Generación eléctrica

Pese a las críticas, quiere subir el lago de Bonete y así ahorrar.

UTE salió a explicar ayer las razones por las que quiere reservarse el derecho de inundar 10.000 hectáreas más en los departamentos de Tacuarembó y Durazno, incrementando el nivel del embalse de Rincón del Bonete, la gran reserva que tiene Uruguay para la generación eléctrica. El proceso, comenzado en 2016, y que se extenderá por tres años más, ha sido cuestionado con dureza por algunos productores ganaderos de la zona afectada que sostienen que no es necesario y acusan a UTE de querer subir el lago para hacer negocio exportando energía a Brasil sin tomar en cuenta en qué forma ellos son afectados.

Subir el caudal del lago en invierno y en primavera tiene como objetivo incrementar la capacidad de generación hidráulica cuando haya caídas en la producción de energía eólica sin tener que recurrir a las centrales de generación térmica que utilizan combustibles fósiles (fueloil, gas natural o gasoil) cuyo precio depende de la cotización del petróleo. En verano se utilizaría más el agua que sería almacenada en invierno y primavera.

A las compensaciones y a la medición de los predios UTE asignará entre US$ 40 millones y US$ 45 millones y se verán afectados unos 750 padrones.

La empresa eléctrica sostiene que en una hipótesis conservadora el incremento de la cota máxima del lago le permitirá abatir costos por un total de US$ 205 millones a lo largo de 20 años, en un escenario normal y US$ 175 millones en el peor de los casos, sin tomar en cuenta el beneficio que podría obtenerse por exportaciones. De todas formas, UTE asegura que el objetivo central del cambio, que comenzó a analizarse sobre 2011, no es realizar más exportaciones.

Los gerentes de UTE, José Alem (Jurídica), de Planificación, Jorge Cabrera y de Generación, Daniel Larrosa, explicaron en conferencia de prensa y por encargo del directorio, que en promedio se afectará el 6% de cada explotación involucrada. El máximo de afectación será de 19% y el mínimo de 0,4%. Los padrones involucrados son 750 y UTE ya está en posesión de 187 de ellos. No se verán afectadas las playas de San Gregorio de Polanco y la medida permitirá amortiguar el impacto de eventuales inundaciones, aseguraron. Explicaron que es necesaria como consecuencia del cambio radical que tuvo la matriz eléctrica por la fuerte incorporación de la energía renovable, en particular la eólica, para satisfacer la demanda.

Los técnicos explicaron que se abrirá un proceso de negociación con los propietarios y que la experiencia histórica de UTE indica que en el 90% de los casos se llega al acuerdo. En los casos en los que no haya un entendimiento la indemnización será fijada por un juez. "No va a haber apropiación", dijo Alem. La gran mayoría de los propietarios está colaborando aunque algunos no han permitido el ingreso de agrimensores a sus establecimientos.

No cabe duda de que el marco legal (las leyes 9.257 y 9.722) habilitan a UTE a expropiar hasta la cota 86. De hecho, la expropiación implica que el productor cobre una compensación y no supone que el área que podría cubrirse con agua no se pueda utilizar por los ganaderos cuando esta se retire. Pero los productores aducen que subir el nivel del lago no es necesario y que no se realizaron estudios de impacto ambiental. UTE aduce que estos no son requeridos en este caso. Larrosa aseguró, que "jamás" se verá sobrepasada la represa Gabriel Terra.

El productor Patricio Olivera, de Cuchilla de Ramírez, en Durazno, ha sido el portavoz de los productores que han protestado por lo que consideran abusos de UTE y que han alertado por las expropiaciones que consideran injustas e innecesarias. Olivera se reunió esta semana con el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para hacerle saber de su inquietud. Sostiene que perdería el 20% de su campo, una explotación ganadera de 700 hectáreas.

Unos 50 productores comenzaron en 2017 una acción por daños y perjuicios porque durante 4 meses de 2014 la cota del lago de "Rincón del Bonete" (o "Gabriel Terra") llegó a los 81 metros lo que implicó la inundación de 10.000 hectáreas, algo que para Olivera fue "un desastre". Durante seis meses en 2015 y el mismo lapso de 2016 el lago estuvo sobre 80 metros.

En octubre pasado Olivera le envió un memorándum a la directora de Energía, Olga Otegui, en el que escribió que resultaba injusto que "un ente industrial y de servicios PÚBLICO (sic), con manejo totalmente arbitrario de sus tarifas por su carácter monopólico y de posición dominante (…) nos descapitaliza compulsivamente en base a un distorsionado y falso concepto de "utilidad pública". "Al levantar la cota (...), es evidente que aliviar (verter) ante eventos de copiosas lluvias (…) será mucho más riesgoso tanto para la presa como para los pobladores río abajo, que si se mantuvieran los actuales 80 metros", agregaba el escrito.