Nueva planta

La empresa admite impacto durante fase de construcción.

La segunda planta de celulosa de la empresa UPM que se instalará en Durazno ya no solo genera inquietud en los vecinos que serán afectados por la proximidad de sus viviendas con la vía por la que pasará el tren que será utilizado por la empresa finlandesa, sino que también genera incertidumbre en el propio gobierno sobre los potenciales riesgos de la obra para la población.

Según un informe técnico de la empresa consultora Estudio Ingeniería Ambiental que contrató UPM, al que accedió El País, durante la fase de construcción de la planta en Pueblo Centenario, "el impacto de afectación por aumento del nivel de inmisión sonora se concentrará en horario diurno principalmente en las horas pico de transporte de personal y materiales". Esta situación ocurrirá sobre todo en "las cercanías a la ruta 5 y camino de acceso, por donde transitarán los vehículos".

En este sentido, la empresa ya informó que se planteará a las autoridades que se establezca una disminución en la velocidad de los automóviles que transiten por la vía. "Como medidas de mitigación para atenuar el efecto del ruido de tránsito, se plantea que se limite la velocidad de circulación de los vehículos a 45 km/h en zonas pobladas" de la misma ruta, señaló la empresa al contestar un informe complementario al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

Por otro lado, la empresa informó que ya durante la fase de operación de la planta de celulosa, el principal impacto sonoro se concentrará en el camino de acceso a la planta, y "en menor medida sobre las viviendas frentistas a la ruta 5 en Paso de los Toros y en Pueblo Centenario". Además, al igual que ocurrirá durante la construcción de la planta, se exigirá "el control de velocidad de circulación de los vehículos a 45 km/h en los principales centros poblados de la ruta 5".

La segunda planta de celulosa de la empresa supone la inversión privada más grande en la historia del país y se espera que pueda generar más de 8.000 puestos de trabajo. El proyecto consta de una planta con una zona franca, un proyecto ferroviario con 273 kilómetros de vías férreas que unirán Paso de los Toros y Montevideo (las obras comenzarán en enero) y una terminal en el puerto de Montevideo.

A fines de diciembre, el gobierno realizó dos audiencias públicas con los vecinos, una en Montevideo y otra en Florida, en las que los asistentes manifestaron su rechazo a las autoridades de los ministerios de Transporte y Obras Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por la proximidad de sus viviendas con respecto a las vías férreas por donde pasará el tren. El propio ministro Victor Rossi fue increpado por vecinos en Sarandí Grande por lo que consideran faltas de garantías y de respuestas por el proyecto.

Reclamaron al gobierno la realización de estudios ambientales independientes que evalúen los eventuales "impactos negativos" de la construcción y operación de los trenes que trasladarán celulosa y químicos. El gobierno elaboró un informe que calcula que la inversión incrementará en un escenario promedio las exportaciones anuales del país en US$ 1.155 millones u2014que se pueden traducir en una recaudación adicional para el Estado de US$ 120 millones anualesu2014 y generará cuando esté en construcción unos 8.000 puestos de trabajo estables. En cuanto a las exportaciones, se elaboraron tres escenarios asumiendo un precio para la tonelada de celulosa de entre US$ 500 y US$ 600 y una capacidad de producción de la planta de entre 2 millones anuales y 2,3 millones anuales. En principio se espera que la planta tenga una capacidad anual de producción de 2,1 millones de toneladas y que pueda ampliarse hasta en un 11%.

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Hoy está prevista la apertura de las ofertas para conceder una terminal para el acopio y el embarque de celulosa en el puerto de Montevideo y se espera que la única empresa que se presente sea UPM que es la única que hasta el 20 del mes pasado había adquirido el pliego. El pliego establecía que el concesionario se obligaba a captar y atender una demanda mínima de 1,8 millones de toneladas al año.