El diputado nacionalista Rodrigo Goñi elevó un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el que a raíz del anuncio de que el Instituto Nacional de Colonización adjudicará parcelas de hasta 25 hectáreas a refugiados sirios, pregunta qué criterios se utilizarán para seleccionar los predios.

"¿Cómo afecta dicha resolución a la situación y relación jurídica del resto de los solicitantes a ser colonos? ¿Se han analizado y proyectado los efectos sociales tanto en relación a los futuros colonos como al resto de los ciudadanos que viven en el entorno a dichas tierras? ¿Cuáles serían los efectos de esta resolución como precedente para el futuro, tanto para nuevos solicitantes uruguayos o grupos de extranjeros?", preguntó el diputado.

El instituto quiere dar a cada una de las 7 familias sirias que llegarán antes de fin de año entre 15 y 25 hectáreas. Ya hay siete campos preseleccionados en Canelones, Salto y Paysandú, dijo a El País el vicepresidente del instituto, Miguel Vasallo.

"Cuestionamos al gobierno el manejo patrimonialista de los bienes públicos. No se puede disponer de las tierras del Estado como si fueran propias", sostiene el diputado.

El Instituto de Colonización administra unas 600.000 hectáreas y hay unos 5.000 colonos. Entre 2005 y 2015, Colonización compró un total de 96.000 hectáreas, una cifra muy superior a la que había adquirido en los 30 años previos. "Lo que estamos haciendo es una contribución al gesto que ya tuvo el país con la llegada del primer contingente. Hay que ser solidarios. Queremos manejar esto con cuidado", señaló Vasallo.

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