Luego de una larga batalla judicial, la Suprema Corte rechazó un recurso de la Intendencia de Montevideo y confirmó el fallo a favor de los familiares de la arquitecta Margarita Alcalde, fallecida el 30 de enero de 2012 cuandoun árbol cayó sobre su automóvil.

La Justicia desestimó la demanda de la familia en primera instancia entendiendo que se trató de un hecho fortuito, pero los familiares apelaron y un tribunal civil les dio la razón y condenó a la comuna a pagarles una indemnización de US$ 200.000 por daño moral y otros US$ 16.000 por daño emergente. Finalmente, la comuna recurrió ante la Suprema Corte, que dejó firme el fallo de segunda instancia. Originalmente, la demanda contra la Intendencia era por US$ 1.500.000.

Según la resolución judicial, a la que accedió El País, el hecho supone "un claro descuido" de la administración por no hacer los correspondientes cateos sobre el estado de los árboles del ornato público.

El fallo recoge declaraciones del director de Servicio de Áreas Verdes de la comuna, Mario Lázaro, quien dijo que la Intendencia no contaba con aparatos para detectar patologías en los árboles y que "en el presupuesto anterior yo solicité la compra de un tomógrafo y no fue aprobado por un tema de presupuesto".

El "descuido" de la IMM, según los jueces, también se ve reflejado en las declaraciones del ex defensor del vecino, Fernando Rodríguez, quien dijo que "venimos desde el año 2007 recomendando a la Intendencia entre varias cosas la reposición oportuna de árboles que empiezan a tener problemas o señales de problemas en su vida útil".

En base al testimonio vertido por una experta, la ingeniera agrónoma Graciela Romero, se concluyó también que "aún con carencias presupuestales y tecnológicas, existían métodos al alcance de la demandada (la IMM) que pudieron llevarse a cabo y que conforme las pruebas recabadas, no fueron utilizados, ni en el árbol en cuestión ni en ningún otro de la ciudad de Montevideo"

Según Romero, "lo que había que hacer era escarbar alrededor del tronco y hacer (…) pruebas a nivel de raíz", ya que —según agrega la Corte— "la mera inspección ocular no aparece como suficiente para prevenir eventuales daños".

La Corte admite que una tarea manual de inspección como la descripta "insume mucho trabajo de funcionarios". Pero también entiende que "si la Intendencia de Montevideo no cuenta con los recursos técnicos apropiados para allanar su trabajo, necesariamente debe recurrir a los humanos, porque la ausencia de presupuesto no puede ser excusa o eximente de responsabilidad en la guarda de un objeto de su propiedad, en la especie un árbol, ya que con ese criterio deberíamos exonerar al propietario de un auto, por ausencia de medios económicos, si no le realiza puntualmente el mantenimiento y provoca un accidente por el mal estado de éste".

Y agrega: "Si la accionada (la IMM) tampoco contaba con personal idóneo para efectuar la inspección manual de las raíces de los árboles que podrían estar afectados, ante la eventualidad del riesgo, debió optar por talar aquellos ejemplares que podían representar un peligro por su antigüedad y/o especie, lo que terminó efectuando a la postre de éste lamentable insuceso en varios puntos de la ciudad, incluidas las cercanías del lugar donde ocurrieron los hechos de autos".

Alcalde tenía 35 años cuando llevaba a sus hijos de 2 y 5 años al club en el momento en que un centenario eucaliptus cayó sobre su auto en la avenida Arocena.

La arquitecta trabajaba como funcionaria de la División Talleres de la Jefatura de Policía, pero poco antes se había desempeñado como administrativa en la comisaría del Parque Rivera. Había comenzado a tramitar su retiro de la institución, para continuar trabajando en el sector privado.

Su caso fue emblemático y provocó un cimbronazo en las políticas municipales de arbolado público. Desde entonces, la administración de la ex intendenta Ana Olivera taló decenas de ejemplares en Carrasco y el Prado, ante la presunción de que podían ser "peligrosos".

Caídas de otros árboles y columnas tomaron notoriedad después y en algunos casos la administración tuvo que asumir pagos indemnizatorios.

En agosto de 2012, la Intendencia negó tener responsabilidad en la muerte de Margarita Alcalde. Para la administración, el hecho ocurrió "por una causa extraña no imputable que corta todo nexo causal", ya que el árbol no presentaba signos de deterioro.

Según informó oportunamente la comuna, en el transcurso de 2011 se habían extraído 11 árboles de Arocena, dos en calle Costa Rica, dos en Lieja y ocho en Couture, pero el ejemplar caído el 30 de enero de 2012 en Carrasco "no se encontraba dentro de los marcados, dado que no presentaba signos visibles de deterioro".

Debe indemnizar con US$ 216.000 a familia de la arquitecta Margarita Alcalde