EL ÚLTIMO CICLISTA

TLC con Chile, cambios a Caja Militar y ley antiterrorista están ”cajoneados”.

DANIEL ISGLEAS

Desidia o causas políticas. Una de ambas —o su combinación— debe ser la explicación para que la bancada del Frente Amplio no apure la sanción de diversos proyectos de ley del Poder Ejecutivo, que es de su mismo partido y concrete alguna de las aspiraciones del presidente Tabaré Vázquez o los compromisos de la campaña electoral. Algunas de esas iniciativas llevan seis años durmiendo en un cajón.

En estos tiempos en que el oficialismo ha recuperado la mayoría absoluta en Diputados —en el Senado siempre la tuvo— las demoras no tienen una explicación más que política: uno de los casos es el trancazo que soporta el proyecto de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, que como se ha informado, divide las aguas en el Frente Amplio sin que se advierta una luz al final del túnel.

La ratificación del TLC con Chile llegó al Senado en enero de 2017, hace algo más de un año. Pero de inmediato se instaló la polémica en la bancada del Frente Amplio. En los últimos meses de ese año El País informó que el panorama interno en el FA es por demás complejo: el Partido Comunista, Casa Grande (de la senadora Constanza Moreira) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) cuestionan el tratado firmado por el presidente Vázquez y su par de entonces Michelle Bachelet. En tanto, el Frente Líber Seregni respalda la aprobación del TLC. Mientras el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista no adoptaron posición sobre el acuerdo que divide a la izquierda. Hoy el tema permanece incambiado.

El proyecto de ley integral antiterrorista duerme el sueño "de los justos" desde hace más de un año. Algunos de sus artículos pueden dar lugar a polémicas en los sectores más duros del oficialismo, lo que explicaría el persistente "cajoneo" que ha sufrido la iniciativa del Poder Ejecutivo. Es algo similar a lo que sucede con el TLC con Chile.

El proyecto de ley, remitido al Parlamento en noviembre de 2016, se encuentra en la comisión de Asuntos Internacionales del Senado donde no ha llegado a considerarse, según informaron a El País fuentes legislativas. Un pedido de senadores de la oposición para que el documento pasara a la comisión de Defensa "donde podría tener un tratamiento más rápido", también fue desestimado por el oficialismo, dijeron las fuentes.

En 2012 fue enviado al Parlamento un proyecto de ley mediante el cual se aprueba el protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur, conocido como Ushuaia 11, firmado en Montevideo en 2011. En 2016 consiguió ser aprobado por la Cámara de Representantes, pero desde entonces no forma parte de la agenda de la bancada oficialista.

La reforma del sistema previsional militar también está durmiendo en la comisión de Asuntos Laborales del Senado, que es la cámara que la recibió del Poder Ejecutivo. Como en casos anteriores, aunque forma parte de las prioridades de la bancada del FA, es objeto de algunas diferencias internas en el oficialismo. El proyecto, que tiene el rechazo de las organizaciones militares, llegó al Parlamento en junio de 2017.

Desde la misma fecha está en comisión sin ser tratado un proyecto del Ejecutivo sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que contiene cambios a la legislación vigente para ajustar su control y prevención.

También espera en la misma comisión desde hace más de un año otra iniciativa del gobierno para penar como delito las acciones de contaminación del medio ambiente.

En marzo, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para dar un marco jurídico de actuación y un respaldo legal a los militares en el control de la seguridad en la frontera, algo que había sido reclamado por la oposición en las últimas semanas. En la exposición de motivos del proyecto oficial señala que la ley se propone "complementar las capacidades del Estado en la zona fronteriza encomendando a las Fuerzas Armadas tareas de vigilancia con la finalidad de disuadir posibles actividades ilícitas y prevenir amenazas de cualquier naturaleza, a la paz y seguridad" del país.

Tanto en el oficialismo como en los partidos de la oposición se espera un rápido tratamiento de esta iniciativa, pero durante el primer mes en la comisión de Defensa no fue objeto de consideración.

En octubre pasado el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que "busca evaluar la pertinencia o no del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) para la extracción de eventuales hidrocarburos", explica el Ejecutivo. Para eso se prohíbe su uso por un plazo de cuatro años que permita que una comisión técnica y científica estudie la situación.

Dos años va a cumplir en la comisión de Industria un proyecto de ley del Ejecutivo para reglamentar la explotación de gas natural. Tampoco esta iniciativa ha estado sobre la mesa.

En septiembre de 2017 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que fue uno de los buques insignia de Vázquez: el que regula y previene el consumo problemático de bebidas alcohólicas. Pero hasta hoy también por diferentes posturas en la bancada oficialista, no ha sido considerado.