MIGRANTES QUE LLEGAN A URUGUAY EN PANDEMIA

Refugiados: el rastro local de una crisis mundial

ONU ve a Uruguay como “un ejemplo” a nivel mundial: pese a la pandemia por el nuevo coronavirus, se dio cobijo a un 33% más de personas.

Una refugiada de Bangladesh. Foto: Archivo
Una refugiada de Bangladesh. Foto: Archivo

En menos de lo que usted tarda en leer este párrafo, en el mundo son desplazadas por la fuerza al menos 10 personas. El cierre de fronteras a causa de la emergencia sanitaria -que llevó a que 99 países restringieran incluso el acceso de refugiados que están siendo perseguidos- no cambió la tendencia, sino que la agravó: durante el último año huyeron de las guerras, la violencia o la violación de derechos humanos un 4% más que el año anterior.

Uruguay -uno de los 61 países que cerraron la frontera, pero permitieron el ingreso por razones humanitarias- sí atravesó cambios en sus tendencias: aumentaron los refugiados y los desplazados que requirieron ayuda oficial, pero cayeron los solicitantes de asilo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó que, en el último año, creció un 33% la cantidad de personas que adquirieron el status de refugiado en Uruguay (pasó de 512 a 681). “Uruguay es un ejemplo y ha tenido un gesto generoso en permitir el ingreso al país por razones humanitarias”, dijo a El País Juan Carlos Murillo, representante regional de Acnur.

Pero en el mismo año decrecieron un 22% las solicitudes de refugio (de 13.738 a 10.660). Según Murillo, “no cayó la gente necesitada, al contrario: lo que sucedió fue que no pudieron llegar a Uruguay por los problemas de tránsito, por las fronteras cerradas en el camino”.

Entre los muchos que no pudieron llegar hasta la frontera uruguaya hay “varios migrantes cubanos y de República Dominicana”. Es una población “con necesidad migratoria, aunque no necesariamente con necesidad de protección de refugio como ocurre con los venezolanos que siguen huyendo de a miles”, aclaró el representante regional de Acnur.

El contexto del COVID-19 complejizó la inclusión de esos recién llegados (sean o no solicitantes de refugio). “Hubo un retraso en el acceso a la documentación: hubo quienes llegaron en abril de 2020 y recién a fin de año obtuvieron su cédula de identidad. Esa cédula es, a la vez, el acceso a un trabajo formal, a la salud, a la vacuna...”, explicó el antropólogo Leonardo Fossatti, quien trabaja en la oficina que la ONG Idas y Vueltas tiene en el Chuy.

La pandemia también agravó las penurias económicas. Según Fossatti, “se cuadruplicó la cantidad de personas (migrantes y no) que requieren asistencia en el comedor municipal; hay problemas de acceso al trabajo de calidad, de vivienda”.

Esa coyuntura en algunos departamentos fronterizos con Brasil, más la necesidad de cuarentenas por los protocolos sanitarios- llevó a que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijera: “Preocupa el abuso que hay del estatuto del refugiado; está llevando a que tengamos perforaciones en la inmunidad que estamos buscando” para superar la pandemia.

La frase del secretario de Estado fue criticada entre quienes trabajan con la población migrante. En un webinar que organizó la Universidad Católica el miércoles, la coordinadora académica del Centro de Estudios Interdisciplinarios Migratorios, Pilar Uriarte, expresó: “La frase del ministro Heber es el ápice de un discurso que crea un ‘nosotros’ que es invadido por otro... no hay un afuera y un adentro para el COVID-19”.

Al respecto, Murillo insistió con que “Uruguay es un ejemplo y podrá encontrar el balance entre dar una respuesta migratoria respetuosa y, a la vez, no imposibilitar el refugio a quienes están en riesgo”.

Porque entre los solicitantes de refugio reciente que recibió Uruguay, por ejemplo, figuran 238 ciudadanos de Senegal y 128 de Bangladesh. “La situación en estos países de origen da lugar a peticiones (de refugio) válidas”, explicó Murillo. Hay casos de persecución religiosa, étnica y política.

Naciones Unidas está dialogando con el gobierno uruguayo para que se dé cobijo a más familias salvadoreñas que son víctimas de las pandillas y el crimen organizado. COVID-19 frenó ese programa de reasentamiento que, a juicio del representante de Acnur, “ha sido muy bien calificado y ha beneficiado mucho a Uruguay con la llegada de población para el área rural”.

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