ACUERDO TRANSPACÍFICO

El viaje a Nueva Zelanda del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, fue celebrado por el gobierno a última hora del miércoles. El canciller se reunió con Damien O’Connor, ministro de Comercio del país océanico, y le entregó una carta para formalizar la solicitud de que Uruguay ingrese al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp). Al anunciar el paso, el presidente Luis Lacalle Pou valoró que esta administración busca darle “más oportunidades” a los uruguayos y tener un país más “abierto al mundo”.

Sin embargo, la oposición duda de que se concrete el plan del gobierno y tiene reparos sobre el proceso. En un documento que la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa) elevó al presidente del partido, Fernando Pereira, se plantea que “en términos de inserción económico/comercial y de política exterior, y tal como ha sido presentado”, el pedido “parece ser otro fuego de artificio” del gobierno.

“Como los fuegos artificiales pueden ser peligrosos si se manejan con imprudencia, este escénico anuncio también puede serlo en varios aspectos”, advierte el informe, al que accedió El País. En él se resumen “a grosso modo” las principales debilidades de haber presentado la solicitud en estas condiciones, según la Carifa.

Primero se plantean algunas áreas claves comprendidas en los 30 capítulos del acuerdo, que abarcan desde las inversiones y la competitividad de los países firmantes hasta la transparencia y la anticorrupción, pasando por las empresas del Estado y los monopolios. El FA señala que ignora si antes de hacer la solicitud el gobierno dialogó con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a estos temas.

Además, a partir de la comparecencia de Bustillo en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que fue en agosto, el documento reseña que el gobierno basó la decisión en dos informes técnicos preliminares, que desconoce. Uno fue elaborado por la Cancillería y otro por académicos de la Universidad de la República, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo.

“Llaman la atención el apresuramiento y la orfandad de la decisión adoptada”, sostuvo la Carifa, organismo presidido por el exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino.

Como ejemplo de un proceso adecuado, el documento resume qué ocurrió en Chile con el Cptpp, que en este país comenzó a aplicarse en diciembre de 2018, tras cinco años de negociación a nivel nacional.

El Poder Ejecutivo entiende que fueron “lógicas” las objeciones que recibió de sus socios del Mercado Común del Sur (Mercosur) cuando anunció que avanzaría con la solicitud. Algunos jerarcas, incluso, valoran que es “preferible” que la discusión comience en la antesala de la Cumbre de Presidentes del bloque regional -que será el próximo martes- y no en pleno evento, como informó ayer El País. En una carta conjunta, los coordinadores de Argentina, Brasil y Paraguay se “reservaron el derecho” por las “eventuales medidas” que podrían tomar para defender sus intereses, tanto en el plano comercial como en el jurídico.

La comisión especializada del Frente Amplio, en tanto, subrayó que el anuncio de Lacalle Pou implicó una “innecesaria rispidez” con el Mercosur. El pedido, a cinco días de la cumbre presidencial, no ayuda a la necesaria actualización y potenciación del Mercosur. Por el contrario, la obstaculiza agregando otro punto de fricción al mismo”, apuntó.

El documento destaca que el partido “no se niega a explorar las posibilidades” del acuerdo y, si estas condiciones son “favorables” para Uruguay, no descarta acompañarlo. “Pero para ello requiere reglas claras y plazos adecuados así como mecanismos genuinos de información, análisis y diálogo político y social”, agregó.