La Junta de Cerro Largo exigía que cada proyecto departamental debía tener un 80% de arachanes.

En un hecho excepcional, la Junta Departamental de Cerro Largo revocó un decreto que favorecía la contratación de mano de obra local porque el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el gasto porque violaba la Constitución.

El Tribunal de Cuentas fiscaliza los gastos del Estado. Sin embargo, carece de poder sancionatorio. Por ello, sus resoluciones son por lo general dejadas de lado por los organismos públicos y los gastos observados son reiterados.

En alguna ocasión el organismo cuestionado pide que se revea el fallo, pero si éste se mantiene vuelve a reiterar el gasto y el documento del Tribunal pasa a la Asamblea Legislativa y queda allí encajonado.

El 31 de marzo de este año, la Junta Departamental de Cerro Largo emitió un decreto que establecía que para obras públicas se debía contratar un mínimo de 80% de mano de obreros arachanes o radicada en el departamento. En cambio, para obras privadas, el decreto se aplicaba para aquellas empresas que tuvieran más de 10 trabajadores afectadas en la misma. La intención de la Junta era promover fuentes de trabajo para los ciudadanos de Cerro Largo.

Para poder integrar la plantilla de una obra, el interesado debía acreditar la vecindad mediante la constancia de domicilio expedida por la Policía o un recibo de servicios públicos a su nombre.

El decreto habilitaba a la Intendencia a negar permisos de construcción o suspender los ya otorgados en caso de constatarse que el 80% de los obreros en planilla no eran locales.

En una sesión realizada el 11 de mayo de este año, el Tribunal de Cuentas de la República consideró que el decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo colide con el artículo 7 de la Constitución de la República que establece que la limitación de los derechos fundamentales, como la libertad y el trabajo, debe hacerse por razones de interés general y mediante una ley. El Tribunal también entendió que el decreto viola la ley 18.516 que establece que el 35% de la planilla de trabajadores se debe constituir con obreros del departamento donde se realizan los trabajos.

Grandes obras, como por ejemplo la planta de Montes del Plata en Colonia, tenían la obligación de contratar mano de obra local en función de la ley 18.516. En 2011, el 60% de los 800 empleados de la planta eran oriundos o radicados en Colonia.

El entonces presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Ney Sorondo (Partido Nacional) dijo que hace dos meses llegó la comunicación del Tribunal de Cuentas que cuestionaba el decreto sobre contratación de mano de obra local. "El decreto nunca se aplicó. Se archivó tiempo después por el cuestionamiento hecho por el Tribunal de Cuentas", dijo Sorondo.

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, comentó que la decisión de la Junta arachán revela el respeto institucional que tienen los legisladores departamentales y los políticos en general hacia el Tribunal de Cuentas. "La Junta le dio la razón a la observación del TCR más allá de su convencimiento político en contrario dada la necesidad de trabajo que hay en Cerro Largo", sostuvo.

El especialista en Derecho Administrativo, Adrián Gutiérrez señaló que la decisión del Tribunal de Cuentas va en la linea de una importante doctrina que sustenta que solo pueden limitarse derechos por ley nacional. "Tal circunstancia es relevante porque existieron situaciones en que las Juntas Departamentales pretenden limitar el goce de los derechos enunciados en la Constitución", dijo.

LEYES NACIONALES VS. NORMAS DEPARTAMENTALES