Adquisición de tierra en la mira

Unanimidad: el TCR objeta compra a un exdirector de Colonización

Blancos avisan de posible denuncia; ven un sobreprecio millonario.

La presidente del INI reivindica la experiencia del organismo tasando inmuebles. Foto: F. Ponzetto
La presidente del INI reivindica la experiencia del organismo tasando inmuebles. Foto: F. Ponzetto

El Tribunal de Cuentas decidió observar la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización de un predio ubicado en Río Negro, en la colonia César Mayo Gutiérrez, propiedad del exdirector del organismo durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, Álvaro Ferreira, y de sus dos hermanos.

La compra, decidida originalmente en mayo, había sido objetada por el senador suplente nacionalista Sebastián da Silva, por entender que se había producido una sobrevaluación significativa.

La decisión de objetar la compra fue votada el miércoles por la presidenta del organismo Susana Díaz, los ministros frenteamplistas Diana Marcos, Miguel Aumento y Enrique Cabrera y el colorado Álvaro Ezcurra. El nacionalista Francisco Gallinal no acompañó la decisión porque entendía que debía adoptarse una resolución más dura que implicara que si el instituto reitera el gasto se pasarán los antecedentes del asunto a la justicia pertinente. Se entendió por parte de los restantes ministros que convenía esperar a una eventual reiteración del gasto para tomar una medida así. El ministro blanco Ruperto Long no participó de la sesión del tribunal por enfermedad.

El 3 de agosto pasado da Silva elevó un pedido de informes respecto a la compra del predio de 531 hectáreas. El legislador dijo a El País que inicialmente el instituto había tasado en US$ 6.300 la hectárea y sostuvo que se trata de una sobrevaloración porque el valor allí no debería superar los US$ 4.000 ya que se trata de un campo de productividad promedio a nivel nacional. En el pedido de informes, el legislador pregunta por "los fundamentos técnicos, agronómicos, económicos que justifican esa adquisición". De acuerdo con los cálculos del senador suplente, el precio que el instituto planeaba pagar era de US$ 3,34 millones, al menos US$ 1,2 millones más de lo que correspondería.

A da Silva también le llamó la atención que luego de que los sucesores de Balter Ferreira plantearan a Colonización que querían vender, todo haya sido muy rápido y el instituto haya dado su aceptación sin hacer una contraoferta.

En setiembre Colonización, a instancias del Tribunal de Cuentas, pidió a la Dirección Nacional de Catastro la tasación del campo, que hasta ahora no está disponible.La colonia César Mayo Gutiérrez está a 44 km al sur de Young.

Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto Nacional de Colonización, dijo a El País que esperará la comunicación formal de parte del Tribunal de Cuentas. "Compramos 12.000 hectáreas al año y por ley somos quienes tenemos que hacer la tasación. Tenemos una rutina y una metodología y una base de datos sobre lo que compramos y sobre lo que no compramos, que es de consulta. Las tasaciones no se basan en el valor promedio de la tierra en un departamento, ni en el índice Coneat sino que hay un conjunto de variables. Hay que ver la infraestructura, los alambrados, las instalaciones, las piletas para efluentes, las viviendas", señalo Gómez.

Gallinal dijo a El País que le preocupa que la compra que "es un horror" se concrete y que el instituto reitere el gasto. "El tribunal tiene que tener labor preventiva. Lo importante es que no se concrete la compra", dijo Gallinal que fue quien propuso la tasación de Catastro. "No alcanza que digan que la pidieron. Deben tenerla", dijo.

Las varias razones del tribunal para observar

En la decisión del Tribunal se señala que la resolución de la compra fue notificada a los vendedores en julio antes de que se remitiesen las actuaciones al organismo de contralor contraviniendo lo establecido en la Constitución. Se indica que se comprometió un gasto sin disponibilidad presupuestal suficiente y que no fue proporcionado el precio de tasación de la Dirección Nacional de Catastro. La ley 19.577 dice que "en todos los casos, deberá consignarse el precio que se hubiere pactado o, en su caso, estimar en moneda nacional el valor que la parte vendedora asigna a la contraprestación del adquirente, estimación que no podrá exceder el valor real fijado al inmueble por la Dirección Nacional de Catastro y que representará la suma mediante la cual el INC podrá adquirirlo"

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