Política

Grupo de Blas dice que es atacado por motivos políticos

Se le levantó el embargo: denuncian presiones a testigos.

Blas explicó que como destino turístico, " se debe asegurar la integridad del turista". Foto: R. Figueredo
Rodrigo Blas: la DGI quiere multarlo con US$ 1,9 millones por evadir. Foto: archivo El País.

La agrupación blanca de Maldonado Unión y Cambio entiende que las denuncias por defraudación tributaria contra el edil nacionalista de ese departamento Rodrigo Blas se reaniman cuando se acercan las elecciones y no tienen sustento.

El diputado suplente por el sector, Federico Casaretto, dijo a El País que el Juzgado Letrado Civil 14 decidió el 21 de agosto pasado no hacer lugar a la solicitud de prórroga de embargo contra Blas que había realizado la DGI. La sede entendió que "la DGI se limitó a reiterar su pedido de prórroga, sin aportar elementos objetivos y claros que indiquen la existencia de una causa o motivo que le haya impedido lograr un acto de determinación firme a pesar del extenso transcurso de tiempo transcurrido, circunstancia esta que conduce a rechazar el pedido de prórroga peticionado". A su vez, el Banco de Previsión Social emitió un certificado en abril, con vigencia hasta el 11 de octubre, que declara a Blas en situación regular en sus distintos pagos a la seguridad social.

Casaretto señaló también que la multa que la DGI decidió aplicarle en julio a Blas fue recurrida y no ha sido aplicada. Y la denuncia penal ante un juzgado de Crimen Organizado no avanzó ni se ha llamado a nadie a hacer declaraciones.

El semanario "Brecha" informó el 17 de agosto pasado que el 6 de julio el director de Rentas, Joaquín Serra, declaró a Blas, que es propietario de una inmobiliaria "responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e Impuesto al Patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación". La DGI entiende que Blas, como apoderado de la empresa argentina Javipark, contribuyó a la evasión de los impuestos que debía pagar por la venta de terrenos en el departamento de Maldonado. Casaretto dice que la diferencia de precio constatada en ocho casos entre los valores incluidos en los boletos de reserva y los efectivamente pagados, se vincula con rebajas que Javipark concedió ante la demora de un año en la provisión de los servicios de UTE y OSE a los lotes.

Según Casaretto, el asunto comenzó en 2014 y se reactiva siempre que se aproxima una elección por intereses políticos. Agregó, en este sentido, que el denunciante fue candidato a la Junta Departamental de Maldonado por el Frente Amplio. "A través de Blas, que no es tan conocido fuera de Maldonado, le pegan a todo el Partido Nacional", consideró.

La actuación de Blas está siendo analizada por la Comisión de Ética del Partido Nacional, en el que milita hace más de 30 años.

La DGI entiende que en la supuesta maniobra participaron tres escribanos, otro edil blanco, la esposa de Blas y el empresario argentino Óscar Andorno.

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