GASTOS EN EL ESTADO

Los gastos serán ilegales si carecen de facturas o no están reglamentados.

Un marco normativo para el uso de las tarjetas corporativas en el Estado fue aprobado ayer por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Si no se cumplen las condiciones dispuestas por el organismo de contralor, como por ejemplo presentar las facturas, los gastos serán considerados ilegales y los usuarios de las tarjetas deberán responder ante la Justicia Penal.

En la sesión de ayer, los ministros del Tribunal de Cuentas analizaron una consulta de los auditores de dicho cuerpo sobre cómo proceder con el análisis de las tarjetas corporativas de Ancap. Sin embargo, el Tribunal no adoptó en la víspera ninguna resolución.

El otro tema que analizó el TCR fue un proyecto presentado por el ministro del Partido Nacional, Francisco Gallinal, sobre la ilegalidad del uso de las tarjetas si no se da una serie de condiciones, entre ellas, la necesidad de que el organismo emisor cuente con una reglamentación detallada sobre el uso de las mismas.

Consultado por El País, Gallinal dijo que el Tribunal de Cuentas aprobó ayer "una orientación" para aquellas entidades públicas que otorgan tarjetas corporativas a sus jerarcas, las que deberán ser utilizadas en misiones oficiales en el extranjero o en reuniones de negocios, entre otras actividades.

También se considerarán ilegales aquellos gastos de tarjetas que carezcan de fondos para cubrirlos.

Otro punto clave en la resolución del Tribunal de Cuentas es que se entenderá que las erogaciones son ilícitas si el titular de la tarjeta no presenta una rendición de cuentas detallada del uso de la misma, acompañada de las correspondientes facturas.

Además el TCR analizará si la compra efectuada coincide con el uso que debe darse a la tarjeta corporativa.

Por ejemplo, el jerarca no podrá utilizar la tarjeta para comprar productos que no estén relacionados con tareas oficiales —la recepción de jerarcas o empresarios de otro país o un viaje al exterior. El ministro Gallinal dijo que el marco normativo aprobado por el Tribunal de Cuentas no incluirá el uso de tarjetas de débito. "Se podría utilizar en un caso excepcional y tiene que estar muy bien reglamentada. Pero los ministros del Tribunal de Cuentas consideramos que no se justifica este sistema", dijo el jerarca.

El instructivo expresa que todos los gastos de las tarjetas deberán pasar por el análisis del organismo de contralor. "Si no se cumplen todos estos requisitos y condiciones, los gastos de las tarjetas corporativas serán ilegales y no se podrán usar", insistió Gallinal.

El lunes 19, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó el procesamiento de Raúl Sendic por incurrir en reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley.

También pidió el procesamiento de otros ocho jerarcas vinculados con Ancap y ALUR.

La Fiscalía entendió en su resolución, que quedó semiplenamente probado que Sendic hizo uso de la tarjeta de Ancap en más de 300 oportunidades.

Según Pacheco, Sendic gastó $ 550.000 y US$ 38.000 con las tarjetas corporativas de Ancap. Devolvió US$ 130.

Dentro de las compras realizadas, además de gastos en hoteles y restaurantes, figuran adquisiciones en tiendas de ropa, supermercados, locales de calzado deportivo, de electrónica, joyerías y librerías en Uruguay y el exterior, respecto de las cuales no figuran comprobantes justificativos, dijo la resolución de Pacheco.

Gallinal recordó que los auditores del Tribunal de Cuentas deberán llevar al organismo todos los gastos de tarjetas corporativas del Estado realizados en los últimos tres años.

"Veremos cuáles son ilegales y cuáles no", dijo el ministro blanco en alusión a que en esos análisis el TCR aplicará el instructivo aprobado ayer.

Esos gastos deberán estar sustentados con una reglamentación, contar con fondos que los cubran y documentación que los respalde.

"Hicimos un aporte de entidad. Presentamos fundamentos sobre el buen uso de las tarjetas corporativas y solicitamos que se expidiera la División Jurídica del Tribunal de Cuentas. Fue un paso muy importante para un organismo de contralor", señaló Gallinal. Agregó que no tenía dudas de que, con los controles a las tarjetas corporativas, los gastos se redujeron a su mínima expresión.