La jueza dijo que con sus actos dañaron a la Administración.

La jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, procesó sin prisión a cinco oficiales de la Armada por el delito de abuso de funciones, y los responsabilizó por haber realizado ocho compras "fantasmas" de motores, equipos y materiales en la Armada.

Entre los procesados están los excomandantes en jefe Alberto Caramés, Óscar Debali y Juan Fernández Maggio y otros dos oficiales. La jueza los procesó sin prisión teniendo en cuenta que son primarios —salvo Juan Fernández Maggio que ya fue procesado por fraude en relación a otros hechos irregulares— y que el delito de abuso de funciones tiene pena excarcelable. Por otra parte, la jueza desestimó el procesamiento de uno de los oficiales a los que la Fiscalía había pedido procesar y archivó esa causa.

En el fallo, la jueza Beatriz Larrieu señaló que "los funcionarios públicos ordenaron y/o cometieron en su caso, actos arbitrarios que constituyeron abuso de su cargo, en perjuicio de la Administración".

"La Armada Nacional realizaba licitaciones o compras directas de bienes y posteriormente —por distintas razones— los indagados sustituían el objeto de las adquisiciones total o parcialmente. En consecuencia, los proveedores cuyas empresas hubieran resultado adjudicatarias hacían entrega parcial de productos contenidos en la licitación o compra directa, o de productos distintos a los adquiridos, a solicitud de la Armada, los que incluso en ocasiones no guardaban relación con el giro de la empresa de que se tratare", afirmó.

Agregó que "en otros casos se depositó el dinero correspondiente al importe de la licitación o compra directa, y los funcionarios en cuestión disponían que esa suma fuera imputada para cancelar deudas por anteriores adquisiciones que efectivamente se habían verificado, sin confeccionar un respaldo contable donde quedaran asentadas las mismas".

Larrieu explicó que "en caso de quedar un saldo a favor de la Armada, posteriormente ese monto se iba imputando a la adquisición de nuevos bienes que necesitare la Armada, sin seguirse el procedimiento correspondiente y sin contralor alguno del manejo de esos fondos".

A juicio de la magistrada, "dichos actos constituyeron actos arbitrarios que excedieron las potestades que les conferían los respectivos cargos, constituyendo —cuando menos— un manejo irregular del dinero público, en perjuicio de la Administración".

El fiscal Carlos Negro, quien había pedido los procesamientos en agosto, calificó las compras de "fantasmas". En total se trataba de ocho adquisiciones: la compra directa de un motor generador realizada en 2005; la compra directa de un motor generador para Lancha de Mar Clase PS ROU 70 en 2006; la compra directa de un barracón-galpón en 2006; la compra directa de un motor de ensamblaje en 2006; la compra directa de una consola de control para Generador 12 en V en 2006; la licitación abreviada para comprar tráilers para botes neumáticos en 2006; la licitación abreviada para comprar equipamiento náutico en 2009, y la licitación para equipar a marineros del Servicio de Playas en 2009.

ABUSO DE FUNCIONES