Organizaciones tienen reparos al proyecto que fue aprobado por la Cámara de Senadores.

Un grupo de 54 organizaciones reunidas en la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental tiene serios reparos sobre la normativa que sobre el tema aprobó la Cámara de Senadores y tiene a estudio la de Representantes (se aprobaron cinco artículos la semana pasada).

Las organizaciones cuestionan que el proyecto de ley no establece una fecha tope en el año 2020 para el cierre de asilos y manicomios como lo establece el denominado Consenso de Panamá, del cual Uruguay es parte. Germán Dorta, uno de los portavoces de la comisión, explicó a El País que deben impulsarse en lugar de las instituciones mencionadas centros en salud, casas asistidas u hogares de "medio camino" que "intentan pensar a la persona en un contexto" para que "no recaigan en el hacinamiento y en el encierro".

Las distintas organizaciones también señalan que el proyecto de ley a estudio no incluye la creación de un Órgano de Revisión y Supervisión independiente y autónomo que garantice la protección y el ejercicio de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental. Dorta señala que los grupos que conforman la comisión entienden que ese órgano no puede estar en la órbita del Ministerio de Salud que es el que lleva adelante las políticas de salud mental y no debería ser el que organismo regulador. Considera que ese órgano debería funcionar en la órbita del Poder Legislativo y "tener incidencia jurídica y no dar solo recomendaciones". Debería estar compuesto por familiares de los usuarios y personas con formación en derecho, opinó.

También se reclama por parte de las organizaciones que el proyecto de ley deje sin efecto la ley que creó el Patronato del Psicópata en 1948 a la que se considera "vetusta" y eliminar la figura del curador y sustituirla por la del acompañante.

Se entiende que la iniciativa hoy a estudio parlamentario no contiene la protección de garantías individuales en las internaciones involuntarias y en el pasaje de las internaciones voluntarias a involuntarias. Las organizaciones ven que "hay una figura de riesgo inminente que no está muy clara ligada a la subjetividad de la persona que ve a la persona", explica Dorta. Por ese motivo, las organizaciones creen que debe sustituirse la valoración de daño inminente por el de riesgo inminente y cierto de vida para el usuario del sistema de salud mental o para terceros.

Asimismo, las organizaciones apuntan que el proyecto de Ley no incluye el abordaje interdisciplinario en los diferentes momentos del proceso de atención, que permitiría un abordaje psicosocial y comunitario en los dispositivos de atención. "Preocupa, especialmente, la ambigua denominación de "Unidades de Psiquiatría en Hospitales Generales" en lugar de "Unidades Interdisciplinarias de Salud Mental". Las internaciones para las situaciones agudas serían tratadas en unidades especializadas de psiquiatría en hospitales generales, y en el caso de niños y adolescentes en hospitales pediátricos", dice un comunicado de la comisión que señala que la medicina aparece "como único saber legítimo". "Manifestamos la necesidad de modificar los puntos donde solamente se menciona el ejercicio médico para que pase a hacerse referencia a "Equipos Interdisciplinarios", agrega.

Las organizaciones fueron recibidas por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados y cuestionaron el proyecto a estudio por no tener una perspectiva de derechos humanos.

La denominación "Trastorno Mental" estigmatiza y ubica a la Psiquiatría como disciplina hegemónica para el tratamiento de quienes en realidad deberían ser considerados usuarios del sistema de salud mental. Para que la ley sea acorde a la perspectiva de los Derechos Humanos debería hablarse de usuarios, entiende Germán Dorta de Asamblea Instituyente.

Algunas de las organizaciones que acompañan el planteo crítico sobre la ley de Salud Mental a estudio del Parlamento son la Asamblea Instituyente Por Salud Mental, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos del Uruguay, la Asociación Civil Abrazos, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, la Asociación Uruguaya de Terapia Ocupacional, la Asociación de Docentes de Psicología de la Universidad de la República, la Asociación de Docentes de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, el Colectivo Ovejas Negras, la Comisión de Apoyo a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la Comisión de Discapacidad PIT-CNT, el Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, la Coordinadora de Afrodescendientes, Cotidiano Mujer, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, El Abrojo, la Escuela de Parteras, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, el grupo de apoyo a familiares de usuarios del Hospital Vilardebó y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay.

EXPUSIERON ANTE LEGISLADORES