de derechos humanos, reconocimientos que figuren a texto expreso en la Constitución como el matrimonio igualitario y también la importancia de los tratados internacionales y la jurisdicción internacional".

Con respecto al Tribunal Constitucional (propuesto por la senadora Lucía Topolansky) Uriarte dijo que es una opción pero también puede ser una sala de la propia Suprema Corte de Justicia. También planteó que la reforma podría incluir crear más instancias en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otros temas.

"Hay que ver qué tan profundo queremos llegar, tiene que ser una Constitución que reúna un consenso importante", señaló.

Lo que sí aseguró es que "antes de fin de año la comisión tendrá que elaborar una propuesta". "Primero habrá que resolver el método y luego ver qué hacer", afirmó, y expresó que se vuelca por la Convención Nacional Constituyente.

En la oposición hay total coincidencia en la necesidad de abordar una reforma que abrevie el período electoral. El senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou (Todos Hacia Adelante), respondió a El País que está a favor de "juntar las elecciones nacionales y las departamentales y darle más libertad al elector". Consultado sobre cuál sería el método para llevarlo a cabo, se limitó a responder: "Estamos terminando un proceso. Veremos".

La senadora nacionalista Verónica Alonso (Alianza Nacional) expresó que pasadas las municipales propondrá en el seno del partido una reforma "que acorte los tiempos electorales". A su juicio habría que conformar una mesa de trabajo multipartidario para definir el contenido de la reforma. Coincidió en la necesidad de "rever el proceso de las internas y juntar las elecciones nacionales con la departamentales".

En la misma línea, de unir las elecciones nacionales con las departamentales, se manifestó el líder colorado de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. De todos modos aclaró que es una opinión a título personal y que se tendrá que conversar formalmente dentro del partido.

El líder de Propuesta Batllista, José Amorín, estuvo de acuerdo en reformar el proceso actual, pero no comparte la propuesta de eliminar las internas porque las considera "necesarias". Tampoco cree que se deban unificar las elecciones nacionales con las departamentales porque se le quitaría "fuerza" a la elección departamental. Por ese motivo, señaló que la solución sería que las departamentales fueran a mitad del período para separarlas más de los comicios de octubre. También opinó que el momento de plantearlo "es este". "Debe ser lo más escéptico posible y alejado de la próxima elección", dijo el senador colorado.

También Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, se manifestó afín a "rediscutir el calendario electoral". "Deberíamos ajustar varias cosas. La elección nacional termina a fin de noviembre e inmediatamente empieza a correr el plazo para presentar a los candidatos a intendente. Tanto la ciudadanía como los políticos estamos hartos", expresó.

Mieres comparte los dos caminos posibles: juntar ambas elecciones por voto cruzado o correrlas a mitad del período. También apoya la idea de modificar el mecanismo de las internas.

En cuanto al método estimó que el mejor camino es el de la ley constitucional, pero aclaró que el que sea debe reunir "amplio consenso".

Consultado sobre el contenido de la reforma, el senador independiente señaló que "la agenda puede ser más amplia. Lo que necesitamos es una mayoría especial".

Por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, se puede presentar un proyecto que se elevará al presidente de la Asamblea General, y deberá ser sometido a plebiscito en la elección inmediata. El proyecto popular no admite modificaciones. La Asamblea General podrá formular proyectos sustitutivos que también se votarán en el plebiscito. El proyecto que resulte aprobado deberá contar con la mayoría absoluta de concurrentes a los comicios, y esa mayoría deberá representar al menos 35% de los ciudadanos inscriptos.

Se aprobarán los proyectos de ley que reúnan dos quintos del total de integrantes de la Asamblea General (reunión de ambas cámaras, o sea 52 legisladores), que hayan sido presentados por el presidente de la Asamblea General y serán sometidos a plebiscito en la primera elección que se realice. Para que el plebiscito sea afirmativo se requerirá que vote por el "Si" la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar el 35% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

El Poder Ejecutivo podrá presentar un proyecto que deberán ser aprobado por mayoría absoluta de la Asamblea General. Aprobada la iniciativa, el Ejecutivo convocará a elecciones de una Convención Nacional Constituyente dentro de 90 días. El número de convencionales será el doble del de legisladores (se eligen por listas departamentales, mediante representación proporcional) bajo las mismas condiciones de elegibilidad de los diputados. La convención tendrá un año para elaborar el proyecto definitivo que deberá ser ratificado por un plebiscito.

El cuarto y último mecanismo ("Leyes constitucionales"), establece que las iniciativas requerirán para su sanción los dos tercios del total de componentes de cada una de las cámaras (66 representantes y 21 senadores) dentro de una misma legislatura. No podrán ser vetadas por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que el electorado convocado especialmente, exprese su conformidad por mayoría absoluta de los votos emitidos. Debe ser promulgada por el presidente de la Asamblea General.

Existe consenso político para cambiar la Constitución en el actual períodoNATALIA ROBA