CODEMANDADA POR AGADU

Fueron grandes showsrealizados casi todos en 2021, cuando la pandemia mostraba signos de afloje y los actos masivos comenzaban, de a poco, a permitirse. Se trata de conciertos en el estadio Centenario, de enorme convocatoria debido a la popularidad de los artistas -Jaime Roos, No Te Va Gustar, La Vela Puerca-, quienes a su vez volvían a escena luego de meses de angustia y de recesión en el sector. Además, el reencuentro con el público aportaba un importante elemento de emotividad.

Pero por detrás de todos estos espectáculos empezaba a desatarse un conflicto entre dos partes que ahora tiene implicados a la Intendencia de Montevideo y a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Estos son los dos actores que integran la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), el organismo que se encarga de la administración del principal recinto deportivo.

El problema comenzó con el concierto que hizo allí la banda Maroon 5 el 10 de marzo de 2020 -tres días antes de que el gobierno declarara la emergencia sanitaria por el covid-19-, porque ya entonces la productora Am Produccciones (Liderfar S.A.) entendió que no le correspondía pagar la cuota a Agadu por concepto de derechos de autor, y no lo hizo. Ese fue el desencadenante de la primera demanda en la Justicia Civil por $ 53.453.077.

Luego vinieron los conciertos de No Te Va Gustar y Jaime Roos -el 13 y el 17 de diciembre pasado, respectivamente- y se repitió el mismo problema: la productora entendió que el pago de los derechos tampoco correspondía, y Agadu reiteró el mismo mecanismo judicial: la demanda. Hasta aquí, la suma de lo reclamado por Agadu en el juzgado por los tres conciertos asciende a $ 117.953.077, lo que en dólares, al tipo de cambio actual, equivale a US$ 2.897.606.

Pero falta un evento más: el show que hizo La Vela Puerca el pasado 2 de abril. La película se repitió: la productora no pagó, Agadu demandó y ahora se encuentran en la etapa conciliatoria, hasta el momento sin acuerdo. La suma total, entonces, asciende a US$ 3.469.130.

La cifra es elevada porque el artículo 51 de la Ley de Derechos de Autor, de 1937 -con modificaciones hechas en 2003- establece que, en caso de incumplirse con el pago, la parte lesionada tiene derecho a recibir, acción civil mediante, “indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción”.

La situación llamó la atención del edil nacionalista Javier Barrios, que este lunes hizo un pedido de informes a la comuna en el que pregunta por detalles sobre este problema, como por ejemplo “si existió un proceso competitivo para seleccionar a AM Producciones como la concesionaria del estadio Centenario” y “qué medidas ha tomado CAFO para salvaguardar la responsabilidad de la intendencia y la AUF, evitando que se generen las situaciones que han desencadenado en demandas judiciales”.

En diálogo con El País, el edil calificó de “ruinoso” el acuerdo comercial que tiene hoy CAFO con la productora en cuestión en vista de estos hechos, al tiempo que criticó la falta de control de los representantes de la IMM en el organismo en todos los conciertos en los que no se efectuó el pago. “En cualquier salón de fiestas que uno contrate te preguntan por el comprobante de pago de Agadu. ¿Por qué acá no pasó lo mismo y dejaron que se hicieran estos shows, cuando de esa forma era evidente que la intendencia se iba a ver perjudicada y a lo mejor terminar pagando US$ 3 millones y medio”, cuestionó Barrios, que siguió: “Me preocupa la mala administración que pone en riesgo la plata de los montevideanos”.

¿Por qué están involucrados la IMM y la AUF? Porque fueron codemandados en calidad de deudores solidarios, ya que responden por CAFO, que no tiene personalidad jurídica.

Esa fue, de hecho, la puntualización que se hizo desde la IMM ante la consulta de El País. “En caso de una sentencia desfavorable -se respondió- la obligada al pago sería la empresa Liderfar”. No obstante, si por cualquier razón el privado no puede afrontar el pago, será la comuna y la AUF quienes tendrán que hacerlo. “(La IMM) tendría solo responsabilidad subsidiaria por ser responsable del lugar donde se realizaron los espectáculos”, dice también la respuesta de la comuna, que igualmente entiende “razonable la discusión jurídica” planteada por la productora, y que en cualquier caso esta disputa “tiene que ser resuelta por un juez”.